Equipo de gobierno local lleva al Pleno una iniciativa de condena a altercados por encarcelamiento de Hasél
César Díaz ha manifestado que para el equipo de gobierno "es inadmisible" que una manifestación no autorizada, que además "provocó daños y ocasionó destrozos, por un elevado coste a las arcas públicas, "generase temor y miedo entre la ciudadanía
El equipo de Gobierno, solicitará al próximo Pleno ordinario que el Ayuntamiento de Granada suscriba una declaración institucional mostrando “su más enérgica condena” y repulsa por los actos vandálicos ocurridos el pasado 17 de febrero en la ciudad como consecuencia de la manifestación “no autorizada” en contra de la entrada en prisión del “rapero Hasél”.
Así lo ha anunciado hoy los portavoces del equipo de gobierno Manuel Olivares, concejal de Empleo, Emprendimiento Turismo y Comercio, y César Díaz, concejal de Protección Ciudadana y Movilidad, en el transcurso de una comparecencia de prensa en la que han anunciado que en la propuesta presentada se insta, a su vez, a la Subdelegación de Gobierno a que “condene públicamente los hechos” y a que “depure las responsabilidades correspondientes en este sentido”.
César Díaz ha manifestado que para el equipo de gobierno “es inadmisible” que una manifestación no autorizada, que además “provocó daños y ocasionó destrozos, por un elevado coste a las arcas públicas, “generase temor y miedo entre la ciudadanía, alterando la normal convivencia en la ciudad”.
Tras recordar que los actos vandálicos ocasionaron múltiples destrozos en el mobiliario urbano, como la quema de 25 contenedores y desplazamientos de depósitos de papel, vidrio o envases, así como roturas de cristales y señales de tráfico, el texto presentado considera “fundamental”, ante este tipo de situaciones, la “unión y la coordinación institucional”.
De ahí que muestra el apoyo del Ayuntamiento de Granada a la Subdelegación del Gobierno para que “acabe con este tipo de prácticas inadmisibles e intolerables que vulneran el respeto a la ley y a los derechos de los demás que son fundamento del orden político y de la paz social, tal y como se encuentra recogido en el artículo 10 de nuestra Constitución”.
En este sentido, Manuel Olivares ha considerado los actos vandálicos ocurridos el pasado 17 de febrero como “uno de los mayores asaltados sufridos por la democracia”, en el que la ciudad “sufrió incalculables daños, destrozándose la normal convivencia de la ciudadanía, por lo que ha señalado que “no vamos a permitir, como constitucionalistas que somos, que se vulnere la ley”.
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