El Consejo de Estado y el Consultivo trazan el próximo lunes "una mirada crítica" a su función en una jornada
Esta jornada quiere poner de manifiesto los aspectos más relevantes y que mayor incidencia presentan respecto del sistema de derechos y garantías
El Consejo de Estado y el Consultivo de Andalucía organizan el próximo lunes la Jornada 'Diez años de la Ley 39/2015: una mirada crítica desde la función consultiva' en Granada.
Según ha informado el Consejo de Estado este jueves, está previsto que sea inaugurada por su presidenta, Carmen Calvo, junto a la del Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Palacio de Bibataubín.
La inauguración está prevista para las 11,30 horas del lunes. Intervendrá, por parte del Consejo de Estado, el consejero permanente, Enrique Alonso, a las 13,30 horas, con la conferencia 'El Big Data y los SIG en los procedimientos de elaboración de normas'.
A las 16,30 horas, lo harán su letrado mayor José Luis Palma con la intervención 'La participación de los interesados en los procedimientos administrativos. Examen tras diez años de la Ley 39/2015 de 1 de octubre' y el letrado Cristóbal Martínez, que hablará sobre técnica normativa y elaboración de normas de carácter general.
Cuando se cumplen diez años de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) es necesario para el Consejo de Estado "hacer balance y, con él, un replanteamiento en profundidad de las instituciones y figuras que regula, con el objetivo de incorporar las correspondientes adaptaciones a la realidad social y atender los requerimientos de buena administración que, a lo largo de estos años, han ido señalando tanto la jurisprudencia" como los propios consultivos.
Esta jornada quiere poner de manifiesto los aspectos más relevantes y que mayor incidencia presentan respecto del sistema de derechos y garantías de los interesados en el procedimiento, y cuya regulación debe mejorarse en una reforma necesaria, en la que debería añadirse seguridad jurídica y trato homogéneo a todos los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas.
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