Sumar denuncia el "abandono del pequeño comercio de Granada"

La confluencia apuesta por revertir los efectos negativos de la Directiva Europea de Servicios

Redacción  |  27 de mayo de 2024
(IU)
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Desde el año 2008, más de 1200 pequeños negocios han cerrado sus puertas de manera definitiva en la ciudad de Granada. Este fenómeno ha transformado radicalmente el sector productivo y los hábitos de consumo de los granadinos y granadinas, beneficiando notablemente a las grandes superficies, almacenes, supermercados y cadenas comerciales.

En este contexto, la Junta de Andalucía, liderada por el Partido Popular, ha favorecido a las grandes empresas en detrimento del pequeño comercio local. Medidas como la liberalización de los horarios comerciales, presentadas bajo la apariencia de "libertad", ocultan la explotación y precarización de las trabajadoras del sector y el agravio comparativo a los pequeños comercios que no pueden afrontar horarios tan amplios.

 

Durante la pandemia, el gobierno del PP incrementó los domingos y festivos de apertura de 12 a 16. Posteriormente, en marzo de 2023, la Junta de Andalucía amplió la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Granada. Esta ampliación permite que, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, y desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre, los comercios puedan abrir todos los domingos y festivos en todo el municipio. A esto se une el mes completo de diciembre, resultando seis meses al año en los que las trabajadoras del sector deben trabajar siete días a la semana. Muchas veces, estos días adicionales no son compensados adecuadamente, ni económicamente ni con tiempo libre suficiente.

La mal llamada liberalización de los horarios comerciales no es más que una forma de esclavitud moderna que destruye la conciliación laboral y familiar de las trabajadoras. Desde Sumar, creemos firmemente que la conciliación y los derechos laborales no deben estar subordinados a los intereses de las grandes empresas del comercio.

Desde Sumar se apuesta por revertir los efectos negativos de la Directiva Europea de Servicios y que haya otra que proteja la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y además que proteja los servicios públicos y los servicios dirigidos a la ciudadanía. “No todo puede estar liberalizado por los intereses del mercado”, destaca Paco Puentedura, coordinador local de IU Granada. El comercio de proximidad es un servicio básico que mantiene vivo a los barrios y a los pequeños pueblos de toda la provincia. Por tanto, “el pequeño comercio y de proximidad es un sector que debe ser protegido por los poderes públicos, no solo como base de creación de empleo y de economía local sino también como un servicio que da atención directa a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y población más vulnerable” concluye Puentedura.

En estas elecciones europeas del 9 de junio, Sumar invita a la ciudadanía a apoyar un cambio real que promueva la justicia social y laboral. Solo así se podrá construir una sociedad más equitativa y sostenible, donde la conciliación y los derechos laborales sean una prioridad indiscutible.

 
 
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