IU reclama a Diputación "apoyo" a la ley andaluza contra el acoso escolar
La formación pide respaldar la proposición de ley registrada por Por Andalucía y reclama más recursos para prevenir, detectar y atender el acoso y el ciberacoso
Izquierda Unida ha presentado una moción en la Diputación de Granada para que la institución provincial manifieste su apoyo a la Proposición de Ley sobre acoso y ciberacoso escolar registrada por su grupo parlamentario en el Parlamento andaluz y reclame a la Junta de Andalucía los recursos necesarios para desarrollar una respuesta integral ante estas situaciones.
La iniciativa plantea abordar el acoso escolar y el ciberacoso como formas de violencia que afectan, según IU, al bienestar, la seguridad, la salud emocional y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. La formación defiende avanzar desde un modelo centrado en actuar cuando el daño ya se ha producido hacia otro que priorice la prevención, la detección temprana, la protección de las víctimas y el seguimiento.
La diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha señalado que el acoso escolar no debería abordarse únicamente después de producirse el daño y ha defendido la necesidad de garantizar respuestas rápidas, coordinadas y dotadas de recursos suficientes.
Pérez también ha advertido de que la extensión de las nuevas formas de comunicación digital ha ampliado los espacios en los que pueden producirse situaciones de acoso, por lo que, según ha defendido, también deben reforzarse las herramientas de prevención y protección de menores.
Protocolos y apoyo a las víctimas
La moción respalda la proposición de ley registrada por Por Andalucía en el Parlamento andaluz, que plantea establecer un marco integral de prevención, detección, protección e intervención frente al acoso y el ciberacoso.
Entre las medidas contempladas figuran el refuerzo de los protocolos de actuación, la creación de canales seguros de comunicación y denuncia, planes individualizados de recuperación para las víctimas, medidas educativas y restaurativas, formación de profesionales y una mayor coordinación entre las distintas administraciones.
IU reclama además que cualquier nuevo marco legislativo vaya acompañado de recursos humanos, materiales y económicos suficientes. En concreto, plantea reforzar los servicios de orientación educativa, los recursos especializados de apoyo psicológico y socioeducativo y las funciones de las personas coordinadoras de bienestar y protección.
“Las leyes son necesarias, pero no suficientes si no van acompañadas de profesionales, medios y tiempo para atender cada caso”, ha afirmado Mari Carmen Pérez, que ha defendido que la protección de los menores no dependa de los recursos disponibles en cada centro educativo ni del conocimiento que tengan las familias sobre los mecanismos de ayuda.
Papel de ayuntamientos y diputaciones
La formación también reivindica un papel activo de las administraciones locales en las políticas de prevención, especialmente a través de los servicios sociales comunitarios, las políticas de juventud e igualdad, los programas educativos y de ocio y la colaboración con las familias y la comunidad educativa.
La moción propone reforzar las actuaciones municipales de prevención y sensibilización mediante iniciativas relacionadas con la educación emocional, la convivencia positiva, el uso responsable y seguro de las tecnologías y la prevención de cualquier forma de violencia o discriminación.
Para Pérez, las administraciones locales también tienen responsabilidad en esta materia y ha defendido que la Diputación trabaje conjuntamente con los ayuntamientos, los centros educativos, las familias y las entidades sociales para favorecer entornos seguros y protectores y evitar que los menores afronten en soledad situaciones de acoso.
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