El PSOE alerta de una posible “demanda millonaria” y del aumento de pisos turísticos tras el fallo del TSJA
Los socialistas advierten del impacto en barrios residenciales fuera de las zonas tradicionalmente saturadas
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha advertido este lunes de las consecuencias que tendrá para la ciudad la reciente anulación del decreto de viviendas turísticas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Entre ellas, la portavoz municipal del PSOE, Raquel Ruz, ha augurado una posible “demanda millonaria” por parte del sector, así como un aumento descontrolado de este tipo de alojamientos.
Ruz ha denunciado la “situación límite” a la que, a su juicio, se verán expuestos los barrios granadinos, responsabilizando directamente a la alcaldesa Marifrán Carazo, del Partido Popular, por lo que ha calificado como una “chapuza” en la gestión municipal.
Según la portavoz socialista, la ciudad no solo afronta el riesgo de una elevada reclamación económica, sino también una “alarmante proliferación” de viviendas turísticas en zonas residenciales. En este sentido, ha advertido de que distritos que hasta ahora no estaban considerados saturados podrían experimentar un incremento exponencial de pisos vacacionales en cualquier edificio.
Ruz ha subrayado el impacto directo de este fenómeno en la convivencia vecinal, asegurando que tener un alojamiento turístico cercano “hace prácticamente imposible la vida” por el comportamiento de los usuarios esporádicos frente a los residentes habituales.
Hasta ahora, este problema se concentraba principalmente en barrios históricos como el Albaicín, el Realejo, el Sacromonte o el Centro, pero —según ha señalado— comienza a extenderse a otras zonas con alta densidad de población, como Camino de Ronda, Zaidín o Beiro.
La edil socialista ha atribuido esta situación a la “inacción” del equipo de gobierno local, criticando especialmente la paralización del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que —ha recordado— lleva tres años sin avances. A su juicio, este documento habría permitido establecer un marco normativo claro para regular la expansión de las viviendas turísticas.
Además, ha cuestionado el coste de la oficina municipal encargada de su redacción, que, según ha señalado, supone un elevado gasto para las arcas públicas sin haber ofrecido resultados tangibles ni haber contribuido a frenar la saturación turística en la ciudad.
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