El PP logra el consenso en su petición de licitar el nuevo contrato del servicio a domicilio de Pinos Puente
Cristina Guzmán: "No entendemos cómo el alcalde de Pinos Puente ha permitido que se produzcan retrasos en el cobro de las nóminas de los trabajadores desde el mes de septiembre, así como en el cobro por parte de la empresa adjudicataria"
El PP de Pinos Puente ha logrado la unanimidad del pleno municipal en la iniciativa presentada por la formación popular para que se licite el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio “de forma inminente” y, por tanto, se regularice la situación laboral de los trabajadores.
“Como responsables públicos, debemos procurar que no se produzcan más retrasos en los cobros, comenzando por regularizar el contrato, pues la situación anómala puede estar causando trabas a la financiación de la empresa; así como establecer las condiciones que garanticen el pago en tiempo, con todas las administraciones implicadas”, ha incidido Cristina Guzmán, portavoz del grupo popular de Pinos Puente.
En este punto, Guzmán ha llamado la atención sobre el “papel” que juega la Diputación de Granada en “garantizar que la financiación para el servicio de ayuda a domicilio llegue en tiempo y forma, y no acumule interminables retrasos, como viene sucediendo desde el mes de julio”.
La portavoz popular ha explicado que la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Pinos Puente ha presentado un reparo hacia las facturas que emite la empresa que presta actualmente el Servicio de Ayuda a Domicilio por no existir un contrato en vigor y tampoco tener crédito suficiente para afrontar los pagos. “El contrato está prorrogado desde 2017, cuando este tipo de contratos se pueden prorrogar como máximo nueve meses”, ha informado.
Cristina Guzmán ha aclarado que la gestión de la ayuda a domicilio es competencia directa del Ayuntamiento de Pinos Puente, pues forma parte de los servicios sociales comunitarios, “siendo éste el responsable de su funcionamiento”.
“Por ello, no entendemos cómo el alcalde de Pinos Puente ha permitido que se produzcan retrasos en el cobro de las nóminas de los trabajadores desde el mes de septiembre, así como en el cobro por parte de la empresa adjudicataria, cuando su intención siempre ha sido municipalizar el servicio”, ha recalcado la portavoz local del PP.
Según ha explicado, por parte del equipo de gobierno municipal se ha planteado el cambio en la forma de gestión del servicio de ayuda a domicilio, proponiendo la asunción del servicio por parte del ayuntamiento. Sin embargo, tal y como ha detallado Cristina Guzmán, preceptivamente debe existir un informe que acredite que el cambio es la forma más sostenible y eficiente de prestación, así como garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
“Teniendo en cuenta la vigencia del plan de ajuste económico-financiero, es inviable el cambio en la gestión”, ha apostillado.
Además, la dirigente popular ha indicado que existe una resolución de la Diputación de Granada que estima que el precio por hora por la prestación del servicio de ayuda a domicilio es de 12,20 euros, cuando el servicio sea prestado por una entidad privada o pública, que no sea la corporación local. “Actualmente, a la empresa adjudicataria del servicio se le está pagando 12 euros por hora, causándole un importante perjuicio económico y siendo injusto para la empresa, precisamente por la situación irregular del contrato”, ha subrayado Guzmán.
Y es que, como señala la portavoz popular, desde la Secretaría Municipal se ha advertido que se debe corregir la situación “anómala e irregular” en la que se encuentra el contrato, “pues en un contrato con prórroga forzosa”.
No obstante, Cristina Guzmán ha lamentado que se estén cumpliendo los “peores augurios” que el grupo popular ya advirtió en septiembre, cuando registró una iniciativa en el pleno apelando al Gobierno de España a que no “retuviese” la financiación autonómica a Andalucía, porque ello supondría el “bloqueo de manera injustificada” de los recursos económicos que deben destinarse a servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios públicos.
“Situación que nos afecta directamente en el municipio de Pinos Puente, generándonos dificultades para mantener servicios como el de la dependencia, así como el desarrollo de programas de empleo en nuestra localidad”, ha concluido Cristina Guzmán, quien ha recriminado que, sin embargo, la moción no fue tenida en cuenta por el gobierno local, “que ni siquiera quiso aceptarla ni debatirla”.
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