El PP de Diputación niega que seis de sus diputados cobren pluses de locomoción
Califica de "mentira" la acusación de que seis diputados cobran un plus de locomoción, además de recibir coche y combustible gratis
El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, ha salido al paso este domingo de las acusaciones vertidas por el Grupo Socialista, que señalaba a seis diputados del Grupo Popular (PP) por supuestamente cobrar un plus de locomoción, además de disponer de coche y combustible gratis.
Navarro ha calificado de "mentira" estas afirmaciones y ha asegurado que "esas seis personas ya renunciaron a dicha compensación". Según ha explicado en una nota remitida por el Grupo Popular, "lo que se ha hecho ha sido optimizar los recursos, evitando así la contratación de más personal, por lo que estamos muy tranquilos con una acción que ha sido aprobada en el presupuesto y que ha pasado todos los filtros técnicos correspondientes".
El Grupo Popular ha aportado una resolución fechada el 17 de enero de este año, en la que consta la renuncia a la indemnización por gastos de desplazamiento de los diputados Roberto González Alonso, María Cleofé Vera García, José Eric Escobedo Jiménez, Eduardo Miguel Martos Hidalgo, Antonio Mancilla Mancilla y Ana María Molina Gálvez. Además, han detallado que el devengo anual de las mensualidades correspondientes de mayo a diciembre de 2025 suma 28.800 euros.
Navarro ha subrayado que "esas indemnizaciones sí las están cobrando el resto de diputados de la Corporación Provincial, incluidos los de la oposición, por el trabajo que desempeñan al servicio de la provincia". El portavoz popular ha lamentado las declaraciones del PSOE, asegurando que "solo intentan enturbiar la labor que se está haciendo desde el gobierno provincial y evidencian el nerviosismo que está viviendo estos días el PSOE, viendo cómo se le está yendo de las manos el control del Gobierno Nacional".
La polémica se enmarca en un contexto de creciente tensión política en la provincia, en un momento en que la gestión de los recursos públicos y la transparencia en las instituciones están en el centro del debate.
La operación tiene un coste total de 9,2 millones de euros y será financiada mediante una aportación de 5,4 millones por parte del Servicio Provincial Tributario
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