Carazo denuncia la “saturación” en Servicios Sociales por la regularización de migrantes y pide más apoyo estatal
La alcaldesa de Granada critica que los ayuntamientos afrontan en solitario el proceso, que ya ha generado colas en centros como Almanjáyar y Zaidín
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha denunciado la “saturación” que están sufriendo los centros de Servicios Sociales de la ciudad debido al proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno de España, y ha lamentado que los ayuntamientos estén afrontando esta situación “sin ayuda”.
Carazo se ha pronunciado este martes tras ser preguntada por los medios sobre el impacto de este procedimiento en la administración local, especialmente en relación con la emisión de los certificados de vulnerabilidad necesarios para completar los trámites.
La regidora ha explicado que, aunque todavía no se han comenzado a elaborar estos certificados, ya se está atendiendo a numerosas personas que acuden a solicitarlos. Desde el inicio del proceso, el pasado jueves por la tarde, se han registrado “colas y saturación” en los ocho centros de servicios sociales de Granada, con especial incidencia en los de Almanjáyar y Zaidín.
En este contexto, Carazo ha criticado que los ayuntamientos no están recibiendo apoyo institucional para asumir esta carga administrativa. “Al igual que Correos recibe ayuda del Estado para este proceso, a los ayuntamientos se nos ha dejado solos una vez más”, ha afirmado.
Asimismo, ha señalado que esta situación supone una sobrecarga burocrática “impuesta” a las entidades locales, que deben tramitar estos informes en un plazo limitado, hasta el 30 de junio, sin conocer previamente el volumen de solicitudes que deberán atender.
La alcaldesa ha indicado que ya está abordando esta problemática con otros regidores de municipios afectados, y ha reclamado al Gobierno central que dote a los ayuntamientos de recursos adicionales que permitan reforzar la atención y facilitar la emisión de los certificados en tiempo y forma.
Según ha advertido, este proceso generará una carga administrativa “sobrevenida” para los trabajadores de Bienestar Social, que “no han contado con ayuda alguna”. Por ello, ha insistido en la necesidad de actuar con urgencia para mejorar la capacidad de respuesta de los servicios municipales ante el incremento de la demanda.
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