IU se abstiene en el plan de VPO de la Diputación y critica la cesión de suelo público a promotoras privadas
La formación considera que el modelo aprobado no resuelve el problema del acceso a la vivienda y reclama una apuesta decidida por el alquiler social
El Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada se ha abstenido en la votación del nuevo plan de construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante el Pleno Extraordinario celebrado este martes, al considerar que la iniciativa no afronta las causas estructurales de la crisis de acceso a la vivienda y mantiene un modelo que favorece la participación de empresas privadas mediante la cesión de suelo público.
La formación ha explicado que su posición no supone un rechazo a la construcción de nuevas viviendas protegidas, sino una discrepancia con el modelo de gestión planteado por el equipo de gobierno provincial. Según IU, el plan carece de la ambición necesaria para responder a la actual situación de emergencia habitacional que afecta a numerosos municipios de la provincia.
Desde la organización consideran que las instituciones públicas deben priorizar políticas orientadas al alquiler social y a la promoción de vivienda pública asequible para la clase trabajadora y la juventud, colectivos que, a su juicio, están siendo expulsados del mercado inmobiliario por el incremento de los precios, la especulación y el crecimiento de las viviendas turísticas.
La diputada provincial y coordinadora de Izquierda Unida en Granada, Mari Carmen Pérez, defendió la abstención de su grupo al entender que el proyecto aprobado favorece un modelo centrado en la venta de viviendas y en la participación de promotoras privadas.
"Nos abstenemos porque no podemos avalar un plan de vivienda que utiliza el patrimonio y los recursos de todas y todos los granadinos para seguir engrasando la maquinaria de la construcción privada, en lugar de garantizar un derecho que es constitucional", afirmó la dirigente provincial.
IU sostiene que la construcción de VPO bajo fórmulas enfocadas mayoritariamente a la venta puede derivar en precios que siguen siendo inaccesibles para buena parte de la población. En este sentido, la formación alerta de que algunas promociones podrían alcanzar importes cercanos a los 250.000 euros, una cifra que consideran alejada de las posibilidades económicas de muchos trabajadores.
Durante su valoración del acuerdo, Pérez también cuestionó el reparto previsto dentro del proyecto, asegurando que la Junta de Andalucía recibirá parte de las viviendas resultantes como contraprestación por la cesión del suelo, una circunstancia que, según la formación, repercute en el coste final del resto de inmuebles.
La portavoz provincial insistió además en que el suelo público debe mantenerse como una herramienta estratégica al servicio de los ayuntamientos para afrontar futuras necesidades sociales. "Si desde la Diputación descapitalizamos nuestro suelo público cediéndolo, estaremos desarmando a nuestros ayuntamientos para afrontar futuras emergencias. La vivienda tiene que cumplir una función social estricta y permanente", señaló.
Izquierda Unida ha anunciado que continuará ejerciendo una oposición crítica pero propositiva en materia de vivienda y ha reiterado su apuesta por un modelo basado en el fortalecimiento del parque público residencial, el impulso al alquiler asequible y la protección del derecho a la vivienda frente a las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario.
La formación reclama actuar ante las altas temperaturas que soportan menores y trabajadores en las instalaciones municipales durante el verano
