El Gobierno aprueba una subida salarial del 0,5% para 66.636 empleados públicos en Granada
La medida, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, beneficia a más de 600.000 trabajadores públicos en Andalucía
El Consejo de Ministros ha aprobado una subida salarial del 0,5% para los empleados públicos, una medida que beneficiará a 66.636 trabajadores de la provincia de Granada. Esta actualización retributiva, enmarcada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y se extiende a más de 600.000 empleados públicos en toda Andalucía.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado la decisión como “una muestra más del compromiso del Gobierno de España con el reconocimiento y la dignificación del trabajo público”. Montilla ha recordado que esta subida responde a las condiciones fijadas en el acuerdo firmado en 2022 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos UGT y CCOO, que contemplaba incrementos salariales tanto fijos como variables para el periodo 2022-2024.
Según el subdelegado, “más de 66.000 profesionales en Granada —funcionariado, personal estatutario y laboral de las administraciones estatal, autonómica y local— verán reflejado en su nómina este nuevo avance. Es una medida de justicia que reconoce el papel esencial que desempeñan en la prestación de servicios fundamentales para la ciudadanía”.
El incremento del 0,5% se suma a los aplicados en años anteriores: en 2022, la subida fue del 3,5%; en 2023, un 2,5% fijo y un 1% adicional vinculado al IPCA y al PIB; y en 2024, un 2% más una parte variable del 0,5% según los parámetros del IPCA. La subida actual se activa al superarse la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 respecto al incremento retributivo fijo acumulado en ese periodo, consolidando así una recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Montilla ha subrayado que esta medida se suma a otras políticas laborales y sociales impulsadas por el Ejecutivo, como la subida del 60% del Salario Mínimo Interprofesional en los últimos siete años, la Reforma Laboral, la equiparación de derechos para las trabajadoras del hogar, el reconocimiento de enfermedades profesionales para camareras de piso y la protección a colectivos vulnerables como los trabajadores de plataformas digitales.
“Se trata de una línea coherente de actuación en la que este Gobierno ha demostrado que cumple con lo que acuerda y que prioriza el bienestar de quienes trabajan cada día por los demás. Es una política pública que mejora la vida de las personas”, ha concluido el subdelegado.
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