El Gobierno ofrece colaboración a los regantes de Motril y Carchuna, pero se desvincula del problema de las tuberías
La Comunidad de Regantes reclama ocho millones de euros por daños económicos y deficiencias en el sistema de riego
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mostrado su disposición a colaborar con la Comunidad de Regantes de Motril y Carchuna, situada en la Costa Tropical granadina, para buscar una solución a los problemas denunciados por supuestas deficiencias en las tuberías de la zona. Sin embargo, el Gobierno central sostiene que su implicación en el origen del conflicto es limitada.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada, consultadas por Europa Press, han explicado que el Ejecutivo entiende el derecho de los regantes a acudir a la vía judicial, aunque considera que el Gobierno “poco tiene que ver” con un problema que se remonta al año 2010, cuando se detectaron los primeros fallos en los tubos suministrados por la empresa Uralita.
Entre 2010 y 2016, los problemas surgidos en las canalizaciones fueron solucionados gracias a un acuerdo entre la empresa pública Tragsa y Uralita. No obstante, en 2016 Tragsa, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), presentó una demanda contra Uralita, lo que provocó la ruptura del acuerdo y el inicio de la vía judicial.
La pasada semana, el secretario de la Comunidad de Regantes de Motril y Carchuna, Manuel Morales, anunció que reclamarán al Gobierno ocho millones de euros por los daños económicos derivados de los problemas de riego. Esta cantidad corresponde, según Morales, al coste de la modernización del 75% de las tuberías que los agricultores afirman que Tragsa no ejecutó, así como a los daños ocasionados por las frecuentes roturas en las canalizaciones ya sustituidas, que, según denuncian, se producen “semanalmente”.
El asunto sigue su curso en los tribunales, mientras el Ministerio reitera su voluntad de colaboración, aunque insiste en que la responsabilidad principal recae en las empresas implicadas y en los acuerdos previos.
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