Izquierda Unida rechaza la autovía VAU-05 y anuncia alegaciones contra un proyecto que considera “destructor” para la Vega de Granada
La formación defiende una red de transporte público metropolitano basada en carriles reservados y sistemas BRT frente a la construcción de nuevas infraestructuras viarias.
Izquierda Unida Granada ha mostrado su oposición frontal al anteproyecto de la VAU-05, la nueva autovía prevista para conectar los municipios de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias, cuyo trámite de evaluación ambiental se encuentra actualmente en fase de información pública. La formación considera que esta infraestructura, valorada en unos 40 millones de euros, supondría un grave impacto sobre la Vega de Granada y responde a un modelo de movilidad “obsoleto, especulativo e insostenible”.
Desde la organización de izquierdas sostienen que la construcción de nuevas autovías no resolverá los problemas de tráfico del área metropolitana y, por el contrario, agravará la presión sobre uno de los espacios agrícolas y medioambientales más valiosos de la provincia.
“Izquierda Unida siempre ha defendido que la solución al transporte metropolitano de Granada no pasa por seguir llenando la Vega de autopistas”, han señalado desde la formación, que insiste en la necesidad de apostar por alternativas de movilidad sostenibles y compatibles con la conservación del territorio.
La organización considera que la experiencia demuestra que el aumento de infraestructuras viarias genera un incremento de los desplazamientos en vehículo privado y, en consecuencia, nuevos problemas de congestión. “La ciudadanía se ha dado cuenta de que cuantas más autovías se construyen, hay más atascos, no menos”, sostienen.
Por ello, IU Granada rechaza el modelo que, a su juicio, representa la VAU-05 y critica que el proyecto se presente como un corredor verde cuando, según afirman, implicaría una nueva ocupación de suelo agrícola y una mayor fragmentación de la Vega.
Como alternativa, la formación plantea una estrategia centrada en el fortalecimiento del transporte público metropolitano mediante la creación de una red coordinada de carriles reservados y sistemas de alta capacidad.
En concreto, Izquierda Unida apuesta por la implantación de sistemas BRT (Bus Rapid Transit o Autobús de Tránsito Rápido), una fórmula que permitiría mejorar la velocidad y eficacia del transporte colectivo aprovechando gran parte de las infraestructuras existentes.
Según la organización, el objetivo debe ser otorgar prioridad absoluta al transporte público para convertirlo en una alternativa más eficiente y competitiva que el vehículo privado. Para ello, consideran fundamental optimizar los recursos ya disponibles en lugar de destinar nuevas inversiones a la construcción de carreteras.
La formación también ha cuestionado los intereses que, a su juicio, existen detrás de este tipo de actuaciones. Desde IU sostienen que los principales beneficiarios de la construcción de nuevas infraestructuras viarias son las grandes empresas del sector de la obra pública y no la mayoría de la ciudadanía.
En este sentido, defienden que las necesidades reales de las familias granadinas pasan por mejorar las conexiones de transporte público, reducir los tiempos de desplazamiento y proteger al mismo tiempo el valor agrícola, patrimonial y ecológico de la Vega de Granada.
La diputada provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha asegurado que la formación mantendrá una posición activa contra el proyecto durante todo el proceso administrativo. “No nos quedamos en la simple queja; elevaremos alegaciones y nos opondremos en las calles a esta deriva destructora de nuestra Vega”, ha afirmado.
Con este posicionamiento, Izquierda Unida se suma al debate abierto sobre el futuro de la movilidad metropolitana en Granada y reclama que las inversiones públicas se orienten hacia modelos de transporte más sostenibles y respetuosos con el territorio.
El certamen, que se celebra en el Teatro Dengra, reúne a 27 agrupaciones y repartirá 24.000 euros en premios
El sindicato advierte de que la escasez de trabajadores está afectando a la salud laboral de la plantilla y deteriorando la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía
