CSIF Granada pide cambios en el régimen sancionador ante el aumento de las agresiones al personal sanitario en un 27% durante el último año
Con motivo del Día nacional contra las agresiones físicas y/o verbales a los profesionales del Sistema Andaluz de Salud, CSIF Granada muestra su repulsa contra este tipo de conductas, una práctica que continúa en ascenso en la provincia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama una serie de modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de adecuar el régimen sancionador establecido ante casos de agresiones a los empleados públicos que trabaja en centros del Sistema Andaluz de Salud a la realidad actual, de manera que sirva de medida disuasoria frente a conductas de este tipo, que lamentablemente continúan en aumento en la provincia y que subieron un 27% en 2019.
El sector de Sanidad de CSIF Granada indica que en 2019 se produjeron en toda la comunidad autónoma de Andalucía un total de 1.507 agresiones (físicas y no físicas) contra profesionales Servicio Andaluz de Salud, frente a las 1.234 contabilizadas durante el año anterior; en Granada se contabilizaron en 2019 un total de 114 agresiones (24 físicas y 90 mediante insultos o amenazas), lo que supone un aumento de 31 agresiones con respecto a 2018 y 38 más que en 2017, según los datos facilitados por el propio SAS.
La última agresión de la que ha tenido constancia CSIF Granada ocurrió el pasado 8 de marzo en las urgencias del Hospital de Guadix, cuando un paciente y el familiar que le acompañaba amenazaron e insultaron reiteradamente a la celadora de puerta ante lo que consideraban “una gran demora en ser atendidos”. Posteriormente, continuaron increpando a un compañero del mismo centro hospitalario que acudió en su ayuda.
CSIF, que viene denunciado esta situación durante años con la elaboración de campañas informativas y apoyo a las concentraciones de repulsa cuando se produce una agresión, considera que no es suficiente. Por ello, la Central Sindical, primera fuerza multiprofesional de la Mesa Sectorial, ha registrado a través de su Sector de Sanidad una propuesta dirigida a la Consejería de Salud y Familias de la Junta en la que plantea una serie de modificaciones en dicha norma, que sirvan para frenar las agresiones a los empleados públicos en el ámbito sanitario, contra las cuales se conmemora este jueves el Día Europeo.
La responsable del sector de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, llama a la reflexión a toda la ciudadanía “especialmente en la jornada de hoy, pero en general durante los 365 días del año porque la violencia nunca es la solución. Los profesionales de nuestro sistema sanitario merecen todo el respeto por la labor que realizan, la mayoría de las veces saturados y sobrepasados por las cargas de trabajo y los recortes sufridos durante todos estos años”.
De oficio en los casos muy graves
En concreto, las modificaciones de la Ley 16/2011 que plantea CSIF van en la línea de que “todas las infracciones sean explícitamente expresadas”, de forma que no existan márgenes de interpretación para que alguna de las conductas de este tipo queden sin sancionar, según el documento registrado por el Sector de Sanidad del sindicato.
Asimismo, se propone un nuevo apartado en la citada norma para que en los supuestos referidos a las infracciones muy graves--, la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, así como el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a los órganos de la Consejería competente en materia de salud. Con ello, CSIF propone que la Administración sanitaria actúe de oficio en estos casos.
Otro de los cambios que propone la Central Sindical es incluir un nuevo apartado con el que quedarían incluidos todos los empleados públicos que trabajan en estos centros. Igualmente, los insultos y las faltas de respeto, que actualmente no están incluidos como infracciones muy graves, quedarían recogidos en el régimen sancionador de la Ley de Salud Pública de Andalucía, en virtud de la propuesta realizada por el sindicato.
Entre las formas de acoso más detectadas por el profesorado destaca en primer lugar la exclusión social o aislamiento
