ACAIP-UGT reclama más personal y seguridad en las prisiones de Granada tras el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad
El sindicato celebra una reivindicación histórica que entra en vigor este 15 de octubre, pero advierte de la necesidad de reforzar las plantillas del Centro Penitenciario de Albolote y del CIS de Granada para prevenir las agresiones
El sindicato ACAIP-UGT ha reclamado un refuerzo de las plantillas y mayores medidas de seguridad en el Centro Penitenciario de Albolote y el Centro de Inserción Social (CIS) de Granada, coincidiendo con el reconocimiento legal de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo que entrará en vigor este jueves, 15 de octubre.
La organización sindical ha denunciado la conflictividad que afrontan los profesionales penitenciarios de la provincia, que deben intervenir habitualmente ante situaciones de tensión, amenazas y episodios violentos. Una realidad que, según advierte, requiere medidas preventivas eficaces y no puede asumirse como parte habitual de sus funciones.
ACAIP-UGT considera que tanto la prisión de Albolote como el CIS de Granada necesitan contar con personal suficiente y recursos adecuados para garantizar la seguridad de trabajadores e internos. En este sentido, señala que la creciente complejidad de la población penitenciaria, unida a unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que considera obsoletas, dificulta la prevención y respuesta ante situaciones conflictivas.
El sindicato ha valorado positivamente la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, publicada este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que reconoce a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones.
Una reivindicación que comenzó hace dos décadas
ACAIP-UGT ha recordado que comenzó a reclamar este reconocimiento en 2006 y que lo incorporó a su programa electoral de 2015. Desde entonces, la organización ha mantenido contactos con diferentes formaciones políticas, entre ellas PSOE, PP, Vox y Sumar, para trasladar la situación de inseguridad jurídica y las agresiones que afectan al colectivo.
El sindicato también ha destacado las gestiones realizadas para impulsar una reforma que incorporase garantías de autoridad, indemnidad y veracidad, así como la solicitud de tramitación urgente presentada el pasado 26 de septiembre ante el presidente del Senado.
La modificación legislativa contempla, además del reconocimiento como agentes de la autoridad, la posibilidad de que los funcionarios penitenciarios se identifiquen mediante su número profesional en los procedimientos administrativos y judiciales derivados de su actividad.
También refuerza el valor probatorio de los informes elaborados sobre hechos presenciados durante los procedimientos disciplinarios penitenciarios, salvo prueba en contrario.
Asimismo, establece el principio de indemnidad, por el que la Administración deberá resarcir los daños personales o materiales sufridos por los trabajadores como consecuencia del servicio, siempre que no exista dolo, culpa o negligencia grave y conforme a los términos que se desarrollen reglamentariamente. Estas garantías de protección penal e indemnidad también alcanzan al personal laboral.
Exigen un protocolo eficaz contra las agresiones
Pese a valorar este avance jurídico, ACAIP-UGT insiste en que el reconocimiento legal debe ir acompañado de actuaciones concretas que mejoren las condiciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios.
Entre sus principales reivindicaciones figuran la cobertura de las plazas vacantes, la actualización y ampliación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, el incremento de las plantillas y la aprobación de un protocolo integral contra las agresiones.
La organización considera necesario que este protocolo contemple tanto las agresiones físicas y sexuales como las amenazas, además de establecer mecanismos adecuados de atención y protección a las víctimas.
Igualmente, reclama reforzar los servicios de asistencia sanitaria y psiquiátrica, cuya insuficiencia, según advierte, repercute directamente en la seguridad y el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
El sindicato ha reconocido la profesionalidad de los trabajadores del Centro Penitenciario de Albolote y del CIS de Granada y ha trasladado su apoyo a quienes han sufrido agresiones durante el desempeño de sus funciones.
"Hemos luchado durante años por esta protección jurídica. Ahora exigimos que se traduzca en seguridad real, más plantilla y mejores medios. Ser agredido no forma parte de nuestro trabajo", ha concluido ACAIP-UGT.
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