Ecologistas denuncian la instalación de una planta fotovoltaíca en El Fargue

Señala que se han detectado restos arqueológicos en una de las zonas donde se situaría, que podrían ser romanos, y de la época zirí

Redacción  |  26 de mayo de 2025
(ECOLOGISTAS EN ACCIÓN)
(ECOLOGISTAS EN ACCIÓN)

Manifiestan se han presentado alegaciones a fecha de hoy, al Proyecto de construcción la Planta Fotovoltaica" San Gregorio I" y su infraestructura de evacuación en relación al anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Granada, que somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica denominada "PSFV San Gregorio I" y su infraestructura de evacuación, sito en la Alquería de El Fargue, t.m. Granada, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de fecha 10 de abril de 2025

Entre varias de las alegaciones argumentamos que hemos dado traslado a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, porque según varios informes aportados por arqueólogos granadinos, se ha detectado restos arqueológicos en una de las zonas donde se situaría la primera planta fotovoltaica, que podrían ser romanos, y de la época zirí. A expensas de informe de la misma Delegación de Cultura.

 

El Informe aportado por el catedrático D. José Castillo Ruiz, pone de manifiesto el Impacto en el Patrimonio Cultural de la Zona, así como en el visual y paisajístico en tres bienes declaradas BIC: Conjunto Histórico de Granada, Zona Patrimonial del Valle del Darro y el Monumento Alhambra y Generalife. Y por supuesto un gran impacto sobre un bien declarado Patrimonio Mundial, la Alhambra.

Improcedencia de la ubicación de la Planta Fotovoltaica. No estamos en contra de las plantas fotovoltaicas están llamadas a tener un lugar en esta necesaria transición ecológica, pero supeditadas a un interés general real y a la preservación de los recursos naturales, entre ellos los de fauna, flora y paisaje. Pero es necesario establecer una moratoria provisional sobre la instalación de renovables de todos los proyectos de renovables en zonas agrarias, ganaderas y forestales, mientras no se tengan los estudios científicos necesarios. Queremos impulsar el desarrollo de superficies solares en zonas antropizadas con el mínimo impacto ambiental, económico y social: superficies comerciales, polígonos industriales, parkings, y todo tipo de infraestructuras existentes, áreas ferroviarias, zonas de autopistas y demás, infraestructuras terrestres, zonas mineras de mínimo impacto, canteras, vertederos cerrados, invernaderos, canales de riego, zonas degradadas, etc., para evitar ocupar ecosistemas de alto valor ecológico. La transición energética no puede realizarse a costa de la destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales.

Respecto a la participación democrática; la ciudadanía tiene el derecho de participar en la toma de decisiones y de elegir libremente qué modelo energético quiere, hay una gran indefensión por parte de los vecinos y vecinas. Para mejorar la difusión de la información municipal, los ayuntamientos pueden hacer muchas cosas: no vale solo con la publicación del BOP. Pero no se hacen, ni siquiera se lo llegan a plantear los alcaldes y alcaldesas de los municipios. Solo miran en las cantidades económicas que les ofrecen las empresas promotoras de los Mega proyectos. Ocultando a sus vecinos y vecinas estos grandes proyectos fotovoltaicos, y con esa tesitura facilitando a las empresas energéticas especular con el territorio y facilitar la expropiación de los afectados. Es un A"atraco a mano armada" de los grandes lobbies de la energía permitido y auspiciado por la Junta de Andalucía, que propicia un nuevo 'colonialismo energético'.

Con la pretendida implantación de este proyecto fotovoltaico, se altera un modo de vida productivo sostenible. Debemos resaltar que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía reconoce la existencia de «importantes problemas» derivados de la falta de integración de los valores paisajísticos, como es la degradación de paisajes rurales centenarios de gran valor cultural. El emplazamiento previsto para la instalación se ubica en un enclave en el que se han identificado hábitats naturales y especies protegidas, rapaces como el águila calzada, el busardo ratonero o el gavilán común , el rabilargo, o entre los mamíferos, murciélagos de herradura, el murciélago de cueva, el orejudo gris y el rabudo, y también anfibios y reptiles, bastantes de ellos protegidos asi como especies agrícolas como la variedad de olivo Loaime. Resulta curioso que se solicite una declaración de utilidad pública con el fin de favorecer un beneficio privado, que no un servicio público.

Que se altere un modo de vida productivo sostenible, produciendo desarraigo de la población rural con la correspondiente pérdida de población. Se crean unos pocos puestos de trabajo solo durante la fase de instalación, además con personal especializado que difícilmente ocupa a los lugareños.

Se ha comprobado que el proyecto presentado por la empresa Bobary Lane Estate, no ha sido debidamente trasladado a las organizaciones sociales, declaradas interesadas por ley, para que puedan efectuar cuantas alegaciones estimen necesarias, incumpliéndose de esta forma la legislación en materia de participación ciudadana.

El proyecto se localiza en una zona de laderas o vertientes con pendientes superiores al 20% lo que supone un aumento del riesgo de erosión y pérdida de suelo por arrastre en la escorrentía superficial, sobre todo tras la pérdida de la vegetación natural presente, debido al desbroce y nivelación del terreno, y la posible afectación a cauces naturales, ramblas o barrancos por aporte de sedimentos, que pueden provocar problemas de inundaciones a barrios como el Sacromonte

 
 
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