El Ingreso Mínimo Vital llegó en julio a más de 12.000 hogares de la provincia de Granada

La nómina mensual durante el año 2021 ha superado los 8,5 millones de euros en nuestra provincia

Redacción  |  11 de agosto de 2021
La subdelegada del gobierno, Inmaculada López Calahorro en rueda de prensa (SUBDELEGACIÓN)
La subdelegada del gobierno, Inmaculada López Calahorro en rueda de prensa (SUBDELEGACIÓN)

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona mensualmente más de 12.000 prestaciones de IMV a hogares de la provincia de Granada en los que viven más de 31.000 personas. 

El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.  

 

Por género, casi el 70% de los titulares de la prestación son mujeres y también son mayoría entre los beneficiarios que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital. 

Por edades, el grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 36% del total. 

 La nómina mensual de esta prestación supera ya en la provincia al de prestaciones contributivas como la de pago directo de incapacidad temporal y en los últimos meses ha sido superior a los 8,5 millones de euros/mes. 

Reducir la pobreza infantil era uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la prestación. En estos momentos, casi el 42% de las personas que viven en hogares titulares de la prestación son menores y casi el 70% de las unidades de convivencia tienen al menos a un menor en ellas. 

Hasta la fecha, el INSS a nivel provincial ha resuelto más del 93% de las solicitudes recibidas y el resto están actualmente en trámite dentro del plazo establecido 

El porcentaje de solicitudes aprobadas sobre las válidas es de un 40% aproximadamente. Aunque el motivo principal de denegación es el incumplimiento del criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta o patrimonio), aproximadamente un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que las nuevas modificaciones normativas permiten a los trabajadores sociales y muy pronto, a entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital poder realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales. 

 
 
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