PSOE exige una tasa de basura "justa" y propone una tasa turística

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, a través de su viceportavoz Eduardo Castillo, ha demandado este viernes al equipo de gobierno local, liderado por la alcaldesa Marifrán Carazo (PP), la implantación de una tasa de basuras "justa, objetiva y no arbitraria" que vincule el pago a la generación real de residuos. La tasa fue aprobada inicialmente este mismo viernes en sesión plenaria.

En rueda de prensa junto a Plaza Nueva, Castillo también propuso la creación de una tasa turística que permita a los visitantes contribuir a financiar los servicios públicos de recogida y limpieza de basura, que actualmente soportan únicamente los residentes granadinos con sus impuestos.

Desde la placeta de San Gil, considerada una zona crítica por su alta afluencia turística, el edil socialista criticó la forma en que el PP ha implementado la tasa aprobada, que calificó de favorecedora para "unos pocos" en detrimento del resto de vecinos. Según Castillo, la tasa no es proporcional, no paga más quien más residuos genera, incluye un tope incomprensible y carece de bonificaciones.

Además, reiteró la problemática de la sobrecarga en barrios como el Bajo Albaicín o el Centro, con hasta un 25% de viviendas turísticas regularizadas, cuyos residuos son recogidos por el servicio municipal financiado por los ciudadanos. Criticó la falta de respuesta del gobierno local y la negativa de la Junta de Andalucía a impulsar la tasa turística que alivie esta carga económica.

Castillo lamentó la "inacción" del PP respecto a esta segunda tasa y recalcó la necesidad de que los turistas hagan una contribución para garantizar servicios públicos suficientes, en especial en las zonas más afectadas por el turismo masivo.

La aprobación inicial de esta tasa de basuras forma parte del proceso normativo para su aplicación a partir de enero de 2026, en cumplimiento de la Ley 7/2022, que obliga a los municipios a implantar sistemas de cobro que tengan en cuenta la generación de residuos y la capacidad económica de los contribuyentes.

Granada ha diseñado un sistema basado en criterios personalizados, que contempla bonificaciones y busca minimizar el impacto en las familias. Sin embargo, el debate político y social sigue abierto mientras se esperan alegaciones y ajustes antes de su aprobación definitiva.