Endesa detecta más de 3.900 fraudes eléctricos en Granada, con un consumo equivalente al de 12.000 hogares
La compañía identifica 440 conexiones ilegales vinculadas a plantaciones de marihuana entre enero y octubre
La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha detectado más de 3.900 fraudes eléctricos en la provincia de Granada durante los diez primeros meses de 2026, lo que supone una media cercana a los trece casos diarios. La energía asociada a estas conexiones fraudulentas alcanzó los 42,4 millones de kilovatios hora (kWh), una cantidad equivalente al consumo eléctrico de más de 12.000 hogares.
Según los datos difundidos por la compañía, el fraude eléctrico continúa representando un problema para la seguridad y la calidad del suministro, especialmente en aquellas zonas donde proliferan los enganches ilegales destinados a abastecer plantaciones de marihuana.
Endesa advierte de que la detección y desconexión de estas instalaciones no siempre resuelve el problema, ya que en determinados puntos de la red los responsables vuelven a conectarse ilegalmente pocas horas o días después de las intervenciones policiales.
Esta situación provoca sobrecargas recurrentes, averías e interrupciones del suministro que terminan afectando también a los vecinos y negocios que mantienen sus contratos eléctricos en regla.
Las plantaciones de marihuana concentran más de la mitad de la energía defraudada
La vinculación entre el fraude eléctrico y el cultivo ilegal de cannabis constituye uno de los principales problemas identificados por e-distribución en Granada.
Entre enero y octubre, la compañía ha participado junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operativos que han permitido desmantelar 440 fraudes eléctricos relacionados con plantaciones de marihuana.
Estas instalaciones acumularon un consumo fraudulento de 21,4 millones de kWh, lo que representa el 50,5 % de toda la energía defraudada detectada en la provincia durante ese periodo.
La compañía destaca la elevada demanda energética de este tipo de cultivos, ya que cada plantación consume, por término medio, tanta electricidad como 80 viviendas.
La concentración de estas instalaciones en determinados barrios puede provocar que la infraestructura eléctrica alcance niveles de saturación que comprometan el suministro del resto de los usuarios.
Endesa señala que la magnitud del problema obliga a desarrollar actuaciones continuadas en coordinación con las fuerzas de seguridad, aunque las reconexiones ilegales dificultan que las mejoras sean permanentes.
Redes que soportan hasta cinco veces la potencia necesaria
La distribuidora explica que, en algunas zonas especialmente afectadas, la potencia instalada llega a multiplicar por cinco la que correspondería al consumo habitual de la población residente.
Sin embargo, incluso estos refuerzos resultan insuficientes cuando proliferan nuevas conexiones fraudulentas.
Según Endesa, incrementar la capacidad de la red para evitar cortes constituye únicamente una solución temporal, ya que puede favorecer la aparición de nuevos enganches ilegales que vuelven a saturar la infraestructura.
Las sobrecargas provocan que los sistemas de protección eléctrica, diseñados para actuar ante averías o situaciones excepcionales, se activen de forma reiterada.
En los puntos más afectados pueden registrarse hasta quince fusibles fundidos en un solo día, con las consiguientes interrupciones del suministro para todos los usuarios conectados a esa parte de la red.
La compañía insiste en que estos cortes perjudican especialmente a las familias y empresas que cumplen con sus obligaciones y dependen de un servicio eléctrico estable.
Riesgo de incendios, electrocuciones y agresiones a trabajadores
Además de sus consecuencias económicas, la manipulación ilegal de instalaciones eléctricas supone un peligro para la seguridad de las personas.
Los enganches realizados sin las garantías técnicas necesarias pueden provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones, con riesgos tanto para quienes efectúan las conexiones como para los vecinos y los operarios encargados del mantenimiento de la red.
Endesa también alerta del incremento de las agresiones contra los profesionales que trabajan sobre el terreno, especialmente en intervenciones relacionadas con actividades delictivas.
Según la compañía, las agresiones a técnicos de e-distribución y trabajadores de empresas contratistas se han multiplicado por más de tres desde 2024.
La tendencia ha continuado durante 2026 y, hasta octubre, el número de agresiones registradas ya superaba en cerca de un 20 % las contabilizadas durante todo 2025.
La distribuidora relaciona este incremento de la violencia con la creciente presencia de organizaciones criminales dedicadas al cultivo ilegal de cannabis y al aprovechamiento fraudulento de la infraestructura eléctrica.
Endesa reclama penas más severas para el fraude eléctrico
La compañía sitúa el problema en un contexto nacional de expansión del cultivo ilegal de marihuana.
Según los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2026 citados por Endesa, España concentra el 75 % de las incautaciones de plantas de cannabis de la Unión Europea. La empresa también recuerda las advertencias del Ministerio del Interior sobre la implantación de organizaciones criminales transnacionales dedicadas a esta actividad.
En el ámbito legislativo, Endesa valora positivamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que incorpora un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal y contempla penas de prisión cuando la defraudación de electricidad se realiza para abastecer instalaciones utilizadas en delitos de tráfico de drogas.
No obstante, la compañía considera que la normativa sigue siendo insuficiente para combatir otras modalidades de fraude eléctrico.
En este sentido, advierte de que las manipulaciones ilegales que provocan riesgos de incendio, cortes de suministro o perjuicios a la convivencia y a la actividad empresarial no siempre reciben una respuesta penal acorde con sus consecuencias.
Endesa señala que países como Francia, Portugal, Italia y Alemania contemplan penas de prisión para determinadas conductas de fraude eléctrico, incluso en sus modalidades básicas.
La distribuidora reclama así una respuesta más contundente frente a estas prácticas, que considera un problema no solo económico, sino también de seguridad pública, convivencia vecinal y garantía de suministro.
Los más de 3.900 fraudes detectados en Granada en diez meses reflejan, según la compañía, la dimensión de una actividad ilegal cuyas consecuencias se extienden más allá de quienes manipulan la red y afectan directamente a miles de usuarios.
La compañía renovará líneas de media tensión, modernizará centros de transformación e incorporará sistemas de telecontrol para mejorar la calidad y continuidad del suministro
El plan incluye la renovación de 15,9 kilómetros de cableado subterráneo, la digitalización de instalaciones y mejoras en las líneas que abastecen a varios núcleos de población del municipio










