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Se enfrenta este martes a nueve años de prisión un acusado de descapitalizar una empresa familiar

Además la Fiscalía pide 9.600 euros en multas para un acusado de la presunta comisión de delitos de insolvencia punible

Redacción | 22 de noviembre de 2021

Real Chancillería de Granada, en imagen de archivo (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Real Chancillería de Granada, en imagen de archivo (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada enjuicia entre los días 23 y 25 de noviembre un caso en el que la Fiscalía ha pedido nueve años de prisión y 9.600 euros en multas para un acusado de la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, estafa y apropiación indebida por supuestamente descapitalizar una empresa familiar de la que habría extraído cientos de miles de euros durante años, tras lo que habría pedido un préstamo de 700.000 euros sin hipotecar para ello "bienes propios" pero sí de parientes.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado "actuó como gerente y administrador de hecho" de la mercantil, constituida en 1969 y cuya administración formal integraba en 2013 con dos tíos carnales, los tres como consejeros mancomunados.

Guiándose supuestamente en un "principio de confianza basada en los vínculo afectivos" desde 1998 hasta 2013, en su actuación como gerente habría ejercido "un control absoluto sobre todas las cesiones ordinarias, tanto en la gestión económica" como en el "cumplimiento de sus obligaciones contables y legales".

En el ejercicio de esta administración habría realizado transferencias en efectivo a otra sociedad en que "ejerció igualmente como gerente" por 110.775 euros en 2010, 121.149 euros en 2011, 124.297 en 2012, 11.786 en 2013, y antes de estos años, 155.489 euros.

A 31 de diciembre de 2013 la segunda adeudaba a la primera "la cantidad de 520.577 euros que nunca se abonó, lo que igualmente ocasionó perjuicio a los acreedores de esta última mercantil", ha detallado el fiscal.

Entre 2010 y 2012, supuestamente "realizó una operatoria de descuento en entidades financieras de recibos de clientes sin soporte económico o contable alguno", generando una "auto-financiación" mediante "unas operaciones ficticias" con recibos "pelota".

Habría realizado también, siempre según el fiscal, disposiciones en efectivo por importe de 57.778 euros entre el 1 de octubre de 2012 y el 6 de marzo de 2013, "a pesar de que la situación de crisis financiera de la empresa era objetivamente cierta" y "determinó la declaración del concurso necesario" por el juez.

 

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