Tribunales
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A juicio este martes un acusado de retener y amenazar de muerte a dos compañeras de piso
Está previsto que el juicio, señalado inicialmente para el 30 de octubre de 2018, se celebre este martes 19 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada
18 de noviembre de 2019
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger este martes el juicio contra un hombre de 31 años para el que la Fiscalía pide once años de prisión por supuestamente retener a dos compañeras de piso a las que habría amenazado de muerte con un cuchillo y provocado diversas lesiones, después de anunciar en Internet a una de ellas como "masajista erótica".
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, con antecedentes penales por lesiones, sobre las 23,00 horas del 7 de diciembre de 2016, puso el citado anuncio en la web en nombre de una de sus compañeras de piso "sin su conocimiento ni consentimiento y con ánimo de perjudicarla". Así, ella, "a partir del día siguiente, recibió numerosas llamadas de personas que solicitaban sus servicios sexuales".
Sobre las 00,30 horas del 12 de diciembre de ese mismo año, discutió con las dos compañeras de piso, hermanas entre ellas, en el domicilio que compartían, y "las encerró en una habitación mediante la colocación de un candado en la puerta", la cual tuvieron que "romper" tras "quince minutos intentando sin éxito salir".
Una de ellas lo intentó grabar entonces con el móvil, que le fue arrebatado por el acusado, siempre según el relato de los hechos del fiscal.
Ello motivó que las hermanas "se lanzaran sobre el acusado con objeto de recuperarlo", con lo que él "comenzó a propinarles mordiscos en diversas partes del cuerpo, con ánimo de menoscabar su integridad física".
Fue entonces cuando habría cogido un cuchillo con el que, esgrimiéndolo en mano, las amenazó de muerte. "Os tengo que matar", señala el Ministerio Público que dijo a las hermanas que salieron de la casa "apresuradamente" para refugiarse donde una vecina, con quien llamaron a la Policía.
Los agentes trasladados al lugar de los hechos comprobaron las lesiones de las chicas, además de que el acusado había arrojado el teléfono por la ventana del domicilio, causándole daños tasados en 148,8 euros. Ante estas evidencias, fue detenido, siendo acusado por el fiscal de la presunta comisión de delitos de coacciones, detención ilegal, amenazas, y leves de daños y lesiones.
Por todo ello, el Ministerio Público pide para este individuo un total de once años de prisión, y el pago de multas por valor de 1.800 euros. Asimismo, interesa orden de prohibición durante cinco años de comunicación o aproximación a ambas hermanas a menos de 150 metros de sus domicilios, lugares de trabajo o cualquier espacio que frecuenten.
Está previsto que el juicio, señalado inicialmente para el 30 de octubre de 2018, se celebre este martes 19 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
Decretan prisión para provisional para ocho de los adultos detenidos en la operación Cake
La subdelegada ha especificado que la operación continúa abierta, y ha recordado que ha conllevado también el internamiento en un centro de uno de los detenidos menores de edad
18 de noviembre de 2019
El Juzgado de Instrucción número siete de Granada ha decretado prisión provisional para ocho de los adultos detenidos el pasado jueves en la operación Cake contra el tráfico y cultivo de marihuana en la zona norte de la capital granadina.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estos ocho detenidos pasaron este pasado domingo a disposición del juez, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigados por supuesta pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Junto a ellos, pasaron a disposición judicial otros cuatro detenidos, que quedaron en libertad, investigados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, han agregado desde el TSJA.
Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, a preguntas de los periodistas sobre esta operación de la Policía Nacional, ha especificado que continúa abierta, y ha recordado que ha conllevado también el internamiento en un centro de uno de los detenidos menores de edad.
Para el otro menor detenido que pasó a disposición de la Fiscalía de Menores el pasado viernes, el Ministerio Público interesó la imposición de una medida cautelar de libertad vigilada.
Según informó la Policía Nacional en una nota de prensa el pasado jueves, la operación Cake conllevó un total de 14 detenciones y 18 registros domiciliarios, en una jornada en que se desplegaron más de 200 agentes y medios aéreos en el distrito Norte de Granada capital, desde primera hora de la mañana.
En estas primeras horas de la operación los agentes también se incautaron de más de 300 plantas de marihuana y más de 20 kilogramos de cogollos.
Según informaron desde el TSJA, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que se encontraba en funciones de guardia, fue el encargado de las diligencias judiciales relativas a esta operación policial, y decretó el secreto de sumario.
La operación conllevó en la práctica que se blindaran distintas zonas de barriadas del distrito, con continuos controles policiales que levantaron la expectación de los vecinos.
En las últimas semanas, la problemática de los cortes en el suministro eléctrico que afectan a la zona norte, y que se relacionan con el cultivo ilegal de marihuana, había llevado a un encierro de una semana del Defensor de la Ciudadanía en Granada, Manuel Martín, y a una visita del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que llamó a las administraciones a unir esfuerzos contra esta situación.
La explosión de la pirotecnia con tres muertos en Guadix hace un año sigue a la espera de juicio
En una causa de especial complejidad, los trámites continúan adelante, y el juez sigue pendiente de recibir algunas aclaraciones de los especialistas del Tedax sobre las causas de la deflagración
16 de noviembre de 2019
La instrucción judicial sobre la explosión con tres muertos registrada hace un año en la Pirotecnia María Angustias de Guadix (Granada) sigue abierta a la espera de, entre otros trámites, recibir algunas aclaraciones de los especialistas del Tedax sobre las causas y tomar declaración como testigos a miembros de la familia propietaria de la empresa, que no tiene previsto retomar su actividad.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han señalado que la instrucción de este accidente laboral, que tuvo lugar el pasado 12 de noviembre de 2018, sigue tramitándose desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Guadix, que lleva también la investigación del registrado a finales del pasado mes de septiembre en otra pirotecnia accitana, la de Francisco López Franco, que se encuentra muy próxima a la otra empresa y se saldó con dos trabajadores muertos.
En una causa de especial complejidad, los trámites continúan adelante, y el juez sigue pendiente de recibir algunas aclaraciones de los especialistas del Tedax sobre las causas de la deflagración para poder avanzar en la investigación.
La explosión de hace un año se registró en torno a las 18,30 horas y se sintió tanto en esta como en otras localidades, cobrándose la vida de tres trabajadores de 30, 55 y 52 años; de este último era su primer día en la empresa, mientras que el de 55 años tenía una extensa experiencia a sus espaldas. La tercera víctima era uno de los gerentes de la pirotécnica, parte de la cuarta generación de la familia propietaria.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que varios familiares propietarios, que aseguran que se cumplían todas las medidas de seguridad, están a la espera de ser llamados a declarar como testigos, y que no se ha formalizado aún ninguna acusación particular en el procedimiento.
La familia no ha vuelto abrir el negocio desde hace un año, ni hay previsión de que vaya a hacerlo, en un momento en que el sector sufre continuos cambios en cuanto a la normativa que se va implementando sobre medidas de seguridad, las cuales los sindicatos han pedido que se refuercen tras los últimos accidentes que han afectado a Guadix.
El grupo de la Guardia Civil donde fueron depositados los explosivos rescatados de la pirotecnia solicitaron autorización para su destrucción, lo que propició que la Fiscalía pidiera un informe a los Tedax sobre si era necesario para la investigación de la causa mantenerlos guardados.
Junto a ello, el juzgado resuelve desde hace meses algunas peticiones de personación por parte de algunas mutuas de seguros que quieren ser parte en el procedimiento judicial, según han precisado las fuentes consultadas.
Los responsables de la Pirotecnia María Angustias, fundada en 1889, siempre han mantenido que cumplían con las medidas de seguridad estipuladas para la preparación de los cohetes voladores que se estaban manipulando en el momento de la explosión y que habían pasado inspecciones poco antes del suceso.
Vuelven a señalar el juicio contra el acusado de blanquear un millón de euros procedente de China
La Fiscalía de Granada pide tres años y medio de prisión para este procesado, que actuaba supuestamente "a sabiendas de la procedencia ilícita de ese dinero y por orden de los referidos súbditos chinos"
16 de noviembre de 2019
La Audiencia Provincial de Granada ha vuelto a señalar para el próximo 28 de noviembre el juicio contra un ciudadano español acusado de un supuesto delito continuado de blanqueo de dinero procedente de "actos criminales o delictivos" por valor de al menos 972.000 euros, que le fueron haciendo llegar una pareja de súbditos chinos para la compra de bienes inmuebles en España.
Estaba previsto que los hechos fueran juzgados el pasado 20 de septiembre de 2018 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, en un juicio que ya había sido señalado previamente para el 14 de diciembre de 2017.
La Fiscalía de Granada pide tres años y medio de prisión para este procesado, que actuaba supuestamente "a sabiendas de la procedencia ilícita de ese dinero y por orden de los referidos súbditos chinos", de los cuales el varón fue extraditado a su país en virtud de una orden internacional de detención notificada por Interpol, y su compañera sentimental está en paradero desconocido, según consta en su escrito de acusación provisional el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
El fiscal califica alternativamente los hechos como constitutivos de un delito continuado de blanqueo de dinero por imprudencia grave, por los que pediría un año y nueve meses de prisión para el acusado, que está previsto que sea juzgado el próximo 28 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
El Ministerio Público --que también pide al procesado multa de 1,8 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión e industria por dos años, y clausura de su empresa inmobiliaria-- señala que los ciudadanos chinos, "con la finalidad de esconder el origen ilegal del referido patrimonio y aflorarlo de manera lícita, invirtieron grandes sumas de dinero en España mediante la adquisición de bienes inmuebles".
Para ello, recurrieron al acusado y a otro súbdito chino con residencia en España, en paradero desconocido actualmente, siendo "utilizados" ambos "para disponer del amplio patrimonio perteneciente" a la pareja.
El acusado recibió un poder del varón extraditado a China para operar con su dinero. Este último se trasladó a Granada para, por escritura pública el 18 de julio de 2013, concederle también un poder especial para comprar inmuebles, contratar suministros, y representarlo ante Hacienda y organismos públicas, así como "retirar e ingresar metálico" de sus cuentas corrientes "por medio de cheques o libretas".
Ese mismo día, una cuenta fue abierta a nombre del súbdito chino con residencia en España, sacando el acusado de la misma, el día 23 de agosto de 2013, 220.000 euros para la compra de una finca. Una operación similar se repitió el 3 de septiembre de 2013 por valor de 580.000 euros.
Asimismo, el 12 de diciembre de 2013 el acusado inscribió en el Registro Mercantil una empresa en la que figuraba como socio con su compañera sentimental para actividades inmobiliarias, construcción, instalaciones y mantenimiento, y también gestión y administración, comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, importación y exportación.
Sacaba supuestamente importantes cantidades de dinero de la cuenta y las ingresaba en esta empresa "para hacer legal tal dinero, así como los honorarios que se cobró con ese dinero ilícito por el trabajo que les realizó a dichos súbditos chinos", en concreto, 75.000 euros el día 8 de octubre de 2013, y otras cantidades inferiores.
Condenado a más de 20 años por asesinar al socio cuyo cadáver apareció en un maletero en Huelva
El condenado por el asesinato, que, como los otros dos, de 56 y 34 años, ha estado en prisión provisional por estos hechos, deberá indemnizar con un total de 310.000 euros a los familiares de la víctima
15 de noviembre de 2019
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a 21 años y medio de cárcel al hombre de 37 años al que un jurado popular consideró culpable de haber matado a un socio con el que tenía una plantación de marihuana cuyo cuerpo sin vida apareció en el maletero de su coche, abandonado en un aparcamiento de Huelva, imponiendo penas de dos años y tres meses de prisión para dos amigos suyos por encubrir el crimen.
Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que detalla que el condenado por el asesinato, que, como los otros dos, de 56 y 34 años, ha estado en prisión provisional por estos hechos, deberá indemnizar con un total de 310.000 euros a los familiares de la víctima, 70.000 euros para cada uno de sus tres hijos, y 50.000 para sus padres.
El jurado popular declaró el pasado 20 de octubre culpables a los tres acusados, al primero por un delito de asesinato y a los otros dos por delitos de encubrimiento, descartando el de asesinato para uno de ellos, como pedía la acusación particular.
En su lectura del veredicto, el jurado consideró probado que el principal acusado de este juicio mató con alevosía a quien había sido su amigo y socio en un negocio de cultivo de una plantación de marihuana que tenían en una nave en el polígono industrial Los Álamos de Atarfe, en el área metropolitana de Granada.
El delito de asesinato puede alcanzar los 25 años de pena, como pedía la acusación particular, que ha ejercido el letrado José Ángel Plaza, en nombre de la familia de la víctima, si bien la Fiscalía contempló que pudieran ser 15, habiendo decidido finalmente la magistrada presidenta del tribunal la imposición de una pena de 20 años, a lo que ha sumado otra de un año y medio por la comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.
Para los otros dos procesados, la Fiscalía pedía tres años de prisión por un delito de encubrimiento, si bien la acusación particular solicitaba para uno de ellos 18 años al considerar que era copartícipe del asesinato. Finalmente, la juez los condena a ambos a dos años y tres meses de prisión como encubridores. Las tres defensas han anunciado que recurrirán en apelación ante al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los hechos probados aluden a que la víctima y el asesino eran amigos desde la infancia y mantenían además una relación comercial por el cultivo de una plantación de marihuana que tenían en una nave en el polígono de Atarfe.
Tras hacer las primeras cuentas del negocio, según consta en la sentencia, "surgieron fuertes discrepancias" entre el condenado por asesinato y su socio "sobre el reparto de beneficios" al no estar de acuerdo el primero "con las condiciones" que el otro "le imponía", por lo que su amistad se fue transformando en "animadversión".
Ambos se habían citado en la nave el día del crimen, el 6 de abril de 2016, cuando el ahora condenado aprovechó que su amigo viajaba solo para esperarle dentro de la nave y acecharle con la intención de acabar con su vida.
El condenado por asesinato y otra u otras personas no determinadas, entre las que la juez señala que no consta que estuviera uno de los supuestos encubridores, "se abalanzaron" sobre el luego fallecido, "le asestaron uno o varios golpes en la cabeza que le dejaron aturdido, lo que aprovecharon para colocarle sobre la cabeza una bolsa de plástico", y le siguieron golpeando.
Posteriormente, utilizando un revólver del calibre 38 u otra arma de fuego similar, efectuó varios disparos los cuales alcanzaron a la víctima "en la cabeza y otras partes del cuerpo".
"CHARCO DE SANGRE"
Tras caer mortalmente herido en el suelo de hormigón de la nave, quedó tendido en un "gran charco de sangre" para luego fallecer. El asesino comentó lo ocurrido con sus dos principales amigos y socios en el negocio de la marihuana y les "solicitó su colaboración para hacer todo lo necesario para eliminar los vestigios" del crimen.
En cuanto al traslado del cadáver en el maletero de su automóvil hasta Huelva fue el propio condenado por asesinato "o alguien no identificado a su encargo" quien lo hizo, especifica la sentencia.
Después de que los vecinos denunciaran el fuerte olor que provenía del coche, que no reconocían como habitual en la zona, agentes de la Policía descubrieron el cadáver del hombre en el maletero.
