El exconcejal de Urbanismo de Alhendín defiende que la gasolinera del 'caso Marchelo' contó con informes favorables
Manuel Fernández niega haber recibido indicaciones del entonces alcalde para aprobar las licencias, mientras la Fiscalía sostiene que la actividad contravenía la normativa urbanística
El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alhendín Manuel Fernández ha defendido este martes ante la Audiencia de Granada que la gasolinera investigada en la última pieza separada del 'caso Marchelo' contó con los informes favorables de los técnicos municipales. También ha negado haber recibido "indicaciones" del entonces alcalde, José Guerrero (PP), propietario de los terrenos, para votar favorablemente las licencias que permitieron la construcción de la instalación.
Fernández ha sido el primero de los seis acusados en declarar en un juicio que afronta su desenlace después de una instrucción de la macrocausa que se ha prolongado durante casi veinte años. La pieza ha quedado archivada provisionalmente respecto al exalcalde, actualmente nonagenario, por motivos de salud.
El expediente de la gasolinera se tramitó entre 2002 y 2003. Tanto Fernández como los otros dos exconcejales acusados han sostenido que no participaban directamente en la elaboración de los expedientes urbanísticos que llegaban a la Junta de Gobierno Local, donde podían abordarse una media de 60 asuntos mensuales. Según sus declaraciones, desconocían los pormenores del proyecto y votaron favorablemente las diferentes licencias porque disponían de informes técnicos favorables y entendieron que "todo estaba bien".
El exresponsable de Urbanismo ha afirmado que desconocía que los terrenos pertenecían al alcalde hasta una Junta de Gobierno Local celebrada en septiembre de 2003, cuando Guerrero se "abstuvo de votar" por "tener alguna implicación". Los otros dos antiguos concejales han ofrecido versiones similares sobre el momento en el que tuvieron conocimiento de la propiedad de los terrenos.
La Fiscalía cuestiona la calificación urbanística
La Fiscalía mantiene que los terrenos estaban clasificados como "suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar", por lo que, según su tesis, la instalación de una gasolinera contravenía la normativa urbanística. La acusación pública sostiene además que posteriormente se produjo un presunto cambio fraudulento en la clasificación del suelo para permitir la construcción y explotación comercial del negocio.
Fernández ha asegurado no recordar cuál era exactamente la calificación del terreno en aquel momento y ha señalado que era el secretario quien incorporaba la documentación a los expedientes. También ha defendido que la modificación del PGOU se realizó "por otras muchas cosas" y ha negado que existieran "directrices" destinadas a legalizar la gasolinera.
Los otros dos exediles acusados han negado igualmente que el entonces alcalde tratara de condicionar sus votos y han afirmado que no obtuvieron ningún beneficio por la aprobación de las licencias.
También ha comparecido el arquitecto técnico que emitió los informes favorables, quien se ha ratificado en ellos y ha rechazado haber actuado contra la legalidad urbanística. El técnico ha asegurado que desconocía que los terrenos pertenecieran al alcalde porque en aquella época "no se pedían títulos de propiedad para la concesión de licencias" y ha negado haber recibido indicaciones sobre el expediente.
Respecto al uso del suelo, ha explicado que era predominantemente residencial, aunque podían admitirse determinadas actividades industriales individuales o familiares que "no generaran molestias". El técnico solicitó una justificación externa sobre el encaje de la gasolinera en esta categoría que, según ha expuesto la Fiscalía durante el juicio, fue encargada a ingenieros que trabajaban con los empresarios de la instalación.
La Fiscalía pide penas de hasta 21 meses de prisión
La Fiscalía formula acusación por delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa. Solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales y el técnico municipal, mientras que para el empresario acusado reclama 21 meses de cárcel. También interesa la nulidad de la licencia concedida a la gasolinera.
Durante las cuestiones previas, la defensa de Manuel Fernández, ejercida por Rafael López Guarnido, ha solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas a su cliente en 2006 al considerar que carecían de elementos objetivos que las justificaran. La Fiscalía se ha opuesto y ha defendido que estas intervenciones respetaron los derechos constitucionales conforme a los criterios vigentes en aquel momento.
Las defensas también han cuestionado que el empresario que ejerce la acusación particular pueda ser considerado perjudicado directo, después de que anteriormente se le denegara una licencia para instalar una gasolinera en un terreno residencial. Su abogado, José Manuel Urquiza, ha recordado que esta cuestión ya fue examinada y descartada por la Audiencia de Granada mediante un auto que no fue recurrido.
La Sala ha decidido resolver estas cuestiones en la sentencia, aludiendo a la complejidad de la controversia sobre las intervenciones telefónicas y a las dudas existentes sobre la condición de perjudicado del empresario.
El juicio tiene previsto continuar hasta este jueves.
La Audiencia de Granada juzga desde este martes la última pieza de la causa, relativa a presuntas irregularidades en la construcción de una gasolinera en Alhendín
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