Por Andalucía pide que la Junta "asuma su responsabilidad" ante el conflicto laboral del Metro
Ernesto Alba reclama mediación, una auditoría a la concesionaria y un estudio sobre la recuperación de la gestión pública directa
El Parlamento andaluz ha rechazado una Proposición No de Ley presentada por Por Andalucía para que la Junta intervenga en el conflicto laboral del Metro de Granada. La iniciativa, debatida esta semana, no ha salido adelante tras el voto en contra de PP y Vox.
El parlamentario de Izquierda Unida Ernesto Alba, encargado de defender la propuesta, ha reclamado a la Administración autonómica que asuma un papel activo en la resolución del conflicto entre la empresa concesionaria y la representación de la plantilla, al tratarse de un servicio público utilizado a diario por miles de personas en Granada y su área metropolitana.
Alba ha sostenido que garantizar un transporte público de calidad requiere también asegurar unas condiciones laborales dignas para quienes lo prestan. En este sentido, ha advertido de que la externalización de la gestión no debe diluir la responsabilidad política de la Junta, como titular del servicio.
Mediación y auditoría de la concesionaria
La iniciativa planteaba que la Administración autonómica ejerciera labores de mediación, supervisión y seguimiento del conflicto laboral. También proponía una auditoría integral para comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y contractuales de la empresa concesionaria.
Entre las reivindicaciones de los trabajadores que ha enumerado Alba figuran la equiparación salarial con el Metro de Sevilla, la reducción de jornada, el reconocimiento de la antigüedad, la adaptación de los puestos de trabajo y la ampliación de los fines de semana de descanso.
El parlamentario ha defendido que la protección de los derechos laborales de la plantilla está vinculada al funcionamiento del servicio y a los intereses de sus usuarios.
Un estudio sobre la gestión pública directa
Por Andalucía proponía además que la Junta elaborase un informe técnico, jurídico, laboral y económico sobre la viabilidad de recuperar la gestión pública directa del Metro de Granada.
Alba ha explicado que la finalidad de esta medida era analizar las distintas alternativas antes de plantear cambios en el modelo de gestión, sin dar por hecha una decisión sobre el futuro de la concesión.
Por su parte, la diputada provincial y coordinadora provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha criticado el rechazo de PP y Vox y ha reclamado a la Junta que escuche a la plantilla y garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.
Pérez ha defendido que la existencia de una concesión administrativa no debe impedir que la Administración autonómica supervise el servicio y actúe ante el conflicto laboral.
Con el rechazo parlamentario, las medidas planteadas por Por Andalucía no prosperan, mientras la formación mantiene su petición de que la Junta intervenga en la negociación y examine las distintas opciones para la gestión del Metro de Granada.
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