PSOE denuncia "ataque frontal" a las escuelas municipales de Granada tras recorte de casi 600.000 euros
Raquel Ruz acusa al Ayuntamiento de "sacar cuentas para tapar agujeros"
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha calificado este lunes de “ataque frontal a las escuelas municipales” y de “auténtico atropello” la decisión del gobierno local liderado por la alcaldesa Marifrán Carazo de reducir unilateralmente la aportación municipal a la Fundación Pública Local Granada Educa en 597.500,05 euros. La medida se adoptó sin conocimiento ni aprobación previa del Consejo de Patronos, órgano rector de la fundación.
Ruz criticó la gestión del equipo de gobierno del PP, al que acusó de “saquear las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos generados por sus malas decisiones y parcheos presupuestarios”. El recorte equivale a más de un cuarto del presupuesto total de la entidad, lo que aboca a la fundación a un déficit presupuestario.
Ante la noticia, el Grupo Socialista ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo de Patronos para exigir explicaciones inmediatas y analizar el impacto económico y el efecto sobre los fines fundacionales de Granada Educa, reclamando formalmente que se deje sin efecto la minoración.
Ruz denunció que, desde la llegada de Carazo, patronos, familias y profesorado han alertado sobre la falta de actualización presupuestaria que no contempla el incremento anual necesario, poniendo en riesgo la estabilidad de un modelo educativo de excelencia reconocido a nivel nacional.
Según la portavoz, esta reducción económica pone en peligro la calidad y continuidad del servicio educativo que presta la Fundación, dirigido a niños de 0 a 6 años, y afecta directamente a familias y profesionales. Por su parte, el equipo de gobierno justificó la medida alegando que se utilizan “sobrantes” para cubrir partidas de transporte y nóminas, y aseguró que en enero de 2026 se retomará la aportación regular.
La falta de consenso y comunicación ha generado rechazo y protestas en la comunidad educativa y política, que exigen al Ayuntamiento reconsiderar la decisión y garantizar el mantenimiento de las escuelas infantiles públicas de Granada.
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