Granada aprueba inicialmente una nueva ordenanza para agilizar las licencias urbanísticas
La normativa contempla la colaboración voluntaria de colegios profesionales y entidades certificadoras, establece un plazo general de tres meses para resolver licencias y simplifica los procedimientos administrativos
El Ayuntamiento de Granada ha aprobado inicialmente este lunes, en la Comisión de Urbanismo, la nueva Ordenanza Municipal de Medios de Intervención Administrativa sobre la Actividad de Edificación, una normativa con la que el equipo de gobierno pretende agilizar la concesión de licencias urbanísticas, reducir los trámites administrativos y facilitar el desarrollo de proyectos de construcción en la ciudad.
Según ha informado el Consistorio, el nuevo texto actualiza la ordenanza aprobada en 2022 para adaptarla al Reglamento General de desarrollo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobado en noviembre de aquel año.
La revisión incorpora mecanismos de colaboración técnica, reorganiza los procedimientos municipales y establece nuevas disposiciones para la tramitación, supervisión e inspección de las actuaciones urbanísticas.
Colaboración con colegios profesionales y entidades certificadoras
Una de las principales novedades es la posibilidad de que colegios profesionales y Entidades Urbanísticas Certificadoras participen voluntariamente en la comprobación documental y verificación técnica de los proyectos.
Para ello, la ordenanza regula dos instrumentos: el Certificado de Verificación Documental, destinado a comprobar que los expedientes incluyen toda la documentación exigida, y el Informe Técnico de Cumplimiento Urbanístico, que permitirá verificar la adecuación de los proyectos a la normativa aplicable.
El Ayuntamiento sostiene que esta colaboración contribuirá a acelerar los procedimientos, aunque precisa que mantendrá sus competencias de supervisión, comprobación e inspección.
Esta medida ha generado críticas del Grupo Municipal Socialista, que ha anunciado su voto en contra de la aprobación inicial al considerar que supone una "privatización encubierta" de funciones técnicas municipales. El PSOE también ha avanzado que presentará alegaciones al texto.
Un plazo general de tres meses para resolver las licencias
La nueva regulación diferencia los procedimientos de intervención municipal en función de las características de cada actuación, distinguiendo entre licencia urbanística, declaración responsable y comunicación previa.
Además, establece un plazo máximo general de tres meses para resolver las solicitudes de licencia, sujeto a las condiciones y particularidades previstas en la legislación vigente.
Entre las medidas de simplificación administrativa figuran la utilización de formularios normalizados, la presentación electrónica de documentación en los supuestos establecidos y la posibilidad de tramitar bajo un único expediente las actuaciones relacionadas con un mismo inmueble.
La ordenanza también regula las consultas de viabilidad técnica, los informes escritos y los certificados urbanísticos, además de establecer mecanismos para unificar criterios ante posibles discrepancias técnicas o jurídicas.
Nuevas reglas para las modificaciones durante las obras
Otra de las novedades afecta a los cambios que pueden producirse durante la ejecución de los proyectos de edificación.
La normativa diferencia entre ajustes de obra, modificaciones no sustanciales y modificaciones sustanciales, determinando qué actuaciones pueden incorporarse a la inspección final, cuáles pueden tramitarse mediante declaración responsable y cuáles necesitan una nueva licencia o un proyecto de legalización.
Con esta clasificación, el Ayuntamiento pretende aportar mayor seguridad jurídica a promotores, profesionales y técnicos municipales.
En materia de inspección, el texto establece la obligación de comunicar determinados momentos de la ejecución de las obras con diez días de antelación, para facilitar su supervisión por parte de los servicios municipales.
Un registro para controlar andamios, grúas y contenedores
La ordenanza contempla también la creación de un registro municipal de empresas propietarias de medios auxiliares, como andamios, grúas y contenedores.
El objetivo es mejorar el control de su instalación y retirada, así como facilitar el seguimiento de los posibles daños que puedan ocasionar en el espacio público.
Asimismo, la revisión reduce de ocho a cinco los anexos de la ordenanza, que recogerán la documentación necesaria para los distintos procedimientos, las fianzas y garantías, los carteles informativos de obras, las autorizaciones para pinturas murales y las actuaciones vinculadas a la eficiencia energética y las instalaciones de autoconsumo renovable.
Tras su aprobación inicial en la Comisión de Urbanismo, la nueva ordenanza deberá continuar su tramitación administrativa antes de obtener la aprobación definitiva y entrar en vigor.
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