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Condenado a inhabilitación el exalcalde de Castril por usar móvil municipal para fines personales

Imagen de archivo del juicio en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (EUROPA PRESS)
Imagen de archivo del juicio en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (EUROPA PRESS)

Durante el juicio celebrado a principios de febrero, López Ródenas declaró que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios de ocio sino que fue víctima de una "estafa"

25 de febrero de 2021

La Audiencia de Granada ha condenado a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 1.800 euros al exalcalde socialista de Castril (Granada) José Juan López Ródenas por un delito de malversación de caudales públicos, después de que un jurado popular le declarara culpable de haber utilizado el móvil que le fue asignado para el desempeño de su cargo para la contratación de servicios personales de mensajería corta que fueron sufragados por el Ayuntamiento.

Durante el juicio celebrado a principios de febrero, López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios de ocio sino que fue víctima de una "estafa", pues él "desconocía" cómo funcionaban y el modo en que pudieron llegar a activarse.

No obstante, en una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia Provincial considera probado que, entre diciembre de 2008 y febrero de 2011, contrató "de forma consciente y voluntaria" servicios personales de mensajería corta de una decena de empresas por importe de 1.579 euros que fueron sufragados por las arcas municipales. El exregidor reintegró el dinero al Ayuntamiento en mayo de 2014, según precisa el fallo, contra el que cabe recurso ante el TSJA.

El jurado concluyó, en contra de la versión del exregidor, que contrató estos servicios de mensajería "beneficiándose" del hecho de que el importe "era incluido en la factura del teléfono asignado a la Alcaldía y pagado con fondos municipales", conclusión que, a juicio del tribunal, es posible asentar en datos como el número de empresas u operadoras de tales servicios --hasta once-- que enviaron mensajes al acusado; el importe del coste de estos servicios y el "muy elevado número de mensajes" recibido en el periodo investigado. Todo ello, según mantiene la sala, "hace inverosímil que no fuese detectado ese concepto de facturación telefónica durante tan prolongado espacio de tiempo".

Desde el Ayuntamiento de Castril, que ha ejercido la acusación particular representado por el letrado Rafael Revelles, han mantenido este jueves tras conocer la sentencia que López Ródenas "contrató a más de 10 empresas distintas a lo largo de 25 meses, más de dos años, mes a mes recibía las facturas con páginas y páginas donde estaban esos cientos de mensajes sms privados que contrató para acceder a las web de contenidos de ocio que quiso y costaron 1.600 euros a los vecinos".

 

Juzgan este miércoles a dos acusados de estafar y robar bienes a una anciana con Alzheimer

Real Chancillería de Granada (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Real Chancillería de Granada (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Fiscalía ha solicitado un total de once años y medio de prisión para cada uno de ellos por un delito continuado de estafa

23 de febrero de 2021

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada acoge este miércoles el juicio contra dos hombres acusados de estafar y apropiarse de los bienes de una anciana de 79 años con Alzheimer y de su hermana enferma terminal después de que lograran ganarse la confianza de la primera y les firmara un poder sin ser consciente de ello que les permitió disponer de sus viviendas, fincas y plazas de garaje.

La Fiscalía ha solicitado un total de once años y medio de prisión para cada uno de ellos por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad continuada de documento público oficial mercantil. También les acusa de delitos de hurto y de apropiación indebida, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los acusados, que tienen una empresa de instalación de calefacción, supieron de la existencia de la anciana en 2014, a raíz de que fueran contratados para reformar el sistema de calefacción del edificio donde ella vivía, así como de todas las viviendas del bloque. A raíz de aquella obra fueron contratados para el mantenimiento de las instalaciones y empezaron a ver con cierta frecuencia a la víctima, que vivía sola.

Con intención de "embaucar y ganarse su confianza", comenzaron a ofrecerse para hacerle la compra, arreglos en los dos pisos donde por temporadas residía o ir al banco a cobrar algún cheque, según el relato fiscal. Ya en 2016 la anciana les encargó que hicieran algunas reformas en el chalet en La Zubia donde residía su hermana, que tras caer enferma tuvo que mudarse a un piso de alquiler en esta localidad, donde también hicieron una obra, por lo que acabaron teniendo las llaves de ambas viviendas.

Una vez que lograron ganarse la confianza de la anciana y aprovechando que tenía sus facultades mentales "mermadas" al sufrir principio de Alzheimer le dijeron que tenía que firmar un poder para una determinada gestión administrativa que iban a hacer en su nombre para lograr que rubricara un poder general en su favor. A raíz de aquello crearon una empresa para traspasar de forma fraudulenta y a través de diversas gestiones notariales y bancarias todos sus bienes, entre ellos su residencia habitual, dos plazas de garaje, dos fincas rústicas dedicadas al olivar y un local que la anciana tenía en Güevéjar. Además, hicieron uso de las llaves de su vivienda y la de su hermana para robarles joyas y mobiliario por valor de 80.000 euros.

Cuando la hermana enferma de esta anciana falleció a causa de varios tumores, los acusados aprovecharon su minusvalía psíquica para hacerle firmar como heredera universal y transferirse luego toda la herencia, incluyendo un chalet en La Zubia y dinero, a la empresa que habían creado para canalizar todos los bienes de estas estafas. No obstante, una tercera hermana descubrió la trama y les advirtió de que los denunciaría, a raíz de lo cual devolvieron la herencia.
La Fiscalía solicita, además de los once años y seis meses de prisión, que sean condenados al pago de una multa de más de 8.600 euros.

 

Desarticulada una organización criminal dedicada a las estafas bursátiles con un fraude de 190.000 euros

Agente de la Policía Nacional (POLICIA NACIONAL)
Agente de la Policía Nacional (POLICIA NACIONAL)

La investigación la han realizado agentes de la UDEF de Granada

23 de febrero de 2021

En la denominada Operación Money Grow, agentes de la Policía Nacional de Granada han realizado una investigación en la que han desarticulado organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas por todo el territorio nacional, la cual habría defraudado unos 190.000 euros. Por el momento se ha saldado con la detención de un varón de 24 años con antecedentes policiales, domiciliado en Barcelona, que ha sido detenido por policías de la ciudad condal.

Contactaban con las víctimas telefónicamente y simulaban ser una entidad financiera

El modus operandi que habrían utilizado los miembros de este grupo consistía en aparentar pertenecer a una presunta entidad que ofrecía servicios financieros mediante llamadas telefónicas masivas a sus potenciales víctimas ofertando servicios de inversión en todo tipo de activos, oro, petróleo, divisas o criptomonedas. La rentabilidad mensual garantizada ascendía al 15% sobre la totalidad del capital. Además decían asignar al cliente un gestor personal que se encargaría de indicar de manera telefónica qué activo comprar, cuando hacerlo y en qué proporción.

Una vez que las víctimas aceptaban la proposición y realizaban las aportaciones de capital, recibían unas credenciales mediante las cuales accedían a la plataforma del broker on line al que los presuntos autores decían pertenecer, desde la cual podían comprobar como día tras día su inversión arrojaba unos beneficios que crecían de manera exponencial.
La estafa se consumaba en el momento en que las operaciones que los perjudicados veían desde su plataforma, no se introducían en mercados reales y regulados. Siendo los grandes beneficios generados ficticios. Con esto además se ganaban la confianza de los clientes quienes realizaban mayores aportaciones.

Los teléfonos de contacto eran posteriormente dados de baja

Una vez que los presuntos autores de la estafa acumulaban el capital suficiente para colmar sus expectativas en cada caso, o cuando la víctima exigía el reintegro del capital invertido más sus beneficios, desaparecían, dando de baja los teléfonos de contacto, con lo que los clientes no volvían a tener noticias de ellos ni del dinero invertido.

El uso de lo que en jerga bursátil se conoce como “Broker Scam” es cada vez más común y sofisticado. Este modo de delinquir mantiene un crecimiento exponencial debido a la impunidad que obtienen los autores gracias al anonimato que proporciona el uso de Internet y lo altamente lucrativo que les resulta. Es por lo que la ciudadanía debe extremar las precauciones para no caer en estas redes y desconfiar de estas propuestas de negocio, ya que se trata de una modalidad delictiva en expansión y altamente especializada. La impunidad de estos grupos criminales, que desarrollan su actividad no solo en España, sino que han traspasado su operativa al ámbito internacional, se ve favorecida por el hecho de que muchas víctimas no denuncian debido a que los autores les hacen creer que la pérdida patrimonial se ha debido al azar o por culpa del propio cliente.

Desde la Policía Nacional se recomienda operar solo con entidades financieras reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), huir de aquellas inversiones en las que se prometan altas rentabilidades en un corto espacio de tiempo y sin riesgo, y siempre pedir consejo u opinión a un profesional reconocido antes de aventurarse en este tipo de negocios.

La investigación la continuaron agentes de la Policía Nacional de Barcelona con la detención de un varón de 24 años domiciliado en la ciudad condal quien ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial. Los agentes continúan con la investigación y no descartan nuevas detenciones.

 

Les piden 11 años de cárcel por estafar y robar bienes a anciana con Alzheimer y su hermana enferma

La Fiscalía Superior de Andalucía (TSJA)
La Fiscalía Superior de Andalucía (TSJA)

El juicio está previsto para el 24 y 25 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada

21 de febrero de 2021

La Fiscalía ha solicitado once años y medio de prisión para dos hombres acusados de estafar y apropiarse de los bienes de una anciana de 79 años con Alzheimer y de su hermana enferma terminal después de que lograran ganarse la confianza de la primera y les firmara un poder sin ser consciente de ello que les permitió disponer de sus viviendas, fincas y plazas de garaje.

Los acusados, que tienen una empresa de instalación de calefacción, supieron de la existencia de la anciana en 2014, a raíz de que fueran contratados para reformar el sistema de calefacción del edificio donde ella vivía, así como de todas las viviendas del bloque. A raíz de aquella obra fueron contratados para el mantenimiento de las instalaciones y empezaron a ver con cierta frecuencia a la víctima, que vivía sola.

Con intención de "embaucar y ganarse la confianza" de la mujer, comenzaron a ofrecerse para hacerle la compra, arreglos en los dos pisos donde por temporadas residía o ir al banco a cobrar algún cheque, según expone la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

En 2016 la anciana les encargó que hicieran algunas reformas en el chalet en La Zubia donde residía su hermana, que tras caer enferma tuvo que mudarse a un piso de alquiler en esta localidad, donde también hicieron una obra, por lo que acabaron teniendo las llaves de ambas viviendas.

Una vez que lograron ganarse la confianza de la anciana y aprovechando que tenía sus facultades mentales "mermadas" al sufrir principio de Alzheimer le dijeron que tenía que firmar un poder para una determinada gestión administrativa que iban a hacer en su nombre para lograr que rubricara un poder general en su favor.

A raíz de ahí crearon una empresa para traspasar de forma fraudulenta y a través de diversas gestiones notariales y bancarias todos sus bienes, entre ellos su residencia habitual, dos plazas de garaje, dos fincas rústicas dedicadas al olivar y un local que la anciana tenía en Güevéjar. Además, hicieron uso de las llaves de su vivienda y la de su hermana para robarles joyas y mobiliario por valor de 80.000 euros.

Cuando la hermana de esta anciana falleció a causa de varios tumores, los acusados aprovecharon su minusvalía psíquica para hacerle firmar como heredera universal y transferirse luego toda la herencia, incluyendo un chalet en La Zubia y dinero, a la empresa que habían creado para canalizar todos los bienes de estas estafas. No obstante, una tercera hermana descubrió la trama y les advirtió de que los denunciaría, a raíz de lo cual devolvieron la herencia.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa en concurso con uno de falsedad continuada de documento público oficial mercantil; así como de delitos de hurto y de apropiación indebida por los que, además de los once años y seis meses de prisión, pide que los acusados sean condenados al pago de una multa de más de 8.600 euros. El juicio está previsto para el 24 y 25 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

 

Investigado por intentar estafar más de 26.000 euros a una empresa de Albolote

Agente de la Guardia Civil
Agente de la Guardia Civil

El presunto estafador se puso en contacto el pasado octubre de 2020 con una empresa de Albolote, supuestamente "utilizando los teléfonos móviles y los correos electrónicos de comerciales de otras empresas"

18 de febrero de 2021

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 59 años por un supuesto intento de estafa de más de 26.000 euros a una empresa de Albolote, en el área metropolitana de Granada. El investigado tenía antecedentes policiales por hechos similares.

El presunto estafador se puso en contacto el pasado octubre de 2020 con una empresa de Albolote, supuestamente "utilizando los teléfonos móviles y los correos electrónicos de comerciales de otras empresas", entre ellos los de su propia hija, y habría hecho cuatro pedidos de material: dos de más de 12.000 euros; uno de más de 1.400 y uno de algo más de 300.

La empresa, antes de servir dicho material, quiso asegurarse y se puso en contacto con las empresas compradoras para verificar los datos del pedido, y comprobó que estas últimas "desconocían haber pedido material alguno, por lo que un responsable de la empresa acudió inmediatamente después al cuartel" de Albolote a denunciar que habían intentado estafarlos, según ha informado la Guardia Civil este jueves en una nota.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Atarfe se hicieron cargo de las pesquisas y han averiguado que la persona investigada fue la que intentó estafar a la empresa denunciante y que, además, este individuo acababa de cumplir condena por estafa.

 

Detenido un experto falsificador con hasta 44 identidades para cometer estafas en centros comerciales

Agentes de la Policia Nacional (POLICÍA NACIONAL EN GRANADA)
Agentes de la Policia Nacional (POLICÍA NACIONAL EN GRANADA)

Las investigaciones se iniciaron en junio de 2020, cuando el servicio financiero de uno de los grandes almacenes afectados denunció la actividad fraudulenta que había detectado en la solicitud de una de las tarjetas

18 de febrero de 2021

La Policía Nacional ha detenido en la localidad granadina de Almuñécar a un individuo por estafar, presuntamente, entre 250.000 y un millón de euros a diferentes grandes almacenes de las provincias de Almería, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla, utilizando hasta 44 identidades falsas.

Para ello contaba con medios y conocimientos técnicos muy sofisticados, lo que le permitía elaborar documentos de identidad falsos de gran calidad. Los agentes han constatado que el detenido llevaba varios años viviendo con una identidad falsa para dificultar su localización e implicación en los ilícitos.

Las investigaciones se iniciaron en junio de 2020, cuando el servicio financiero de uno de los grandes almacenes afectados denunció la actividad fraudulenta que había detectado en la solicitud de una de las tarjetas que la empresa ofrece a sus clientes.

Diversas gestiones permitieron a los agentes identificar al sospechoso y descubrir que contaba con un alto grado de especialización y conocimientos sobre cómo operar en el mercado financiero, técnicas necesarias para superar los controles dispuestos por las empresas estafadas.

En primer lugar elaboraba la documentación necesaria para la contratación de las tarjetas: DNI falso, obtención de un número de teléfono, número de cuenta falso y dirección de entrega de la tarjeta. Posteriormente se personaba en el centro comercial solicitando la emisión de una tarjeta.

Para cumplir con los requisitos solicitados en el formulario, entregaba un número de contacto de una tarjeta telefónica de prepago, que previamente había conseguido con la documentación falsa, así como una dirección de correo electrónico y una dirección postal para el envío de la tarjeta.

Las direcciones postales para la recepción de las tarjetas se correspondían con domicilios deshabitados y con fácil acceso al buzón desde la vía pública para, de esta forma, poder recoger las cartas remitidas con las tarjetas y las claves. Se trataba de domicilios localizados en distintas provincias del territorio español, con especial incidencia en la provincia de Granada.

Una vez que el individuo recogía las tarjetas procedía a agotar su crédito, que podía llegar a los 8.000 euros por tarjeta, mediante disposiciones en cajeros, compras en establecimientos y compras aplazadas. Además había solicitado financiaciones independientes de los saldos de la tarjeta para realizar más compras y aumentar el beneficio obtenido, consumando con ello el ilícito.

VIVÍA CON LA IDENTIDAD DE OTRA PERSONA
La investigación realizada por la Policía Nacional permitió comprobar que las filiaciones aportadas en las contrataciones pertenecían, en su mayoría, a personas fallecidas o que, sencillamente, no existían. Los cargos y las direcciones de entrega pertenecían a las provincias de Almería, Madrid, Murcia, Sevilla y, sobre todo, Granada.

Tras constatarse la contratación de tarjetas bancarias de comercios de forma irregular por parte del sospechoso y averiguarse su lugar de residencia, se practicó una entrada y registro en un domicilio de Almuñécar, donde se localizó un laboratorio con sofisticados aparatos, diversos útiles y dispositivos informáticos para la falsificación de documentos.

Entre ellos fueron descubiertos varios ordenadores, varias impresoras láser, una impresora de tarjetas plásticas, una prensa hidráulica y material para su elaboración, lo que acredita el delito de falsedad documental y el de estafa.

Además les fueron intervenidos varios en proceso de falsificación, soportes en blanco, diverso material informático y audiovisual y un vehículo. Igualmente se ha podido constatar que el detenido llevaría años viviendo con la identidad de otra persona con el fin de dificultar su verdadera identificación y la acción de la justicia. En estos momentos, continúan las gestiones de investigación y no se descartan nuevas detenciones.

 

Juzgan este miércoles a un empleado de banca acusado de estafar 51.500 euros a un jubilado

Real Chancillería de Granada, sede del TSJA (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Real Chancillería de Granada, sede del TSJA (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Fiscalía ha calificado los hechos de un delito de estafa continuada por el que pide para el acusado cuatro años de prisión y multa de 3.300 euros

16 de febrero de 2021

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada acoge este miércoles el juicio contra un empleado de una entidad financiera acusado de estafar 51.500 euros a un cliente al que convenció para que comprara participaciones de una empresa dedicada a exportar casas prefabricadas a Dakar (Senegal), después de que la víctima, un jubilado, le transmitiera su deseo de invertir el algo rentable los ahorros conseguidos a lo largo de su vida.

La Fiscalía ha calificado los hechos de un delito de estafa continuada por el que pide para el acusado cuatro años de prisión y multa de 3.300 euros, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a noviembre de 2013, cuando la víctima se dirigió al acusado por ser la persona de mayor confianza para él en la oficina bancaria y le trasladó su deseo de asegurar su dinero en algún producto rentable. El procesado le habló de un negocio en ciernes en el que él mismo participaba, consistente en exportar casas prefabricadas a Dakar procedentes de unas fábricas de Santander y Zaragoza.

Le dijo que estaba garantizada una alta rentabilidad dado que la operación estaría avalada por la comunidad europea, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en el deseo de ayudar a Senegal en una zona anegada de humedales que necesitaba urbanizarse. El acusado le llegó a mostrar alguna documentación del proyecto y le ofreció la posibilidad de participar en la empresa y adquirir un 26 por ciento de la misma por 40.000 euros.

El 22 de noviembre de 2013, la víctima firmó un contrato de compraventa de participaciones sociales con el acusado de una supuesta sociedad llamada Pad Bouggi Motor S.A.R.L. domiciliada en Dakar y el pago se materializó unos días después, ingresándolo el empleado de banca a una cuenta de la que él era titular junto a otra persona.

El fiscal incide en que todas las conversaciones y la firma del contrato se desarrollaron en la oficina bancaria, lo que dotó de mayor credibilidad a la operación a ojos de la víctima. Al mes siguiente el acusado convocó de nuevo a la víctima en su oficina para indicarle que debía hacer una nueva aportación para una serie de gastos propios de la empresa y le convenció para poner otros 11.500 euros.

Pasados varios meses, la víctima empezó a pedir explicaciones al no ver movimiento ni resultados y el acusado le mostró unos supuestos documentos del negocio sobre adquisiciones de terrenos en Dakar. Finalmente el cliente pidió rescindir la relación contractual y aunque firmaron un documento para ello, nunca se produjo la devolución de los 51.500 euros que había aportado.

 

Piden cuatro años de cárcel para un empleado de banca por estafar 51.500 euros a un jubilado

Real Chancillería de Granada, sede del TSJA (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Real Chancillería de Granada, sede del TSJA (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El juicio está señalado para el próximo 17 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada

13 de febrero de 2021

La Fiscalía ha solicitado cuatro años de cárcel para el empleado de una entidad financiera acusado de estafar 51.500 euros a un cliente que le transmitió su deseo de invertir los ahorros conseguidos a lo largo de su vida trabajando y al que convenció para que comprara participaciones de una empresa dedicada a exportar casas prefabricadas a Dakar (Senegal).

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a noviembre de 2013, cuando la víctima, un jubilado, se dirigió al acusado por ser la persona de mayor confianza para él en la oficina bancaria y le trasladó su deseo de asegurar su dinero en algún producto rentable.

El acusado le habló de un negocio en ciernes en el que él mismo participaba, consistente en exportar casas prefabricadas a Dakar procedentes de unas fábricas de Santander y Zaragoza.

Le dijo que estaba garantizada una alta rentabilidad dado que la operación estaría avalada por la comunidad europea, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en el deseo de ayudar a Senegal en una zona anegada de humedales que necesitaba urbanizarse.

El acusado le llegó a mostrar alguna documentación del proyecto y le ofreció la posibilidad de participar en la empresa y adquirir un 26 por ciento de la misma por 40.000 euros.

El 22 de noviembre de 2013, la víctima firmó un contrato de compraventa de participaciones sociales con el acusado de una supuesta sociedad llamada Pad Bouggi Motor S.A.R.L. domiciliada en Dakar y el pago se materializó unos días después, ingresándolo el empleado de banca a una cuenta de la que él era titular junto a otra persona.

El fiscal incide en que todas las conversaciones y la firma del contrato se desarrollaron en la oficina bancaria, lo que dotó de mayor credibilidad a la operación a ojos de la víctima. Al mes siguiente el acusado convocó de nuevo a la víctima en su oficina para indicarle que debía hacer una nueva aportación para una serie de gastos propios de la empresa y le convenció para poner otros 11.500 euros.

Pasados varios meses, la víctima empezó a pedir explicaciones al no ver movimiento ni resultados y el acusado le mostró unos supuestos documentos del negocio sobre adquisiciones de terrenos en Dakar. Finalmente el cliente pidió rescindir la relación contractual y aunque firmaron un documento para ello, nunca se produjo la devolución de los 51.500 euros que había aportado.

La Fiscalía ha calificado los hechos de un delito de estafa continuada por el que pide para el acusado cuatro años de prisión y multa de 3.300 euros. El juicio está señalado para el próximo 17 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

 

Jurado declara culpable al exalcalde de Castril de contratar líneas eróticas en el móvil municipal

Juicio en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (EUROPA PRESS)
Juicio en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (EUROPA PRESS)

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró el martes que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado y que aparecían reflejados en las facturas, sino que fue víctima de una "estafa"

10 de febrero de 2021

Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de malversación de fondos públicos al exalcalde socialista de Castril (Granada) José Juan López Ródenas al entender que contrató de forma "consciente y voluntaria" en el móvil municipal servicios de ocio por Internet, televisión y 'cámara oculta sexy' ajenos a la función pública que desarrollaba como regidor.

El jurado ha dado a conocer su veredicto en la tarde de este miércoles después de que en la última sesión del juicio la Fiscalía haya mantenido su petición de absolución para el exregidor al entender que no está acreditado que hubiera activado estos servicios de forma voluntaria, sin embargo la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Castril ha venido manteniendo que sí lo hizo y ha solicitado que sea condenado a 3.240 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró el martes que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado y que aparecían reflejados en las facturas, sino que fue víctima de una "estafa", pues él "desconocía" cómo funcionaban y el modo en que pudieron llegar a activarse. "Yo no me pasaba el día abriendo mensajes", llegó a relatar ante el tribunal.

Durante el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, se puso de manifiesto que el coste total por estos servicios de telefonía fue de 1.579 euros que López Ródenas abonó en la cuenta municipal, por lo que su defensa ha venido argumentado que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril. López Ródenas ha enmarcado esta causa en una campaña de "acoso y calumnias" contra su persona.

Desde el Ayuntamiento de Castril, representado por el letrado Rafael Revelles, rechazan el argumento de que se trate de una estafa al registrarse cargos por servicios de diez empresas diferentes durante varios años, algunas de las cuales requerían claves de acceso para disfrutar de los contenidos. Agregan que, aunque el exregidor devolviera el dinero y no se trate de una cantidad muy elevada, ello no impide que se cometiera el delito y lo que buscaban con esta acusación es un "reproche penal" a esa forma de proceder.

 

La Fiscalía mantiene su petición de sobreseimiento para el exalcalde de Castril

Juicio en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (EUROPA PRESS)
Juicio en la Audiencia de Granada contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (EUROPA PRESS)

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró el martes que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado y que aparecían reflejados en las facturas, sino que fue víctima de una "estafa"

10 de febrero de 2021

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de sobreseimiento para el exalcalde socialista de Castril (Granada) José Juan López Ródenas en la última sesión del juicio que se ha celebrado contra él en la Audiencia de Granada, al entender que no ha quedado acreditado que contratara de forma consciente y voluntaria en el móvil que le asignó el Ayuntamiento servicios de marketing por Internet, televisión y de 'cámara oculta sexy' ajenos a la función pública que desarrollaba.

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró el martes que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado y que aparecían reflejados en las facturas, sino que fue víctima de una "estafa". Ya en su escrito de calificación provisional la Fiscalía recogía esta hipótesis, incidiendo en que "son numerosas las quejas" de usuarios de la compañía telefónica "por la receptación de servicios de tarifación adicional que suponen un incremento en su factura mensual y que no han sido contratados".

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, mantiene que sí los contrató y le acusa de un delito de malversación de fondos públicos, aunque este miércoles ha rebajado su petición inicial, que conllevaba cárcel, a 3.240 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.

Será ahora el jurado popular que enjuicia este el caso el que deberá determinar la culpabilidad o no del exregidor, una vez que reciba el objeto del veredicto y se retire a deliberar.

En la primera sesión del juicio se puso de manifiesto que el coste total por estos servicios de telefonía fue de 1.579 euros que López Ródenas abonó en la cuenta municipal, por lo que su defensa sostiene que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril y el propio exregidor enmarca esta causa en una campaña de "acoso y calumnias" contra su persona.

Desde el Ayuntamiento de Castril, representado por el letrado Rafael Revelles, rechazan el argumento de que se trate de una estafa al registrarse cargos por servicios de diez empresas diferentes durante varios años, algunas de las cuales requerían claves de acceso para disfrutar de los contenidos. Agregan que, aunque el exregidor devolviera el dinero y no se trate de una cantidad muy elevada, ello no impide que se cometiera el delito y lo que buscan con esta acusación es un "reproche penal" a esa forma de proceder.

 
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