Tribunales
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Se enfrentan a cárcel este miércoles por supuestas lesiones mutuas en una trifulca
El fiscal pide que se les impongan órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación entre ellos
25 de enero de 2022
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar este miércoles un caso en que la Fiscalía ha pedido penas de prisión para un hombre y una mujer por supuestas lesiones mutuas en el marco de una "acalorada discusión" en Maracena, en el área metropolitana de Granada, en la que ella habría utilizado un "objeto punzante no determinado".
Según ha indicado el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en la trifulca también habría tomado parte una mujer que acompañaba al procesado, pidiendo el ministerio público para la principal acusada, de nacionalidad senegalesa, penas de cinco años de prisión por dos supuestos delitos de lesiones, interesándose la sustitución de parte de la condena por la expulsión del territorio nacional.
La mujer que acompañaba al procesado, el cual se enfrenta a 18 meses de prisión, también por supuestas lesiones, habría sufrido corte incisivo desde la frente hasta el labio superior y "herida incisa" en el inferior, y otra en la mama derecha.
En esta primera agresión, el procesado habría sido lesionado con resultado de "herida profunda en brazo izquierdo", antes de agredir supuestamente, a su vez, a la otra acusada. De esta última constan, en el escrito del fiscal, "lesiones consistentes en fractura extremo distal del radio izquierdo con desplazamiento dorsal, contusión en hombro derecho y rectos anteriores del abdomen", junto con dolores en distintas áreas del cuerpo y "fractura extremo distal de radio".
Además de las penas de cárcel, el fiscal pide que se les impongan órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación entre ellos.
La Audiencia ordena a la jueza concluir la instrucción del caso Nazarí después de cinco años
Varias de estas piezas ya han sido archivadas y actualmente están pendientes tres
24 de enero de 2022
La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que concluya la investigación del llamado caso Nazarí y de todas las piezas separadas que quedan pendientes en este procedimiento, cuya instrucción se ha prolongado durante casi cinco años, dejando sin efecto la pretensión de la jueza de prorrogar seis meses más las actuaciones al no verlo justificado y anulando todas las diligencias de investigación practicadas a partir del 29 de julio de 2021.
En un reciente auto contra el que no cabe recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia estima el recurso presentado por varios de los investigados contra el auto por el que el juzgado acordó la prórroga de la instrucción por seis meses, el cual ha revocado y dejado sin efecto por entender que el plazo límite que permite la ley ya se ha agotado. Junto a ello, la Sala recuerda a la jueza que la prórroga de la instrucción es una medida "excepcional" y siempre que concurran "razones que lo justifiquen" y que "hay que motivar".
"Ni se expresa la razón por la que la causa dura, ya no doce meses, sino prácticamente cinco años, ni se hace alusión al acotamiento de las diligencias que son imprescindibles para practicar en el futuro", señala el auto de la Audiencia Provincia sobre el caso Nazarí, el cual motivó en 2016 la detención y posterior dimisión del que fuera alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), desencadenando el cambio de gobierno en la ciudad.
En consecuencia, la Audiencia determina que solo tendrán validez las diligencias de investigación que se acordaron antes del 29 de julio de 2021 y bajo esta premisa ordena a la jueza "concluir la instrucción, dictando la resolución que estime oportuna tanto en la presente causa como en sus respectivas piezas"; esto es, archivando o siguiendo el trámite para que los procedimientos vayan a juicio.
Varias de estas piezas ya han sido archivadas y actualmente están pendientes tres, las conocidas como expediente Campus; expediente San Jerónimo y expediente Mulhacén, después de que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada absolviera al exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, de los delitos de los que fueron juzgados por el 'expediente Obispo Hurtado'.
La Audiencia Provincial ratificó en su momento la decisión de la instructora de prorrogar las actuaciones por 18 meses y se concluyó que el plazo límite de la instrucción, sin posibilidad de más prórroga era el 23 de junio de 2020, "fecha en la que había de tener por agotados todos los plazos, tanto el inicial de seis meses como el ordinario de prórroga, así como el excepcional por nuevo periodo de 18 meses".
Esta fecha, que afectaba a todas las piezas del caso Nazarí, se vio alterada por la pandemia --que prácticamente paralizó durante tres meses la actividad judicial-- y la entrada en vigor de una reforma legal, propiciando que "por decisión legal" los plazos de la instrucción del caso se prorrogaran hasta el 29 de julio de 2021.
En su auto, la Sección Segunda de la Audiencia reconoce además que "no comprende el tratamiento unitario que se hace --desde el Juzgado de Instrucción --en cuanto a la duración de la investigación" cuando no es una sola sino "múltiples" a tenor de las distintas piezas y en consecuencia, según sostiene, "las razones para la prórroga deberían ser distintas, al igual que las diligencia a practicar en el futuro".
El Tribunal Supremo confirma la ilegalidad del tanatorio de Castril por estar entre viviendas
El Ayuntamiento de Castril recurrió la resolución del juzgado contencioso-administrativio, pero el TSJA también falló a favor de los vecinos
24 de enero de 2022
El Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad del tanatorio de Castril (Granada), ubicado entre varias viviendas, respaldando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ya en 2019 ordenó al Ayuntamiento su cierre, tras el perjuicio ocasionado a los vecinos, que han visto vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar por esta actividad funeraria.
Esta sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, pone fin a un conflicto que se remonta a 2014, cuando los vecinos afectados interpusieran un contencioso al Ayuntamiento en el que reclamaban que el tanatorio dejara de funcionar. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada les dio la razón reconociendo que "han sufrido molestias por el ejercicio sin licencia" del tanatorio, "con una actividad en suelo residencial que no permite la normativa".
El magistrado advertía además de que las manifestaciones de los vecinos sobre esas molestias no eran "meras conjeturas", al haberse producido un "atentado" a su intimidad personal y familiar, "que se ha visto inquietada por la actividad sin licencia denunciada".
El Ayuntamiento de Castril recurrió esta resolución, pero el TSJA también falló a favor de los vecinos recalcando que ante la falta de previsión urbanística sobre la ubicación del tanatorio, no cabe calificar la actividad como comercial ni compatible con el uso residencial, como se ha hecho en este caso, sino que ha de equipararse con el uso industrial "e incompatible por tanto con el de vivienda".
Tras el recurso de casación presentado por el ayuntamiento, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo matiza que no puede pronunciarse al respecto, "habida cuenta de que toda la regulación sobre la planificación, como casi toda la normativa de naturaleza urbanística, es de competencia autonómica", por lo que, "al no tratarse de normativa estatal" carece de competencia y declara que no ha lugar al recurso de casación. Con esta resolución del Supremo, contra la que no cabe recurso y que adelanta el diario 'Ideal', quedan confirmadas las sentencias anteriores en favor de los vecinos.
Los abogados que han defendido sus intereses, Javier López García de la Serrana y Vanessa Fernández Ferré, del bufete granadino HispaColex, señalan que ni el planeamiento municipal de Castril ni la normativa autonómica andaluza en materia sanitario-mortuoria prevén esta compatibilidad de usos, "resultando improcedente la instalación de un tanatorio en una zona de uso global residencial con los consiguientes perjuicios que vienen sufriendo los vecinos desde hace varios años ante la pasividad municipal".
TANATORIOS SIMILARES
Este despacho granadino ya logró con anterioridad el cierre de los tanatorios de Caniles, Alomartes y La Malahá. Para el letrado Javier López García de la Serrana "nadie puede pensar, pese a la falta de regulación, que un tanatorio puede situarse en el centro de cualquier localidad, y es que ante ese vacío legal, muchos ayuntamientos lo han colocado en el centro del núcleo urbano y eso no se puede permitir según esta reciente sentencia del Tribunal Supremo".
El letrado explica a Europa Press que en este momento están valorando solicitar una compensación al Ayuntamiento por los daños morales sufridos durante estos años que ha durado el procedimiento, cuyo inicio se remonta al año 2014, pues "han tenido que convivir con un tanatorio como vecino, lo que es muy parecido a los casos de daños morales causados por ruido, donde se ha condenado a ayuntamientos al permitir que hubiera establecimientos que no cumplían con la normativa de ruidos obligando a los vecinos a soportar una actividad ilegal".
García de la Serrana destaca que esta sentencia del Tribunal Supremo da a este caso "una trascendencia nacional, pues se ha creado una doctrina jurisprudencial que es aplicable en todos los municipios de España".
Acepta 5 años de prisión por apuñalar con un cuchillo de carnicero a un hombre en una discusión
La Sala considera que de no haber sido operado de manera inmediata como sucedió podría haber muerto a causa de las lesiones sufridas
23 de enero de 2022
La Audiencia de Granada ha condenado a cinco años de prisión por un delito de tentativa de homicidio a un hombre que intentó matar a otro de varias puñaladas con un cuchillo de carnicero a raíz de una discusión que mantuvieron en una vivienda de Granada capital, hechos que el acusado reconoció durante el juicio aceptando esta pena.
La agresión se produjo sobre las 21,00 horas del pasado 28 de diciembre de 2016, cuando el acusado, de nacionalidad marroquí, se encontraba junto a otros hombres magrebíes en el interior de una vivienda de Granada, donde entabló una discusión verbal con la víctima.
Ambos salieron a la calle, portando el acusado un cuchillo tipo carnicero con una hoja de unos 30 centímetros con la "inequívoca pretensión de acabar con la vida de su oponente", según consta en la sentencia de conformidad dictada por la Sección Segunda de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El acusado asestó dos puñaladas a la víctima con el cuchillo de carnicero. La primera pudo esquivarla con el brazo, aunque resultó herido en la mano derecha, pero inmediatamente le propinó otra en el abdomen que sí le alcanzó. La víctima comenzó a sangrar abundantemente y tuvo que ser evacuado a un hospital.
La Sala considera que de no haber sido operado de manera inmediata como sucedió podría haber muerto a causa de las lesiones sufridas, por lo que condena al acusado a cinco años de prisión por tentativa de homicidio, así como a indemnizar a la víctima en 57.500 euros por las lesiones y las secuelas sufridas. Además, no podrá acercarse a menos de 200 metros del hombre durante un plazo de diez años.
La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para una pareja por vender droga en su domicilio
Serán juzgados el próximo 27 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada
22 de enero de 2022
La Fiscalía ha solicitado la pena de cuatro años y medio de prisión y multa de 3.000 euros para una pareja acusada de traficar a pequeña escala con cocaína y marihuana desde su vivienda de la zona Norte de Granada, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
La Policía Nacional tenía sospechas de que en el domicilio donde residían los acusados, un hombre y una mujer de nacionalidad española, se estaba vendiendo droga "todos los días y a todas horas", por lo que desplegó varios dispositivos de vigilancia en agosto de 2014 con agentes de paisano en torno a esta residencia, conocida como 'El Punto de las Nieves'.
Tras constatar sus sospechas, los agentes lograron, en septiembre de ese año, autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio, donde el acusado, al ver llegar a los agentes, "subió rápidamente a la planta superior y arrojó por el inodoro algunas papelinas" y otras tantas por la ventana que fueron recuperadas.
Además de 38 plantas de marihuana en proceso de secado, los agentes intervinieron algo más de un gramo de cocaína, otro de heroína y cerca de 200 gramos de cannabis, junto a numerosos útiles para la preparación y venta de las dosis. La Fiscalía les acusa de un delito contra la salud pública por el que serán juzgados el próximo 27 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
