Familias de víctimas del Barranco de Víznar comparecen ante la fiscal de Derechos Humanos y Memoria
La Fiscalía de Granada estudia abrir procesos civiles tras la identificación de restos en fosas comunes
Familiares de algunas de las víctimas identificadas en las fosas comunes del Barranco de Víznar, en Granada, han comparecido ante la fiscal provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Montserrat Luque Molina, con el objetivo de promover la incoación de expedientes de jurisdicción voluntaria que permitan reparar judicialmente su memoria.
Este procedimiento podría abrir la puerta a la celebración de juicios civiles para declarar la nulidad de causas penales, sentencias firmes y sanciones administrativas dictadas por tribunales franquistas contra estas personas, decisiones que, pese al paso del tiempo, continúan formalmente vigentes.
Desde 2021, el proyecto de la Universidad de Granada ‘Barranco de Víznar. Lugar de Memoria’ ha permitido localizar 29 fosas comunes en este enclave, con la recuperación de 194 cuerpos, de los cuales 40 corresponden a mujeres y 150 a hombres. Hasta el momento, el Laboratorio de Genética de la institución ha logrado identificar a 11 víctimas, en un proceso que sigue en marcha.
Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias de investigación por posibles delitos de lesa humanidad tras la exhumación de siete fosas entre 2021 y 2022, en las que se recuperaron 49 cuerpos —24 mujeres y 25 hombres— con edades comprendidas entre los 36 y los 42 años. Los restos presentan signos evidentes de muerte violenta, en su mayoría por arma de fuego, y vestían indumentaria propia de la primera mitad del siglo XX.
La apertura de estas diligencias se produjo tras la documentación remitida por el profesor Francisco Carrión, responsable de los trabajos arqueológicos, junto a los estudios históricos, antropológicos y sociológicos que apuntan a que los restos corresponden a víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos en el contexto de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Según el decreto de la Fiscalía, los hechos podrían constituir delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y desaparición forzada enmarcados en crímenes contra la humanidad.
La reciente designación, en 2025, de Montserrat Luque Molina como fiscal especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática permite a Granada contar por primera vez con una figura dedicada específicamente a estos casos, facilitando el contacto directo con víctimas, asociaciones memorialistas y entidades implicadas.
El objetivo final de estas actuaciones es garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios fundamentales recogidos en la Ley de Memoria Democrática.
El equipo confía en comenzar la próxima semana los trabajos en esta fosa situada a la entrada del cementerio
La Universidad de Granada y la Fiscalía trabajan juntas para certificar restos de víctimas del franquismo
