Coaatgr analiza Ley de Vivienda de Andalucía en mesa debate
Se puso de relieve que normativas como la andaluza, que acaban de entrar en vigor, suponen un "arranque de una acción decidida"
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada (Coaatgr) ha organizado una mesa debate para abordar la Ley de Vivienda de Andalucía, analizando su impacto en el grave déficit habitacional, especialmente entre jóvenes, y su potencial para impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas.
La presidenta del Coaatgr, María Paz García, destacó el "grave problema" de la vivienda, con un déficit especialmente alarmante entre los jóvenes y precios disparados que hacen imposible su adquisición o arrendamiento para economías medias. La nueva ley supone un "arranque de una acción decidida" para impulsar nuevas viviendas, rehabilitación y vivienda protegida a precios asequibles.
Es una regulación unitaria de la vivienda, integrando normativa dispersa, destacó García, con mecanismos como la bolsa de suelo asequible, planes de vivienda y áreas prioritarias. Los profesionales se muestran dispuestos a colaborar activamente en su desarrollo mediante colaboración público-privada, especialmente en viviendas protegidas.
El arquitecto técnico Emilio Martín presentó el contenido de la ley integral, abordando planificación, calidad de vivienda, rehabilitación y mercado residencial. Los participantes valoraron positivamente la normativa, destacando la importancia de una planificación clara con competencias definidas para ayuntamientos, obligatorios planes municipales desde 10.000 habitantes.
Juan Cristóbal Jurado Vela resaltó los instrumentos de colaboración público-privada, mientras Enrique Catalina expuso esfuerzos municipales en suelo y rehabilitación. Francisco Javier García-Valdecasas y Pablo Argente del Castillo saludaron el reconocimiento profesional de agentes inmobiliarios y administradores de fincas, y Francisco Martinez-Cañavate pidió un desarrollo reglamentario urgente para verificar su efectividad.
El público debatió la necesidad de respuesta inmediata en oferta de suelo, reducción de plazos, seguridad jurídica, ayudas fiscales, suelo finalista, vivienda turística y ocupaciones ilegales.
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