Investigan como posibles delitos de lesa humanidad los fusilamientos en el Barranco de Víznar
Las sucesivas campañas han permitido recuperar hasta la fecha a 124 víctimas
La Fiscalía de Granada investiga como posibles delitos de lesa humanidad el fusilamiento de 49 personas cuyos restos fueron exhumados entre 2021 y 2022 en fosas comunes en el Barranco de Víznar (Granada), donde las sucesivas campañas han permitido recuperar hasta la fecha a 124 víctimas.
La Fiscalía ha tomado esta decisión a través de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, a raíz de la documentación remitida hace unos meses a la Unidad Especializada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática por el responsable de los trabajos en el Barranco de Víznar, el profesor Francisco Carrión, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.
El material se refiere a la exhumación, entre 2021 y 2022, de siete fosas en las que fueron exhumados 49 cuerpos, de los que 24 eran mujeres y 25 hombres con edades comprendidas entre los 36 y los 42 años. Todos ellos llevaban vestimenta propia de la primera mitad del siglo XX, presentaban signos de muerte violenta y casi en su totalidad tenían evidencias de traumatismos por arma de fuego.
Fueron recuperados en enterramientos comunes, "con ausencia de ritual funerario y compatible con enterramientos clandestinos en un contexto violento". De acuerdo con los estudios históricos, antropológicos y sociológicos incluidos en las memorias científicas aportadas por este equipo, se determina que los restos podrían corresponder a víctimas de "desapariciones forzadas y asesinatos" cometidos en el contexto de la represión sufrida por la población granadina como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La Fiscalía mantiene que los hechos investigados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad.
La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron violaciones de los derechos humanos con ocasión de la Guerra Civil y de la Dictadura; y en caso de muerte o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y su paradero.
Todo ello, durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
Por todo ello, en el decreto se ha acordado la incoación de diligencias de investigación preprocesal por este asunto, a la espera de la finalización de los informes periciales llevados a cabo en el Proyecto de Excavaciones Arqueoforenses realizado en el Barranco de Víznar, donde actualmente se está impulsando la cuarta campaña de exhumaciones.
Estas dos son las primeras víctimas a las que se les ha podido dar nombre y apellido, casi 90 años después de su asesinato, gracias al cotejo de ADN
Gil Bracero ha incidido que estas fosas se encuentran en un paraje en pleno monte y se debe garantizar la excavación, exhumación y posterior identificación
