Vecinos del Cerro de San Miguel Alto recurren al Constitucional por vulneración de derechos en una intervención municipal
Los hechos denunciados ocurrieron cuando este operativo municipal "accedió sin orden judicial ni consentimiento a patios y jardines
La actual Asociación de Vecinos del Cerro de San Miguel Alto, junto con siete residentes de la zona, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales durante una intervención municipal realizada el 26 de enero de 2023. El operativo, coordinado por la Concejalía de Urbanismo de Granada y ejecutado con la participación de policías y operarios de limpieza, ha sido objeto de polémica desde el primer momento.
Según la denuncia, el operativo municipal “accedió sin orden judicial ni consentimiento a patios y jardines cerrados anexos a casas cueva habitadas”. Los demandantes aseguran que durante la intervención se produjeron “daños materiales, cortes de suministros legalizados, retención de residentes sin justificación durante más de cinco horas y un trato degradante, incluyendo insultos”.
En el recurso, consultado por Europa Press, se afirma que los moradores sufrieron un “trato degradante y verbalmente vejatorio”, recibiendo insultos como “desgraciados” y “guarros”. Además, denuncian la “desprotección judicial” tras el archivo de las diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada y la confirmación de dicho archivo por la Audiencia Provincial.
La representación legal, a cargo de la abogada María Gallego, invoca la violación de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad física y moral, a un proceso con garantías y a la igualdad ante la ley. Los recurrentes critican una “interpretación restrictiva del concepto constitucional de domicilio”, excluyendo de protección a patios cerrados funcionalmente integrados en viviendas-cueva, algunas con título de propiedad y situación urbanística regularizada.
En este contexto, los demandantes consideran que la actuación municipal, que tuvo lugar bajo gobierno local del PSOE, responde a “un plan sistemático de presión y acoso institucional sobre los residentes de estas viviendas tradicionales” con el objetivo de “forzar su desalojo sin garantías judiciales”.
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