Armilla pide al TSJA la suspensión cautelar de la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones
El Ayuntamiento defiende que la ordenanza de Granada vulnera principios de proporcionalidad e igualdad
El Ayuntamiento de Armilla, gobernado por PSOE e IU, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando la suspensión cautelar de la ordenanza de movilidad sostenible que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada.
El motivo es la existencia de graves deficiencias técnicas y procedimentales que, según el consistorio, afectan los derechos de movilidad de los vecinos del área metropolitana. La demanda señala la omisión de la evaluación ambiental estratégica previa, la falta de coordinación metropolitana y la inversión del orden lógico en la tramitación normativa.
Además, se critica que la norma establece un trato desigual entre residentes y no residentes, generando discriminación pese a que los vehículos contaminantes lo son independientemente del domicilio del propietario. La alcaldesa Loli Cañavate subraya que no se cuestiona la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad, pero reclama rigor, legalidad y diálogo conjunto para una transición justa y coordinada en el área metropolitana.
"El Ayuntamiento aplica una ordenanza fiscal para cobrar tasas y limitar la libertad de expresión", denuncia el viceportavoz Gustavo de Castro
La inversión forma parte del Plan de Actuación Integrado ARMILLA 2030 para un desarrollo urbano sostenible e inclusivo
