La Junta autoriza la disolución del Consorcio de Transporte de Mercancías de Guadix
Este ente instrumental, que se constituyó en 1999 por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento accitano, ya había cumplido los fines para los que había sido creado en 2003
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a que inste a la disolución del Consorcio Centro de Transporte de Mercancías de Guadix (Granada).
Este ente instrumental, que se constituyó en 1999 por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento accitano, ya había cumplido los fines para los que había sido creado en 2003 y, desde entonces, no se han realizado más actuaciones ni aportaciones por parte de la Administración autonómica, según informa la Junta.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula con carácter básico las causas y el procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio, los efectos de su ejercicio, así como la disolución del consorcio.
Esta ley aclara que los propios estatutos del consorcio establecen el procedimiento y las causas de disolución. Los estatutos del Consorcio recogen como causa de disolución que se encuentre sin actividad.
En ese sentido, la Junta entiende como causa de justificado interés público el hecho de que desde 2003, año en el que finalizaron las obras de urbanización del Centro de Transportes de Mercancías, no se haya realizado ninguna actuación que haya dado continuidad a la ejecución de lo dispuesto en el convenio.
Por otro lado, la Ley 2/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías, recoge en su disposición adicional primera una relación de los centros de transporte de mercancías considerados de interés autonómico, sin incluir al Centro de Transportes de Mercancías de Guadix, lo que justifica aún más a juicio del Gobierno andaluz la necesidad de que se disuelva el consorcio.
Este trámite para autorizar la disolución cuenta con los informes favorables de la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior; de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y de la Dirección General de Presupuestos, de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
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