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Fiscalía mantiene petición de cárcel a un médico por supuesto acoso sexual a una enfermera

Edificio judicial de La Caleta (EUROPA PRESS)
Edificio judicial de La Caleta (EUROPA PRESS)

El acusado ha señalado que dio dos besos a la denunciante como "despedida cordial", después de retomar una conversación que, según ha relatado, había quedado "pendiente" en el desayuno sobre los tatuajes de ella

8 de enero de 2020

La Fiscalía ha mantenido una petición de pena de seis meses de cárcel, además del pago de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral, para un médico de 59 años enjuiciado este miércoles por supuesto acoso sexual en el ámbito laboral a una enfermera de 28 años en el verano de 2018, tres días de empezar a trabajar en un centro de salud de la provincia de Granada.

El Ministerio Público también ha planteado como petición subsidiaria la pena de cuatro meses de cárcel por el supuesto delito de acoso sexual, que se habría producido sobre las 13,30 horas del 6 de julio de 2018, "aprovechando que ya no había ningún paciente en el centro".

En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal 5 de Granada, donde ha quedado visto para sentencia, el acusado ha señalado que dio dos besos a la denunciante como "despedida cordial", después de retomar una conversación que, según ha relatado, había quedado "pendiente" en el desayuno sobre los tatuajes de ella.

Ha reconocido que vio que se sintió molesta y que se sentó detrás de una mesa, lo cual ha achacado a unos comentarios que hizo sobre sus tatuajes, a la par que ha señalado que los mensajes que le envió a través de una aplicación de mensajería telefónica los escribió por "amabilidad".

"Nunca me perdonaré haberte hecho pasar un mal rato", ha indicado el doctor también que afirmó cuando ella le mostró su malestar. Asimismo, ha negado que como médico tuviera una relación de superioridad sobre la enfermera y ha explicado que la ley marca que entre los profesionales de la medicina y la enfermería en la atención primaria ha de haber "colaboración", sin que haya "jerarquía".

La denunciante, en su declaración ante el tribunal, ha ratificado su denuncia y ha relatado que el procesado la agarró de las dos manos y la intentó besar en la boca, después de que le dijera que se sentía "muy atraído" por ella "no solo por su físico sino por su forma de ser".

Después, según su versión, él se habría encerrado en su consulta diciendo que se tenía que "arrepentir" de lo que hacía. Ella, que ha explicado que sintió "mucho miedo" tras los hechos al no conocer la zona, ha señalado que indicó al médico, cuando se le acercó de nuevo, "que lo perdonaba" pero que se marchara del centro de salud, al sentirse "muy incómoda", así como que sufrió un ataque de ansiedad.

Tras interponer denuncia y poner el tema en conocimiento de sus superiores, se la cambió de destino. Ha agregado que lo que ocurrió "apresuró" su decisión de prepararse para ser guardia civil, y que dejó la enfermería. La acusación particular, que representa a la denunciante, se ha adherido a la petición fiscal de seis meses de prisión para el acusado, cuya defensa solicita la libre absolución.

RELATO DE HECHOS DE FISCALÍA

Según la Fiscalía, el procesado habría actuado en la consulta de enfermería "actuando movido por un evidente y manifiesto propósito de atentar contra la libertad sexual" de la enfermera, donde le habría agarrado de sus manos al tiempo que le dijo" que le iba "a dar un beso".

Cuando la denunciante trató de evitarlo, procedió, según la versión del fiscal, "a soltarle las manos y cogerle la cara, intentando atraer la boca" de ella "hacia la suya, con evidente deseo de besarla".

Posteriormente, se habría marchado y luego pedido perdón, "accediendo ella a disculparle presa del miedo que el acusado le infundió en su persona y más al hallarse solos en el centro de salud". Entonces "nuevamente intentó besar" a la enfermera "sin éxito" y ya se fue del consultorio.

Se habría disculpado luego con un mensaje a través de una aplicación telefónica, que habría utilizado para enviarle otros mensajes, también en días anteriores. Ella "sufrió una crisis de ansiedad, afectando a su estado anímico la conducta del acusado".

Igualmente "no sólo le fueron cambiados sus servicios a fin de que no coincidiese laboralmente con el acusado, sino que incluso fue cambiada de destino".

 

 

Condenado a 25 años de cárcel por matar a su mujer en Guadahortuna

Audiencia Provincial de Granada
Audiencia Provincial de Granada

La sentencia considera probado que tuvo intención de causarle la muerte y que actuó con alevosía, y, no estima que concurriera ninguna de las atenuantes propuestas, incluida la de confesión

21 de diciembre de 2019

La Audiencia Provincial ha condenado a 25 años de prisión por delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas al hombre de 54 años que mató a su mujer a tiros, en el municipio de Guadahortuna (Granada) en junio de 2018.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que tuvo intención de causarle la muerte y que actuó con alevosía, y, no estima que concurriera ninguna de las atenuantes propuestas, incluida la de confesión.

El caso fue juzgado en noviembre por la fórmula del jurado popular, que alcanzó un veredicto de culpabilidad por unanimidad. En sus conclusiones definitivas, tanto el Ministerio Público como la acusación particular, que representa a los intereses de la familia de la víctima, que tenía 43 años, pidieron para él una pena total de 28 años de prisión por la comisión de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas.

La fiscal defendió que la alevosía con la que actuó el ahora condenado, que ha estado en prisión provisional por estos hechos, es "de libro" pues "no apunta a cualquier sitio" sino "a la espalda" y "a menos de un metro".

Una vez paralizada, le dispara, según agregó la fiscal con base en los testimonios de testigos y peritos que se escucharon en el juicio, un segundo tiro "casi inmediato y a corta distancia, al abdomen", y para "asegurarse la muerte", un tercero a la cabeza. El jurado asumió esa tesis y determinó que hubo alevosía y que se trató de un asesinato.

Respecto de la atenuante de confesión propuesta por la defensa, que mantuvo que fue un homicidio imprudente, la fiscal explicó que no existe porque el procesado, en su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, "habla de unos bichos" que se la aparecieron cuando disparó, si bien "no ha quedado acreditado" que "esta persona tuviera alucinaciones".

En su declaración, el ahora condenado, al que también se le aplican las circunstancias agravantes de parentesco y de violencia de género, indicó que disparó cuando creyó que se le abalanzaban unas "hormigas muy grandes" tras consumir un litro de güisqui en su casa. En el proceso está representada como acusación popular la Junta en defensa del interés general.

Al procesado se le condena, en concreto, a 22 años y medio de prisión por el asesinato, y a dos años y medio por la tenencia ilícita de armas. El condenado habrá, asimismo, de indemnizar a cada uno de sus tres hijos, una de ellos aún menor de edad, con la cantidad de 200.000 euros.

RELATO DE HECHOS

Según refleja la sentencia, de fecha 17 de diciembre y contra la que cabe recurso, el acusado se dirigió al domicilio familiar el 16 de junio de 2018, en el que ya no vivía por su "inclinación" a la bebida, por lo que residía con su madre.

Portaba supuestamente un revólver para cuyo uso no tenía licencia. Con "el propósito de dar muerte" a la madre de sus hijos, al llegar cerca del domicilio familiar, divisó cómo ella estaba de espaldas, por lo que, "de forma sorpresiva", efectuó un primer disparo que le "alcanzó" en la espalda.

Ello le provocó "una parálisis súbdita de los miembros inferiores" a la víctima a la que, ya en el suelo, realizó un segundo disparo a la región abdominal. Por último, "con intención de asegurar la muerte" de ella, le descerrajó un tiro a quemarropa en la cabeza.

La víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada, donde, a pesar de ser intervenida quirúrgicamente, falleció a las 17,30 horas del 17 de junio, por los politraumatismos causados por herida de arma de fuego.

"Una vez consumado su propósito", el hoy condenado se dirigió a la casa de su madre, donde vivía, y una patrulla de agentes de la Guardia Civil fue al lugar de los hechos, donde un vecino les indicó hacia dónde había ido.

Al estar el domicilio en un barrio con calles angostas, los guardias civiles de dirigieron a pie y, cuando divisaron al hombre, le dieron la orden de alto, ante lo que, en un primer momento, él mostró una "actitud huidiza".

Alcanzado por los agentes, "obedeció la orden de detenerse, alzó las manos, y se dirigió" hacia ellos diciendo: "madre mía, qué es lo que he hecho... ella está bien, ¿está viva?".

El Ministerio Público destacó en la vista oral que el matrimonio llevaba unos meses separado, lo que el acusado "no aceptaba, en la creencia de que su esposa pudiera mantener alguna otra relación con otra persona". Por ello, en otras ocasiones, se había dirigido a ella "con insultos y admoniciones de muerte", a lo que ningún miembro de la familia prestó atención.

En el momento de los hechos, el acusado "no presentaba ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas" ni constaban en el informe forense "patología neurológica ni psiquiátrica", detalló la fiscal.

 

El juzgado ordena embargar los bienes de un exconsejero delegado de Emucesa

Edificio judicial de La Caleta (EUROPA PRESS)
Edificio judicial de La Caleta (EUROPA PRESS)

La Fiscalía pide seis años de cárcel en este caso, se quedó al margen del acuerdo de conformidad por el que la otra exedil del PP y exresponsable de la empresa procesada en el caso por supuestos contratos fantasmas

11 de diciembre de 2019

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, encargado de la investigación por supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa mixta que gestiona el cementerio municipal (Emucesa), ha ordenado el embargo de los bienes de uno de los procesados, el que fuera su consejero delegado y ex edil del PP, Eduardo Moral.

Lo ha hecho, según consta en el decreto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que se haya acabado el plazo que Moral tenía para hacer frente a una fianza de 286.310 euros para asegurar lo que se le pueda exigir en concepto de responsabilidad civil.

El exconsejero delegado de Emucesa, para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel en este caso, se quedó al margen del acuerdo de conformidad por el que la otra exedil del PP y exresponsable de la empresa procesada en el caso por supuestos contratos fantasmas, María Francés, aceptará previsiblemente dos años y evitará la entrada en prisión.

Según informó la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota el pasado 26 de junio, el representante del Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales del caso Emucesa, acusaba a los ex concejales por "realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de la empresa, en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, durante los mandatos de gobierno local del PP.

Para los otros acusados, los cinco contratados, también solicitaba penas que oscilaban entre los cinco años y seis meses de prisión y los cuatro años, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.

En el auto de apertura de juicio oral, el juzgado requirió el pasado octubre a los acusados que prestaran fianzas de entre 32.521 y 286.310 euros que suman casi 650.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, como indemnización a Emucesa y al Servicio Público de Empleo.

 

 

 

Detenidas dos mujeres que intentaban introducir droga en la cárcel de Albolote

Guardia Civil
Guardia Civil

Los agentes les intervinieron 20 y 30 gramos de hachís respectivamente

11 de diciembre de 2019

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres, una de 32 y otra de 56 años de edad, esta última con antecedentes policiales, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de droga, después de que fueran sorprendidas intentando introducir hachís en el centro penitenciario de Albolote.

El Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Granada, más concretamente el guía y el perro antidroga, en colaboración con los funcionarios de ese centro penitenciario realizan regularmente acciones preventivas en la prisión de Albolote para evitar la introducción de droga.

El pasado día 4 de diciembre el guardia civil y su perro antidroga estaban en el control de acceso a la cárcel y cuando las dos detenidas cruzaron el arco de seguridad, la primera a las 16:40 y la segunda a las 18:00 horas, el perro las marcó, señal de que podían transportar alguna sustancia estupefaciente.

Ambas fueron apartadas de la fila y tras ser cacheadas por una agente, se descubrió que ambas llevaban escondidas 2 y 3 bellotas de hachís, que pesaron 20 y 30 gramos respectivamente, en la ropa interior.

 

 

Condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a su nieta menor de edad

Audiencia Provincial de Granada (ARCHIVO)
Audiencia Provincial de Granada (ARCHIVO)

También se le impone una prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la menor por ocho años, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio

6 de diciembre de 2019

La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a cinco años de prisión a un hombre de 76 años por abusos sexuales a su nieta, menor y residente con su madre en Laredo (Cantabria), en las estancias vacacionales que pasaba siendo una niña con la familia paterna en la capital granadina o en la costa de Almería.

Conforme a lo expuesto en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, al condenado, cuyas iniciales son F.O.G., también se le impone una prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la menor por ocho años, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio.

La sentencia, contra la que cabe recurso, también impone la medida de libertad vigilada de seis años tras la ejecución de la pena de cárcel, y una indemnización por 10.000 euros por los daños morales.

En los hechos probados, el tribunal señala que los padres de la menor, que ahora tiene 13 años, están divorciados desde 2012, y que, a partir de esa fecha, se cumple un régimen de visitas con el progenitor, que reside en Granada, hasta enero de 2017, cuando la víctima cuenta los hechos a su madre.

La niña se desplazaba a Granada un mes en verano y "la mitad del periodo vacacional de Navidad", y, durante las épocas en que se encontraba en la ciudad, "era frecuente" que visitara a sus abuelos paternos en su casa del barrio del Zaidín.

Entre el año 2013 y diciembre de 2016, el acusado, que no tenía antecedentes penales, "aprovechando los momentos que se encontraba a solas con la menor", y "siempre movido por el ánimo de satisfacer su deseo libidinoso, sometía a su nieta a soportar comportamientos sexuales que, al principio", ella "no comprendía por su escasa edad".

Pasaban por "mostrarse desnudo en presencia de la menor, exponer sus genitales fuera de la ropa, invitarla a tocar su miembro viril o chupárselo, realizarle tocamientos en las zonas genitales o glúteos pero siempre con ropa puesta" o "besos empujando al mismo tiempo las caderas hacia delante".

Los hechos probados de la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, que enjuició los hechos los días 15 y 18 de noviembre, también enumera "caricias desde el pecho hasta el pubis" o la solicitud a la nieta por parte del abuelo condenado de "envío de fotos sexys" por una aplicación de mensajería telefónica.

"SECRETO" O "CASTIGO"

También señala la sentencia, de fecha 2 de diciembre, que F.O.G. le "hacía creer" a la niña que estas conductas "eran un secreto" entre ellos, "imponiéndole que no se lo contara a nadie" bajo amenaza de castigo como eran "encierro, estancia a oscuras" o decir "al padre que no había hecho los deberes".

Estos hechos son los que, "de manera repetida, ha ido relatando" la niña "en las sucesivas declaraciones a las que, desgraciadamente", se la ha sometido, expone el tribunal. Ningún "cambio sustancial" existe entre lo declarado el 5 de enero de 2017 ante agentes de la Guardia Civil y lo dicho en juicio "dos años y medio después".

Esta primera declaración ante el Instituto Armado se produjo de vuelta a Laredo, tras pasar unos días de vacaciones en Granada en la Navidad de 2016, reconociendo la víctima, en relación a los hechos, que "sentía miedo de decírselo a solas a la madre por la reacción que ésta pudiera tener".

Así, y con diez años en ese momento, lo hizo una sobremesa, en presencia de la abuela materna y una amiga de la progenitora, y a raíz de un comentario de ella misma sobre una carpeta que en el ordenador de su abuelo llevaba por nombre 'Azucena'.

"Si vierais lo que me hace a mí el abuelo", comentó primero para, posteriormente, al oído de la madre, aclarar, conforme a lo reproducido en la sentencia, lo siguiente: 'que se la chupe y me haga fotos desnuda'".

"CONDUCTAS ANORMATIVAS"

La madre, en un primer momento, no creyó a su hija, quien, a consecuencia de lo vivido, "presenta conductas anormativas y disruptivas, rebeldía, dificultad para acatar límites y normas" así como "fenómenos de reexperimentación con recuerdos e imágenes recurrentes" y "miedos nocturnos" que precisan de seguimiento psicológico y psiquiátrico.

"Ninguna prueba propuesta por la defensa, ni tan siquiera la declaración del acusado, han introducido duda alguna en el tribunal sobre los hechos y la responsabilidad del mismo", señala la sentencia, que considera "suficientes" como "material probatorio" las manifestaciones de la menor "así como los informes periciales realizados sobre la misma".

"Nada en la versión de la menor sugiere la reproducción mecánica de un relato aprendido o sugerido", señala el tribunal, que califica de "especialmente execrables" los hechos ocurridos en el cuarto de baño cuando, estando ella en la ducha, el abuelo se lavó "sus genitales en el bidé, y advirtiendo a la menor para que mirara pues ella se lo haría pronto", o las peticiones de masajes "bajo la excusa de jugar a los médicos".

En la vista, mientras que la Fiscalía solicitó, en sus conclusiones definitivas, un total de cuatro años por supuestos delitos de abusos sexuales y de lesiones psíquicas, la acusación particular ejercida por el despacho al que pertenece la letrada María Dolores Cuesta, en nombre de la madre como representante legal de la víctima, pedía nueve años por la presunta comisión de delitos de abusos sexuales y exhibicionismo. La defensa interesaba la libre absolución.

 

A juicio este miércoles un profesor que se enfrenta a dos años de cárcel por espiar a su alumna

Audiencia Provincial de Granada
Audiencia Provincial de Granada

La Fiscalía lo acusa por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público

3 de diciembre de 2019

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger este miércoles un juicio contra un profesor de la Universidad de Granada (UGR) para el que la Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y diez meses de prisión, acusado de haber espiado con un programa informático las comunicaciones a través de correo electrónico de una alumna a la que dirigía la tesis doctoral, y con la que "pretendía iniciar una relación sentimental".

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el 27 de junio de 2015, el acusado, como funcionario de la UGR y director de departamento y de la tesis de la alumna, supuestamente "aprovechándose de su cargo, accedió al ordenador" que ella utilizaba en su despacho de un laboratorio ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada.

El objetivo fue, agrega el fiscal, "apoderarse de las contraseñas de las cuentas privadas de la víctima para así acceder a la información que en ellas había, ya que pretendía iniciar una relación sentimental con su alumna y necesitaba para conseguirlo conocer tales datos".

Sin el conocimiento de sus empleados, y con este fin, el procesado habría instalado un programa informático, que habría adquirido a través de un sistema de pago por Internet asociado a su cuenta de correo electrónico corporativo en la UGR.

De este modo, "la información personal" de la doctoranda "era enviada sin su consentimiento al correo electrónico facilitado por el acusado", detalla el fiscal, que agrega que, ante la "inminencia" de la lectura de la tesis doctoral, y "sin posibilidad de cambiar de director de la misma, la perjudicada sufrió un trastorno depresivo ansioso" por el que "requirió de baja médica".

Por todo ello, la Fiscalía lo acusa por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por el que interesa, además de la pena de dos años y diez meses de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación absoluta durante seis años.

 

Desarticulada una banda a la que se investiga por 19 robos en viviendas de la comarca de Guadix

Guardia Civil, robo, Guadix
Guardia Civil, robo, Guadix

La Guardia Civil ha indicado que el grupo criminal estaba formado por cinco personas y que la quinta actualmente está cumpliendo condena en la cárcel del Puerto de Santa María en Cádiz

27 de noviembre de 2019

La Guardia Civil ha detenido en las localidades de Roquetas de Mar y El Ejido (Almería) a cuatro individuos de entre 27 y 38 años por su supuesta pertenencia a una banda criminal a la que se investiga por un total de 19 robos en el interior de viviendas en la comarca de Guadix (Granada).

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha indicado que el grupo criminal estaba formado por cinco personas y que la quinta actualmente está cumpliendo condena en la cárcel del Puerto de Santa María en Cádiz.

Los detenidos se desplazaban supuestamente en coche desde Roquetas todas las tardes que decidían robar en la provincia de Granada. "Recorrían varias localidades y robaban una o varias viviendas después de asegurarse que no había nadie dentro", de tal modo que "registraban toda la casa y se apoderaban fundamentalmente de dinero y joyas, aunque también de televisiones, teléfonos móviles, ordenadores y videoconsolas".

Los robos se perpetraron en las localidades de Guadix, Albuñán, Valle de Zalabí, Benalúa, Dehesas Viejas, Iznalloz, La Calahorra y Ferreira, y se estima que el valor de lo sustraído supera los 50.000 euros.

La investigación de esta operación la ha realizado el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadix con la ayuda de los agentes del Área de Investigación del Fardes. La movilidad de estos individuos ha hecho que la investigación haya sido "especialmente laboriosa y difícil".

No obstante, los indicios hallados en las viviendas asaltadas y las imágenes captadas por cámaras de seguridad que los investigadores han encontrado de los presuntos ladrones, han servido para relacionarlos con los 19 robos investigados.

 

Fiscal mantiene petición de 28 años de cárcel para el acusado de matar a su mujer en Guadahortuna

Juicio contra el presunto asesino de su mujer en Guadahortuna (EUROPA PRESS)
Juicio contra el presunto asesino de su mujer en Guadahortuna (EUROPA PRESS)

Han reseñado que la alevosía con la que habría actuado el procesado "es de libro", en tanto en cuanto, en el primero de los tres disparos contra la víctima, de 43 años, "no apunta a cualquier sitio" sino "a la espalda" y "a menos de un metro".

27 de noviembre de 2019

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de 28 años de prisión por la presunta comisión de sendos delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas para el hombre de 54 años al que enjuicia un jurado popular desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial, acusado de matar a tiros a su mujer en junio de 2018 en el municipio de Guadahortuna (Granada).

En la exposición que ha hecho de su informe de conclusiones definitivas, la fiscal ha reseñado que la alevosía con la que habría actuado el procesado "es de libro", en tanto en cuanto, en el primero de los tres disparos contra la víctima, de 43 años, "no apunta a cualquier sitio" sino "a la espalda" y "a menos de un metro".

Una vez paralizada, le dispara, según ha defendido la fiscal con base en los testimonios de testigos y peritos que se han escuchado estos días, un segundo tiro "casi inmediato y a corta distancia, al abdomen", y para "asegurarse la muerte", un tercero a la cabeza.

Respecto de la atenuante de confesión propuesta por la defensa, que mantiene que fue un homicidio imprudente, según ha señalado la fiscal, no existe pues, en su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, "habla de unos bichos" que se la aparecieron cuando disparó, si bien "no ha quedado acreditado" que "esta persona tuviera alucinaciones".

Ha resaltado que él tiene derecho a la defensa pero no a contar "una película de alienígenas, de hormigas", a la par que ha subrayado los testimonios de quienes han mantenido que el procesado "bebía como todos los del pueblo", y no tiene antecedentes de problemas legales relacionados con la alcoholemia.

En su declaración, el pasado lunes, ante el tribunal, con un jurado popular que está compuesto por seis hombres y tres mujeres, el acusado indicó que disparó cuando creyó que se le abalanzaban unas "hormigas muy grandes" tras consumir un litro de güisqui en su casa.

Disparó a lo que creyó que eran "cuatro o cinco bichos", que describió como "grandes, marrones, con las orejas y los dientes muy largos", que se "tiraban" hacia él, y que fueron cayendo, y mantuvo que tomaba desde hacía años dos litros de güisqui y dos cartones de vino aproximadamente al día.

Por otro lado, la fiscal ha enfatizado que, además de la de parentesco, queda acreditada la circunstancia agravante de género, en tanto en cuanto no trataba a la víctima "bien, la insultaba continuamente, estaba obsesionado" y la "acosaba" con una "conducta machista".

La acusación particular, que ejerce la letrada Montse Linares en representación de la familia, ha reseñado que ellos quieren que "se aplique la ley", y se ha adherido también, en sus conclusiones definitivas, a la petición de prisión de 28 años de la Fiscalía por los mismos supuestos delitos.

En el juicio también está representada la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular en defensa del "interés general". Tras la exposición de las conclusiones, y una vez reciba el objeto del veredicto, el jurado se retirará a deliberar.

RELATO DE HECHOS
Según el escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía, el acusado se dirigió al domicilio familiar el 16 de junio de 2018, en torno a las 13,30 horas, en el que ya no vivía por su "afición" a la bebida, por lo que residía con su madre.

Portaba supuestamente un revólver para cuyo uso no tenía licencia. Con "el decidido e inequívoco propósito de acabar con la vida de su esposa", al llegar cerca del domicilio familiar, divisó cómo ella caminaba de espaldas, por lo que, "sin mediar palabra y de forma sorpresiva", habría efectuado un primer disparo que "le alcanzó a la espalda".

Ello le provocó "una parálisis súbdita de los miembros inferiores" a la víctima a la que, ya en el suelo, realizó supuestamente un segundo disparo a la región abdominal. Por último, y, según el fiscal, "con intención de asegurarse de la muerte" de ella, le descerrajó un tiro a quemarropa en la cabeza.

La víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada, donde, a pesar de ser intervenida quirúrgicamente, falleció a las 17,30 horas del 17 de junio, por los politraumatismos causados por herida de arma de fuego.

El Ministerio Público agrega que el matrimonio, que tenía tres hijos en común, llevaba unos meses separado, lo que el acusado "no aceptaba, en la creencia de que su esposa pudiera mantener alguna otra relación con otra persona". Por ello, en otras ocasiones, se había dirigido a ella "con insultos y admoniciones de muerte", a lo que ningún miembro de la familia prestó atención.

En el momento de los hechos, el acusado "no presentaba ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas" ni constan en el informe forense "patología neurológica ni psiquiátrica", detalla la fiscal, que pide para él 25 años de prisión por la presunta comisión de un delito de asesinato, por el que también interesa diez años de prohibición de acercarse a sus hijos a menos de 500 metros y de comunicarse con ellos.

 

Condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel el expolicía que secuestró a sus hijos

Juzgados de La Caleta
Juzgados de La Caleta

Junto a la pena de dos años y dos meses de prisión que impone por sendos delitos de sustracción de menores, con la circunstancia atenuante de trastorno mental y alcoholismo, el juez condena al expolicía al pago de 2.700 euros

20 de noviembre de 2019

El Juzgado de lo Penal 2 de Granada ha condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por dos delitos de sustracción de menores al ex policía local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que aprovechó una visita con sus dos hijos para no devolvérselos a la madre en Armilla, manteniéndolos ocultos varios días.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que el ahora condenado o alguien a su cargo llamó, en los últimos días de 2017, a una periodista "diciéndole que el día 30 de diciembre no iba a entregar a los niños y que su intención era protagonizar en Sevilla un caso similar al de Juana Rivas en Granada".

Llegado este día, el procesado no se trasladó a Granada a entregar a los menores, en el punto de encuentro familiar, y, según agrega la sentencia, adelantada este miércoles por el diario Ideal, "no dio explicaciones de la falta de devolución de los menores, ni facilitó datos sobre el paradero de los menores".

Fue el día 2 de enero de 2018, sobre las 12,00 horas, cuando "agentes de la Policía Nacional penetraron en el domicilio" de la pareja del condenado, encontrándolo en el interior junto con los dos menores, y presentando "oposición" a los policías, hechos estos que están siendo enjuiciados en otro proceso penal.

El pasado 4 de noviembre, en su declaración en el juicio oral por el secuestro de sus hijos, el expolicía se mostró arrepentido y alegó que lo hizo para estar más tiempo con ellos antes de entrar en la cárcel por la condena por un delito de violencia de género que cumple actualmente.

En la sentencia, de fecha 13 de noviembre, el juez señala que, "como consecuencia de estos hechos, la madre y los dos menores han sufrido estrés postraumático moderado", si bien "no ha quedado acreditado que el acusado cometiera la anterior conducta con el propósito de ocasionar una situación de estrés a su ex pareja o a sus hijos" ni tampoco que "golpeara" a los niños aquellos días.

Junto a la pena de dos años y dos meses de prisión que impone por sendos delitos de sustracción de menores, con la circunstancia atenuante de trastorno mental y alcoholismo, el juez condena al expolicía al pago de 2.700 euros a su expareja y madre de los niños, que ejerce la acusación particular, y a cada uno de sus dos hijos. Lo absuelve del delito de lesiones psíquicas.

La Fiscalía pedía para él 17 años de prisión en total, mientras que la acusación particular, que ha anunciado que recurrirá la sentencia, también pedía la misma pena de cárcel. La defensa, ejercida por el letrado Félix Ángel Martín, también recurrirá tras mantener después del juicio que el procesado, para el que pedía la libre absolución, había sufrido una "persecución orquestada".

 

Condenado a diez años de cárcel por matar a su cuñado en Iznalloz a cuchilladas

Audiencia Provincial de Granada
Audiencia Provincial de Granada

La sentencia se produce después del veredicto del jurado, leído el pasado miércoles, en que consideraba probados los hechos

15 de noviembre de 2019

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a diez años de prisión al joven de 25 años al que un jurado popular consideró culpable de haber matado a cuchilladas a la pareja sentimental de su hermana en Iznalloz.

La sentencia, de la que han informado a Europa Press fuentes del caso, se produce después del veredicto del jurado, leído el pasado miércoles, en que consideraba probados los hechos por los que la Fiscalía pedía para el procesado diez años de prisión por la comisión de un delito de homicidio doloso, como finalmente ha decretado el juez.

Los miembros del jurado consideraron probado que el acusado mató de forma intencionada a su cuñado, y también que se presentó ante la Guardia Civil el mismo día de los hechos, el pasado 15 de mayo de 2018, por lo que, también, como pidió la fiscal en sus conclusiones definitivas, le ha sido de aplicación en la sentencia, contra la que cabe recurso, la circunstancia atenuante de entrega y confesión.

El condenado, que ha estado en prisión provisional por estos hechos, mantuvo ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada que los hechos se produjeron durante un forcejeo después de que su cuñado lo echara de su casa y se le abalanzara, y que no sabía si lo pinchó él o fue él mismo el que se lesionó.

El acusado actuó contra su cuñado cuando éste último se habría negado "a entregarle dinero o comida". Con una "relación análoga a cuñado" con su víctima, el procesado, que vivía en una casa ocupada cercana con un subsidio de unos 150 euros, se personó en su casa sobre las 19,00 horas del 15 de mayo, e iniciaron una discusión.

La discusión entre ambos continuó en la calle, donde, "guiado de la clara e inequívoca de causarle la muerte, el acusado sacó una navaja de grandes dimensiones y anchura, con la que le lanzó varias cuchilladas al cuerpo" al otro.

La acusación particular, que defiende los intereses de la viuda, pedía que se le condenara por un supuesto delito de asesinato, por el que solicitaba la imposición de 22 años de prisión, añadiendo que no accediera al tercer grado sin cumplir la mitad de la pena. Por su parte, la defensa pedía dos años por un supuesto homicidio imprudente.

Alternativamente, esta parte pedía calificarlo también como un supuesto homicidio doloso, aplicándosele circunstancias eximentes como el trastorno mental transitorio o la legítima defensa, en un proceso en que también ha estado representada la Abogacía del Estado, que, en nombre de Hacienda, se adhirió a las tesis del Ministerio Público.

 
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