Desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social falsas para traer a familias enteras desde Marruecos
El grupo estaba formado por cuatro personas, un padre y su hijo, empresarios dedicados a la realización de trabajos agrícolas y un abogado y su pasante, esta última de origen marroquí
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal compuesto por cuatro personas, una de ellas mujer, como presuntos autores de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal, que se estarían dedicando a la falsa contratación de ciudadanos de Marruecos.
La investigación se inició a finales de 2018 al detectarse en la Oficina de Extranjeros de Granada un elevado número de solicitudes de contrataciones en origen de ciudadanos magrebíes, por parte de varias empresas agrícolas pertenecientes a una misma familia de una localidad de la Comarca del Marquesado cercana a Guadix.
Los primeros pasos de la investigación evidenciaron que los empresarios padre e hijo, que disponían de maquinaria agrícola con la que trabajaban en tierras propias y prestaban servicios a terceros, realmente no tenían ningún trabajador extranjero marroquí contratado y tenían una estrecha relación con un bufete de abogados de Granada, en el que trabaja como secretaria una mujer de origen marroquí y dicho despacho actuaba como representante en todos los expedientes de regularización de los ciudadanos extranjeros.
20 marroquíes regularizados ilegalmente y 22 expedientes en trámite
En los primeros días del mes de Junio de este año, se llevo a cabo una actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en las explotaciones agrícolas y en un domicilio, fruto de la cual se ha descubierto que un total de 20 ciudadanos marroquíes habrían logrado obtener de modo ilegal autorización de residencia y entrada en territorio nacional, con falsas ofertas de trabajo y altas ficticias en la Seguridad Social, además de otros 22 expedientes que están en trámite.
Demostraría la avaricia de los empleadores el hecho de que uno de ellos, en situación de jubilado y a su vez benefactor él y su esposa de la Ley de la Dependencia, por la que una mujer contrata por el Ayuntamiento de la localidad donde residían trabajaba cuatro horas diarias en esa actividad, habría hecho contratos de trabajo de falsos empleados de hogar a seis ciudadanos marroquíes que lograron regularizarse en fraude de Ley.
Cobraban entre 5.000 y 8.000 euros por cada supuesto contrato
Los falsos empleadores, que resultaron detenidos, cobraban una cantidad que variaba de entre 5.000 y 8.000 mil euros a los padres de cada extranjero a los que supuestamente contrataban, aprovechando una excepción legal, que permite dar derecho de residencia a esposos e hijos mayores de edad y así habrían llegado a traer en algún caso hasta cinco hijos de una misma familia, cantidad que se repartían porcentualmente los cuatro miembros de la organización.
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