Granada inaugura oficina jurídica gratuita para asesorar en ocupación ilegal de viviendas
Marifrán Carazo asegura que esta oficina nace con el objetivo de "garantizar que ningún vecino se sienta desprotegido y estar al lado de los ciudadanos"
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado esta mañana la Oficina Municipal para el Asesoramiento y Apoyo Jurídico ante la Ocupación Ilegal de Viviendas (O.V.), un servicio pionero en la ciudad que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales.
La oficina, situada en la sede del Colegio de Abogados de Granada en Cárcel Alta, está formada por un centenar de abogados especializados que atenderán a los ciudadanos todos los martes de 10:00 a 12:00 horas, con cita previa que puede solicitarse a través de la plataforma web del Colegio de Abogados.
El objetivo principal de esta iniciativa es informar sobre los procedimientos legales, tanto judiciales como extrajudiciales, para lograr el desalojo, además de orientar sobre medidas preventivas para proteger los inmuebles.
La alcaldesa subrayó que esta acción responde a la necesidad de “estar al lado de los granadinos que ven vulnerado su derecho a la propiedad” y fortalecer la convivencia ciudadana.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2024 la provincia de Granada registró 183 denuncias por allanamiento o usurpación, un aumento del 30% respecto a 2023 y más del triple que en 2010.
Estas cifras evidencian la creciente problemática que afecta a la seguridad y bienestar familiar, motivo por el cual el Ayuntamiento ha considerado imprescindible ofrecer una herramienta práctica y accesible para la defensa jurídica.
El decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, destacó la especialización del servicio, garantizando a los usuarios un apoyo legal adecuado para actuar con seguridad y recuperar sus propiedades. Además, la alcaldesa recordó que la Policía Local ya elabora una guía informativa para prevenir la ocupación ilegal, que incluye consejos como evitar la sensación de vivienda vacía, instalar sistemas de seguridad y avisar a la policía ante movimientos sospechosos.
Con esta medida, Granada se posiciona a la vanguardia en la protección de los derechos de sus vecinos, combinando respaldo institucional y asesoramiento experto para afrontar un problema que trasciende la propiedad privada y afecta la convivencia social en la ciudad.
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