Granada acuerda con los colegios de arquitectos y aparejadores agilizar las licencias urbanísticas
El Ayuntamiento aprueba un convenio de colaboración para reducir los trámites administrativos y facilitar la ejecución de proyectos, manteniendo las competencias municipales de control e inspección
El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes, en Junta de Gobierno Local, un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Granada con el objetivo de agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y declaraciones responsables mediante la participación de ambos colegios profesionales en determinadas tareas de verificación y control técnico.
El acuerdo establece un marco de colaboración público-privada, al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su normativa de desarrollo, que permitirá aprovechar los recursos y conocimientos técnicos de los colegios profesionales para facilitar la gestión de los procedimientos urbanísticos.
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha destacado que el convenio representa un avance hacia una Administración más ágil, sin renunciar a la seguridad jurídica ni a las garantías que deben acompañar cualquier procedimiento. "Queremos que Granada sea una ciudad capaz de facilitar la actividad económica y la ejecución de proyectos, y para eso necesitamos que los procedimientos administrativos sean cada vez más eficaces. Este convenio nos permite aprovechar el conocimiento y la capacidad técnica de los colegios profesionales para agilizar determinadas comprobaciones, manteniendo siempre en el equipo técnico municipal las competencias y potestades que le corresponden", ha señalado.
Los colegios podrán verificar proyectos y documentación urbanística
El concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, ha explicado que el convenio permitirá a los colegios profesionales emitir, a solicitud del promotor, informes sobre las condiciones urbanísticas de los proyectos y participar en los procedimientos relacionados con actuaciones de edificación sujetas a licencia o declaración responsable.
Entre sus funciones estará la comprobación de que la documentación presentada es completa, suficiente y adecuada, así como la verificación del cumplimiento de la legislación territorial y urbanística y de las determinaciones establecidas en los instrumentos de ordenación.
La colaboración podrá extenderse también al seguimiento de las obras durante su ejecución y una vez finalizadas, mediante certificaciones que acrediten su adecuación a la licencia concedida o a la declaración responsable presentada.
Asimismo, el acuerdo contempla actuaciones relacionadas con el deber de conservación de los edificios y la inspección y actualización de parcelas, solares y edificaciones incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Catalina ha precisado que se establecen dos modalidades de informes. Por un lado, los de control documental, destinados a comprobar la documentación técnica y administrativa necesaria para tramitar una licencia o declaración responsable. Por otro, los informes de condiciones urbanísticas, que analizarán el régimen aplicable a cada proyecto y su adecuación a la normativa urbanística, territorial y sectorial.
Estos últimos podrán sustituir al informe técnico municipal en determinados supuestos, siempre que así se contemple en la correspondiente Ordenanza de Colaboración Público-Privada y se cumplan las condiciones establecidas.
El Ayuntamiento mantendrá sus competencias de autoridad e inspección
El responsable municipal de Urbanismo ha subrayado que la colaboración con los colegios profesionales no supondrá una transferencia de potestades públicas ni de funciones que impliquen el ejercicio de autoridad.
"Cuando una actuación de verificación, control o inspección requiera el ejercicio de dichas potestades, los colegios deberán solicitar el auxilio del Ayuntamiento, y su personal no podrá identificarse en ningún caso como personal inspector municipal", ha explicado Catalina.
En virtud del convenio, el Ayuntamiento facilitará a los colegios la normativa local y la información necesaria para desarrollar las tareas de verificación. También les comunicará las resoluciones de concesión o denegación de licencias y los informes negativos relacionados con declaraciones responsables cuyos proyectos hayan sido revisados por estas entidades.
Por su parte, los colegios profesionales deberán actuar con criterios de imparcialidad, confidencialidad e independencia, además de comunicar al Consistorio los informes desfavorables y las posibles infracciones urbanísticas que detecten durante sus actuaciones.
El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años
El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años desde su firma y podrá prorrogarse, por unanimidad de las partes, durante un periodo adicional de hasta otros cuatro años.
También se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y de los colegios profesionales, que se reunirá al menos una vez cada seis meses para evaluar el desarrollo de los trabajos y el funcionamiento de la colaboración
El Ayuntamiento plantea reducir las tasas de determinados trámites
Enrique Catalina ha avanzado que la puesta en marcha del convenio requerirá una modificación de la Ordenanza Fiscal número 20, reguladora de las tasas por actuaciones urbanísticas, que será elevada al Pleno municipal.
La modificación permitirá establecer una reducción de las tasas correspondientes a solicitudes de licencias o declaraciones responsables de obra cuyos proyectos hayan sido revisados a través de los colegios profesionales incluidos en el acuerdo.
"El objetivo es facilitar que los proyectos puedan avanzar con mayor rapidez y seguridad, reduciendo tiempos y cargas administrativas para ciudadanos y profesionales, y favoreciendo al mismo tiempo la actividad económica y la ejecución de nuevas actuaciones en Granada", ha concluido Catalina.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende mejorar la eficiencia de la gestión urbanística y facilitar la tramitación de nuevos proyectos de edificación, manteniendo la supervisión y las competencias que corresponden a la Administración municipal.
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