Vamos Granada reclama que el Ayuntamiento lleve ante al Tribunal de Cuentas las facturas de TG7
A petición de la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la confluencia, el juez de instrucción ha ampliado la investigación de las facturas irregulares de TG7 por doce meses más, al considerar que existen diligencias esenciales aún pendientes
Vamos Granada ha señalado la importancia de la prórroga para el esclarecimiento de un asunto en el que está en juego cerca de un millón de euros de dinero público, además de la confianza en los mecanismos de fiscalización y control económico de la administración municipal. La formación ha destacado asimismo la necesidad de que se investigue también la responsabilidad contable, que es competencia del Tribunal de Cuentas, y al que sólo la administración afectada - el Ayuntamiento en este caso - puede llevar el asunto. “Se trata de casi un millón de euros de dinero público, no se puede mirar para otro lado”, ha declarado Marta Gutiérrez, denunciante del caso y personada en la causa penal como acusación popular.
En la causa están siendo investigados el responsable de la productora CBM, Raúl Berdonés, la ex-directora de la televisión municipal, Cristina García - también investigada en la causa de los contratos fantasma de EMUCESA - y el ex-concejal Juan Antonio Fuentes, entonces responsable de TG7 - también investigado por la causa del Caso Serrallo-. En esta causa se investigan facturas por valor de cerca de un millón de euros de dinero público.
En 2016 la productora CBM reclamó al Ayuntamiento el pago de facturas por valor de 700.000€ por servicios extraordinarios supuestamente prestados a la televisión municipal, que habrían sido firmadas por el ex-concejal del PP Juan Antonio Fuentes sin respaldo legal alguno, según informes municipales. Otros 300.000€ no recogidos en presupuesto ni en contrato habrían sido pagados a CBM entre 2013 y 2015 mediante un sistema paralelo a través de diversas empresas públicas como INAGRA o EMASAGRA, en concepto de publicidad. La productora sostuvo la reclamación en un informe de la ex-directora Cristina García en el que se decía que los servicios se habían prestado y respondían a precios de mercado. Sin embargo, en su declaración en la causa, García confesó no haber comprobado nada, y haber redactado y firmado el informe por las indicaciones del ex-concejal Fuentes.
En la investigación penal, iniciada por la denuncia de los hechos realizada por Vamos Granada en la fiscalía en diciembre de 2017, y prorrogada ahora 12 meses por la especial complejidad de la causa, se espera informe solicitado por la fiscalía, informe que se encuentra en curso pero donde el perito designado ha señalado demoras y faltas en el envío de documentación e información requerida a la productora CBM.
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