El TSJA da la razón a Armilla y suspende cautelarmente la liquidación del convenio del Metro
La decisión judicial evita un agravio comparativo con respecto a otros ayuntamientos
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha accedido a la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Armilla, acordando la suspensión de la ejecución de la liquidación de 1.411.040,87 euros reclamada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en relación al convenio del Metro de Granada.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado Auto, con fecha 19 de mayo de 2025, por el que estima la petición del Ayuntamiento en el marco del procedimiento judicial abierto contra la citada liquidación. En su resolución, los magistrados consideran adecuada la medida de suspensión mientras se resuelve el recurso principal, al entender que su ejecución podría hacer perder la finalidad legítima del recurso interpuesto por el Consistorio.
Una resolución que evita perjuicios económicos
En su razonamiento, el Tribunal admite que, de no acordarse la suspensión, se podría generar un problema de liquidez en la Tesorería municipal y provocar un desajuste presupuestario. Asimismo, destaca que una eventual sentencia desestimatoria para el Ayuntamiento no supondría un daño irreparable para la Junta de Andalucía, sino simplemente una demora en la percepción del importe reclamado.
El Auto subraya además que, al tratarse de una Administración Pública, la solvencia económica del Ayuntamiento de Armilla se presume, y por tanto no procede imponer caución alguna para la concesión de esta medida cautelar.
Declaraciones de la alcaldesa
Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla, ha valorado de forma muy positiva esta decisión: "La suspensión cautelar acordada por el TSJA refuerza nuestra postura y nos permite proteger los recursos municipales mientras se resuelve el fondo del asunto. Confiamos en que la justicia terminará dando la razón a nuestra ciudad".
La alcaldesa ha insistido en que la reclamación de esta cantidad por parte de la Junta no solo carece de base legal, sino que pone en riesgo la estabilidad presupuestaria de un Ayuntamiento que cumple con sus compromisos y que necesita seguridad jurídica para seguir avanzando en proyectos clave para la ciudadanía.
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