La CNMC abre un expediente sancionador al sistema eléctrico de Huéneja por el apagón del 28 de abril
El organismo regulador investiga posibles infracciones graves dentro del denominado “cero eléctrico” y ya suma 66 expedientes en toda España
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un nuevo expediente sancionador al sistema de conexión eléctrico de Huéneja, en la provincia de Granada, por una presunta infracción grave relacionada con el denominado “cero eléctrico” registrado el pasado 28 de abril de 2025.
Según ha informado el regulador, el expediente fue abierto el pasado 13 de mayo por posibles incumplimientos recogidos en el artículo 64.15, 64.16 y 64.17 de la normativa del sector eléctrico, aunque sin que exista riesgo para la garantía del suministro ni daños graves asociados. La CNMC dispone ahora de un plazo máximo de 18 meses para resolver el procedimiento.
Con esta nueva actuación, el organismo presidido por Cani Fernández eleva a 66 el número total de expedientes informativos abiertos en el marco de la investigación del apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025.
La CNMC ha dirigido expedientes contra el operador del sistema, Red Eléctrica de España, así como contra grandes compañías energéticas como Endesa, Iberdrola y Naturgy. También figuran entre las empresas investigadas Repsol, TotalEnergies o Bahía de Bizkaia Electricidad, entre otras.
El regulador ha precisado que algunas de las investigaciones incluyen prácticas detectadas en fechas distintas al 28 de abril, aunque igualmente podrían constituir indicios de infracciones sectoriales descubiertas durante el análisis del incidente eléctrico.
Asimismo, la CNMC ha querido subrayar que la apertura de estos expedientes “no implica por sí misma la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”, recordando que el incidente respondió a un origen “multifactorial”. Del mismo modo, la incoación de los procedimientos no prejuzga el resultado final de la investigación.
La duración máxima de los expedientes oscila entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de la infracción. Durante el proceso, las empresas afectadas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas. En los casos considerados muy graves, las sanciones podrían alcanzar hasta los 60 millones de euros, mientras que las infracciones graves contemplan multas de hasta 6 millones de euros.
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