Quiero Maracena exige el cese de la exalcaldesa Berta Linares tras su imputación por prevaricación

El grupo municipal Quiero Maracena ha exigido este miércoles el cese inmediato de la exalcaldesa socialista Berta Linares como asesora en el Ayuntamiento de Maracena, tras conocerse que deberá declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación durante su gestión. La causa, que investiga el juzgado de Instrucción número 9 de Granada tras una denuncia del propio grupo, se centra en la adjudicación y puesta en funcionamiento presuntamente irregular de una gasolinera en el municipio.

La Guardia Civil, además, ha investigado por orden judicial el patrimonio de Linares y su entorno, detectando operaciones "susceptibles de blanqueo de capitales", como la adquisición de inmuebles con pagos en efectivo o la compra de vehículos de alta gama. El concejal de Quiero Maracena, Miguel Ángel Fernández Martínez, ha criticado la contratación de Linares como asesora y ha reclamado su cese ante la investigación judicial abierta contra ella.

Fernández Martínez también ha exigido explicaciones a los socios de gobierno, IU y Maracena Conecta, recordándoles que entraron para regenerar la política, y ha defendido la "posición coherente y sostenida" de su grupo contra la corrupción, asegurando que mantendrán su papel de acusación y promoverán todas las diligencias necesarias para que los hechos se investiguen hasta el final. El edil ha subrayado que la obligación de los representantes públicos es proteger el patrimonio municipal y evitar que las instituciones sirvan a intereses particulares.

Asimismo, ha reconocido el trabajo "serio y perseverante" de la Guardia Civil, la Fiscalía y el juzgado, y ha recordado que Linares declarará como investigada el próximo 29 de enero, día en el que también lo harán como testigos dos técnicos municipales y la exconcejala de Urbanismo Vanessa Romero. 

Cabe destacar que Romero fue presuntamente secuestrada en 2023 por la entonces pareja sentimental de Linares, quien está procesado por este asunto y enfrenta una petición fiscal de ocho años de prisión en un juicio previsto para febrero.