Tribunales
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Abren juicio oral a Torres Hurtado en la causa del expediente Registrador del caso Nazarí
En este caso se investigan posibles delitos de asociación ilícita/organización criminal; prevaricación (común y urbanística); tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y contra la ordenación del territorio
3 de agosto de 2020
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha abierto juicio oral contra el que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado, y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, con otros cuatro procesados, por la causa del conocido como expediente Registrador, pieza separada del caso Nazarí, en que se investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de la capital granadina en la anterior etapa de gobierno local del PP.
El órgano competente para celebrar este juicio es la Audiencia Provincial de Granada, según consta en el auto de apertura de juicio oral emitido este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press. En este caso, en que ejercen la acusación popular el PSOE y el empresario Ramón Arenas, se investigan posibles delitos de asociación ilícita/organización criminal; prevaricación (común y urbanística); tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y contra la ordenación del territorio.
El expediente Registrador gira en torno a supuestas irregularidades en la reforma realizada en el Registro de la Propiedad 6 de Granada, ubicado en la calle Tórtola. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Granada habían pedido el sobreseimiento provisional. En concreto, el Ministerio Público consideró "innegable" que "se han cometido irregularidades", pues se habrían ejecutado por el promotor una serie de actuaciones (entreplanta y escalera) "no amparadas en la licencia".
No obstante, atendiendo al informe emitido en su momento por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, matizó que, "dado que lo ejecutado es susceptible de legalización", los hechos deben ser resueltos en la vía administrativa, mediante la incoación de expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística si procediera y "sancionador en su caso".
Por esta causa, junto con Torres Hurtado, a quien el PSOE no acusó, y Nieto, se sentarán en el banquillo tres funcionarios municipales y el registrador, si bien queda apartado el que fuera director general de Obras del Ayuntamiento, Manuel Lorente, que inicialmente estaba procesado, al no ser acusado por ninguna de las partes.
Por otra parte, Torres Hurtado fue absuelto este pasado mes de julio en el llamado 'caso Serrallo', que sentó en el banquillo de los acusados a un total de 17 personas, y aunque recibió esta sentencia con satisfacción lamentó el "daño horrible" que se le ha provocado y que "ya no tiene remedio".
También este lunes la juez instructora de las piezas del caso Nazarí ha emitido una providencia, consultada por Europa Press, en que acuerda tener por apartado a Podemos-IU en el procedimiento abreviado del Registrador, por no haber abonado un montante como fianza de 5.000 euros que se le pedía para ejercer la acusación popular.
La confluencia expuso anteriormente al Juzgado de Instrucción 2, en un escrito consultado por Europa Press, que lo entendía "excesivo en su cuantía para un grupo municipal que no dispone de recursos económicos", destacando también su sorpresa por "la postura del Ministerio Fiscal de solicitar el sobreseimiento de la causa en estos momentos procesales".
Fiscalía pide 10 años de prisión para una mujer acusada de apuñalar a su novio en La Rábita
El juicio contra ella está fijado para el 28 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada
2 de agosto de 2020
La Fiscalía ha solicitado la pena de diez años de cárcel para una mujer acusada de apuñalar a su pareja con un cuchillo de cocina en su domicilio de La Rábita-Albuñol (Granada), donde el hombre pudo andar unos metros hasta la calle antes de caer al suelo y ser socorrido por un vecino.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 18:30 horas del 9 de diciembre de 2018, cuando la víctima, de 24 años, se encontraba en su domicilio junto a la procesada, que por entonces era su pareja sentimental.
La mujer, identificada como M.Z. y de 24 años en la actualidad, inició una discusión en cuyo curso cogió un cuchillo de cocina de diez centímetros de hoja y, con la "intención de acabar con la vida" de su pareja le asestó una puñalada en el bajo vientre. Él, "incrédulo de lo que le acababa de pasar", salió a la calle a pedir auxilio, donde anduvo unos metros hasta caer al suelo, donde fue socorrido por un vecino.
La Fiscalía mantiene que la herida que le causó la acusada, de la que tardó dos meses en sanar, "supuso un grave riesgo" para su vida al afectar a una arteria vital y al intestino delgado, de modo que de no ser por la atención urgente que le prestaron los servicios sanitarios habría fallecido. El Servicio Andaluz de Salud reclama a la acusada 4.309 euros por los gastos derivados de la asistencia sanitaria.
La Fiscalía acusa a la mujer, que está en prisión provisional por estos hechos, de un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de reincidencia y de parentesco.
Además de la pena de cárcel --diez años menos un día--, solicita que se le imponga la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante diez años. El juicio contra ella está fijado para el 28 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
Piden 7 años de prisión para los presuntos responsables de una patera que trasladó a 90 migrantes
La Fiscalía les acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y serán juzgados el próximo 14 de septiembre
1 de agosto de 2020
La Fiscalía de Granada ha solicitado siete años de prisión para los tres presuntos responsables de una patera que en diciembre de 2019 trasladó de forma ilegal desde las costas marroquíes hasta territorio español a 90 migrantes de origen subsahariano poniendo "en grave riesgo su vida", dado que la embarcación estaba dañada y portaba varias garrafas de combustible.
Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2019, cuando los acusados, de nacionalidad senegalesa, en connivencia con otras personas que no han sido identificadas, organizaron el traslado ilegal de estos 90 inmigrantes, que procedían de Mali, Guinea, Costa de Marfil y Senegal.
Para ello, "se repartieron las funciones de organización del viaje" de tal modo que uno se encargó del "pilotaje y manejo" de la patera; otro "organizaba a los pasajeros y les daba órdenes durante el trayecto" y el tercero "controlaba la brújula para orientar la navegación", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
Para el traslado, que ha investigado el Juzgado de Instrucción 2 de Motril, usaron "una embarcación neumática de ocho metros de eslora y dos metros de manga equipada con un motor fueraborda".
No obstante, la embarcación en la que viajaron hacinadas las 90 personas "carecía de salvavidas suficientes, estaba dañada en su parte inferior provocando una vía de agua, carecía de sistema de aviso de emergencia y portaba", a su vez, "garrafas de combustible, por lo que el viaje comportó un grave riesgo para la vida de sus ocupantes".
Además, en el trayecto se vivieron "episodios de pánico entre los pasajeros" antes de que la embarcación fuera detectada por el Frontex y sus ocupantes rescatados por Salvamento Marítimo. Uno de ellos llegó a pagar por el viaje 2.800 euros a una persona que no ha sido identificada.
Los tres acusados, que se encuentran en situación irregular en España, están en prisión provisional por estos hechos desde el 11 de diciembre de 2019.
La Fiscalía les acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y serán juzgados el próximo 14 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
TSJA confirma 25 años de cárcel para el acusado de matar a tiros a su mujer en Guadahortuna
La sentencia de la Audiencia de Granada que ahora ha sido confirmada considera probado que el acusado acudió, el 16 de junio de 2018, al domicilio familiar, en el que ya no vivía por su "inclinación" a la bebida
30 de julio de 2020
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a 25 años de prisión por delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas para el hombre al que un jurado popular declaró culpable de matar a tiros a su mujer, de la que se estaba separando, en Guadahortuna (Granada) en junio de 2018.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal andaluz desestima íntegramente el recurso presentado por el acusado y estima parcialmente el de la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, en relación a las prohibiciones de residir, acercarse y comunicarse con los familiares de la mujer, que entonces tenía 43 años.
La sentencia de la Audiencia de Granada que ahora ha sido confirmada considera probado que el acusado acudió, el 16 de junio de 2018, al domicilio familiar, en el que ya no vivía por su "inclinación" a la bebida.
Portaba supuestamente un revólver para cuyo uso no tenía licencia con "el propósito de dar muerte" a la madre de sus hijos. Al llegar cerca del domicilio divisó cómo ella estaba de espaldas y le disparó.
Esto le provocó "una parálisis súbdita de los miembros inferiores" a la víctima a la que, ya en el suelo, realizó un segundo disparo a la región abdominal. Por último, "con intención de asegurar la muerte" le descerrajó un tiro a quemarropa en la cabeza.
"Una vez consumado su propósito" se dirigió a la casa de su madre, donde vivía. Mientras tanto, una patrulla de agentes de la Guardia Civil fue al lugar de los hechos, donde un vecino les indicó hacia dónde había ido el acusado.
Cuando los agentes le dieron el alto obedeció, alzó las manos y se dirigió hacia ellos diciendo: "madre mía, qué es lo que he hecho... ella está bien, ¿está viva?".
El Ministerio Público destacó en la vista oral que el matrimonio llevaba unos meses separado, lo que el acusado "no aceptaba en la creencia de que su esposa pudiera mantener alguna otra relación con otra persona". Por ello, en otras ocasiones, se había dirigido a ella "con insultos y admoniciones de muerte", a lo que ningún miembro de la familia prestó atención.
PSOE pide 12 años de inhabilitación para Torres Hurtado en una pieza separada del 'caso Nazarí'
La acusación popular ejercida por los socialistas expone que tanto Torres Hurtado como Isabel Nieto participaron como promotores en la construcción de este edificio en la calle Obispo Hurtado, donde además ambos residen
29 de julio de 2020
El PSOE ha solicitado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, en la pieza separada del 'caso Nazarí' relativa al expediente Obispo Hurtado por un supuesto delito de prevaricación común y ha solicitado para ambos la pena de doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público.
En el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular ejercida por el PSOE expone que los dos acusados participaron como promotores en la construcción de este edificio en la calle Obispo Hurtado, donde además ambos residen.
Recalca que los dos eran partícipes en la promoción del inmueble de "forma simultanea a sus respectivas responsabilidades políticas como alcalde y concejala", lo que "generó un conflicto de intereses y una falta de transparencia que no fue resuelto con arreglo a las determinaciones legales, ni mucho menos al código de buenas practicas en el ejercicio de la función pública".
Agrega que las exigencias urbanísticas de esta promoción fueron "relevantes", a tenor de lo dispuesto en el PGOU y en el Plan Especial Centro, y en todas las incidencias intervinieron de "manera decidida los acusados, con la finalidad de promover la rápida finalización y ocupación del inmueble en el que ya tenían adjudicadas determinadas unidades" (...) resolviendo obstáculos que "de otra manera resultarían insalvables".
En PSOE mantiene así que, "con pleno conocimiento", desde el inicio de la tramitación administrativa de la licencia de obras de este inmueble se "permitió un incumplimiento normativo y se posibilitó la legalización del mismo autorizando la ocupación del inmueble (...) a plena sapiencia de que los acuerdos que se adoptaban no se atenían a la ley".
El pasado 30 de junio el PSOE presentó su escrito de acusación en la pieza separada del expediente Registrador, en el que aparta a Torres Hurtado del proceso y solicita un total de cuatro años de prisión, 14 de inhabilitación y 10.800 euros de multa para Isabel Nieto, el exdirector general de Licencias y un registrador de la propiedad por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias.
La Fiscalía ha solicitado por su parte el archivo de estas dos piezas separadas del llamado 'caso Nazarí', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en la anterior etapa de gobierno del PP en la ciudad y que supuso la detención en 2016, y posterior dimisión, tanto de Torres Hurtado como de Isabel Nieto.
