Adelante Andalucía acusa al PP de "criminalizar" la acampada por la vivienda en Granada
La parlamentaria Inma Manzano critica que el Ayuntamiento cuestione la legalidad de la protesta ante la Subdelegación del Gobierno en lugar de atender las reivindicaciones de los manifestantes
Adelante Andalucía ha acusado este domingo al gobierno municipal del PP en Granada de "criminalizar" la protesta por el derecho a la vivienda, después de que el Ayuntamiento haya solicitado a la Subdelegación del Gobierno que determine por escrito si la acampada instalada en la explanada del Palacio de Congresos es legal o ilegal.
La formación considera que esta iniciativa supone "poner bajo sospecha a quienes ejercen su derecho a reivindicar una vivienda digna", en un contexto de dificultades de acceso a la vivienda que, según denuncia, las administraciones no están resolviendo.
La parlamentaria andaluza por Granada, Inma Manzano, ha cuestionado que el equipo de gobierno municipal centre sus esfuerzos en aclarar la situación legal de la acampada en lugar de abordar las reivindicaciones de quienes participan en ella.
"La dinámica del PP es criminalizar la protesta y poner el foco sobre quienes se movilizan, en vez de sobre quienes están haciendo imposible acceder a una vivienda. Cuando la gente tiene que salir a la calle para defender un derecho básico, el problema no es la protesta: es que ese derecho no se está garantizando", ha manifestado.
Críticas a la política municipal de vivienda
Manzano ha reprochado al PP que, a su juicio, actúe con mayor rapidez para cuestionar las movilizaciones ciudadanas que para afrontar los problemas relacionados con los desahucios y el acceso a una vivienda asequible.
"El PP se pone muy rápido a pedir explicaciones cuando hay gente acampada para reclamar una vivienda, pero no muestra la misma determinación ante los desahucios ni ante quienes convierten un derecho fundamental en un negocio", ha afirmado.
La parlamentaria ha acusado también a los populares de favorecer los intereses de los propietarios y los fondos de inversión frente a las demandas de quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda.
Desde Adelante Andalucía sostienen que la actuación del gobierno municipal refleja una forma de gestionar las reivindicaciones sociales que, en su opinión, prioriza el cuestionamiento de las protestas frente a la búsqueda de soluciones.
La formación ha señalado entre sus principales preocupaciones las dificultades para acceder a una vivienda, los desahucios y el peso de la especulación inmobiliaria en el mercado residencial granadino.
En este sentido, ha reclamado medidas dirigidas a proteger a las personas que viven y trabajan en la ciudad.
Reproches por la respuesta a la muerte de Mari Carmen
Adelante Andalucía también ha criticado la postura del PP ante la propuesta de guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Mari Carmen, una mujer cuyo caso ha adquirido relevancia en las movilizaciones relacionadas con la vivienda en Granada.
Según la formación, la negativa de los populares a secundar ese gesto constituye una "muestra de la falta de empatía y humanidad" ante las situaciones que atraviesan las personas afectadas por la crisis habitacional.
"Lo ocurrido demuestra de qué lado está el PP y qué intereses defiende. Las instituciones tienen que estar al lado de la gente que sufre las consecuencias de la crisis de la vivienda, no levantar barreras frente a quienes la denuncian. No basta con hablar de vivienda, hay que escuchar, actuar y garantizar derechos", ha defendido Manzano.
Defienden la legitimidad de la movilización
Adelante Andalucía ha reivindicado el papel de las movilizaciones ciudadanas como instrumento legítimo para reclamar cambios en las políticas públicas y ha pedido al Ayuntamiento de Granada que evite alimentar la confrontación con quienes participan en la acampada.
La formación sostiene que la protesta instalada junto al Palacio de Congresos responde a una preocupación social por las dificultades de acceso a la vivienda y que sus reivindicaciones deben recibir una respuesta política.
En este sentido, ha señalado que la acampada "no surge de la nada", sino que constituye "la expresión de una preocupación social que merece respuestas políticas, ni sospechas ni amenazas".
Adelante Andalucía ha insistido en que la prioridad de las administraciones debe ser garantizar el acceso a una vivienda digna y adoptar medidas frente a la especulación inmobiliaria, en lugar de centrar el debate en la legalidad de la protesta.
La solicitud del Ayuntamiento a la Subdelegación del Gobierno busca aclarar la situación jurídica de la acampada, sin que en la información facilitada conste todavía una resolución sobre su legalidad.
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