El juicio contra el exalcalde de Otura por el contrato de limpieza entra en su fase final con la declaración de los acusados
La Fiscalía solicita cinco años de prisión para Ignacio Fernández-Sanz y otros cuatro exconcejales por presuntos delitos de fraude, malversación y prevaricación
La Audiencia Provincial de Granada reanudará este lunes el juicio contra el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz, del Partido Popular, y otros cuatro antiguos concejales del municipio por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación y posterior rescisión del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria.
La vista oral afronta una de sus jornadas más relevantes con la declaración de los acusados, prevista para el final de la sesión a petición de las defensas. Antes comparecerá el representante de la empresa adjudicataria del servicio, cuya ausencia motivó el aplazamiento de la última sesión celebrada el pasado 22 de abril.
La Fiscalía mantiene para Fernández-Sanz y los cuatro exediles una petición de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa derivados de la gestión de un contrato aprobado en 2008 y rescindido apenas dos años después.
En la primera jornada del juicio quedó absuelta una exconcejal después de que el tribunal apreciara la prescripción de los hechos que se le atribuían. Durante las sesiones ya celebradas han prestado declaración varios funcionarios municipales, entre ellos dos secretarios y dos interventores, que se ratificaron en los informes emitidos en su momento advirtiendo de irregularidades en la tramitación del contrato.
Según la acusación pública, la Intervención municipal emitió reparos por la falta de consignación presupuestaria y por la ausencia de un estudio económico que justificara el coste del servicio. Por su parte, la Secretaría municipal informó de que no era posible iniciar el procedimiento de contratación hasta que ambas cuestiones fueran subsanadas.
Pese a estos informes desfavorables, la contratación fue aprobada en un pleno celebrado el 25 de enero de 2008 con los votos favorables de los concejales del Partido Popular y del Grupo Independiente de Otura, según recoge el escrito de acusación provisional.
La Fiscalía sostiene además que en noviembre de 2010, cuando aún no habían transcurrido dos años desde el inicio del servicio, el entonces alcalde convocó un pleno extraordinario para rescindir el contrato y recuperar la gestión municipal del servicio sin que existiera justificación suficiente para ello.
La acusación señala que dicha sesión plenaria se celebró sin contar con los informes preceptivos de Intervención, Secretaría y los servicios técnicos municipales, circunstancia que, según sostiene el Ministerio Público, fue advertida expresamente a los concejales antes de la votación.
Tras la aprobación de la rescisión por parte del pleno, Fernández-Sanz habría firmado un convenio de resolución contractual sin tramitar expediente alguno y presuntamente al margen del procedimiento legal establecido. Según la Fiscalía, esta actuación perseguía beneficiar a la empresa adjudicataria, extremo que deberá ser analizado por el tribunal durante las últimas sesiones del juicio.
Con la declaración de los acusados y del representante de la empresa contratista, la causa encara su recta final a la espera de que las partes eleven a definitivas sus conclusiones y el tribunal dicte sentencia.
El calendario incluye conciertos, festivales, cine al aire libre, actividades deportivas, propuestas familiares y eventos tradicionales durante los meses de junio, julio y agosto
