Suspendido definitivamente el procedimiento de contratación del servicio de Ayuda a Domicilio en Granada
Tras la impugnación de UGT el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada, ha dictado Resolución definitiva de fecha 11 de febrero
Tras la impugnación realizada por UGT Granada, del “Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad de Granada, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada, ha dictado Resolución definitiva de fecha 11 de febrero (ya dictó una provisional el pasado 14 de octubre), por la que se acuerda la suspensión definitiva del procedimiento, y se tiene en cuanta la pretensión sindical de que se corrijan los pliegos administrativos, en el sentido de impedir que causen perjuicios a los intereses afectados.
Desde el Sindicato se muestra su satisfacción por esta Resolución, ya que los pliegos impugnados establecían unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales. En concreto, recuerdan, establecían un precio del servicio de 13€/hora, cuando el mínimo debería ser de 14,60€/hora (IVA incluido), ya que de otra forma no se iba a garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo. Y eso, sin incluir en esos 14,60€ las cantidades correspondientes a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, que deberían sumarse a esa cantidad, tal y como recoge la Ley de Contrato del Sector Público (LCSP).
UGT aclara que el hecho de que se suspenda el procedimiento de contratación no supone ni que el servicio vaya a dejarse de prestarse a los usuarios en las mismas condiciones, ni que los trabajadores vayan a ver mermados sus derechos laborales y salariales actuales.
Así, desde el Sindicato se aclara que no se ha pedido que se suprima la licitación, sino que se rectifiquen los pliegos del contrato, como así recoge la Resolución; y ello, por considerar que tal y como estaban redactados, podían vulnerar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores durante la ejecución del contrato, así como el mantenimiento del empleo.
UGT espera que en la nueva redacción de los pliegos de este contrato administrativo se tenga en cuenta lo establecido en el del Convenio Colectivo de aplicación, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, ya que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía. Lo que hay que promover, se afirma, es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria.
Han anunciado movilizaciones a partir del día 26 de junio ante la "pasividad" de Atende,
