La Policía Nacional detiene en abril a 67 personas reclamadas por la Justicia en Granada, Motril y Baza
Las actuaciones permitieron resolver 76 requisitorias nacionales e internacionales relacionadas principalmente con robos, hurtos y estafas
Agentes de la Policía Nacional de Granada, Motril y Baza han detenido durante el pasado mes de abril a un total de 67 personas que se encontraban reclamadas por distintas autoridades policiales y judiciales, tanto nacionales como internacionales. Estas actuaciones han permitido dar de baja 76 requisitorias que permanecían activas por causas pendientes o sentencias firmes de ingreso en prisión.
Según ha informado la Policía Nacional, estas detenciones forman parte de las labores de colaboración permanente que mantienen los cuerpos policiales con las diferentes autoridades judiciales, centradas en la localización y captura de personas con causas abiertas o huidas de la Justicia.
La actuación desarrollada durante abril se ha saldado con 57 detenidos en Granada capital, donde además se resolvieron 63 reclamaciones judiciales nacionales y tres requisitorias policiales. En Motril fueron arrestadas ocho personas, todas ellas relacionadas con reclamaciones de ámbito nacional, mientras que en Baza se produjeron dos detenciones que permitieron igualmente cesar dos requisitorias nacionales.
Desde la Policía Nacional destacan que la mayor parte de las reclamaciones tenían su origen en delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, especialmente robos con fuerza, hurtos y estafas. No obstante, entre los casos también figuraban infracciones relacionadas con violencia de género o delitos contra la seguridad vial, como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.
La colaboración internacional constituye además una parte esencial de este tipo de actuaciones, ya que permite la localización y detención de individuos buscados por otros países, reforzando así la cooperación policial y judicial más allá del territorio nacional.
Todos los arrestados han sido finalmente puestos a disposición de las autoridades policiales o judiciales reclamantes para continuar con los procedimientos correspondientes.
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