VOX denuncia ante Anticorrupción un presunto bloqueo de la liquidación de la empresa pública EPSI Íllora
Francisco Palma acusa al equipo de gobierno del PSOE de impedir durante años el pago de deudas reconocidas judicialmente a vecinos afectados por promociones de vivienda
El portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Íllora, Francisco Palma, ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa al actual equipo de gobierno del PSOE de mantener durante años un presunto bloqueo deliberado de la liquidación de la empresa pública EPSI Íllora S.A.U.
Según ha explicado Palma, esta situación habría impedido el pago de deudas reconocidas judicialmente a varios vecinos del municipio que entregaron cantidades económicas para adquirir viviendas promovidas por dicha empresa pública y que, casi dos décadas después, continúan sin recibir ni las viviendas comprometidas ni la devolución de su dinero.
La denuncia recoge que las familias afectadas realizaron estos pagos a partir del año 2007 y que, pese a existir resoluciones judiciales firmes que reconocen su derecho al cobro, los acuerdos alcanzados para devolver las cantidades fueron incumplidos de manera sistemática.
Asimismo, el escrito señala que los afectados se han visto obligados a iniciar múltiples procedimientos judiciales que no han dado resultado debido, según sostiene VOX, a la inexistencia de bienes suficientes en la sociedad pública.
Francisco Palma sostiene además que el propio Ayuntamiento ha reconocido en distintas ocasiones, tanto en sede judicial como en el Pleno municipal, la existencia de estas deudas sin que hasta la fecha se haya culminado el proceso de liquidación de la empresa ni se haya procedido al pago a los acreedores.
Entre los hechos denunciados, VOX destaca la supuesta paralización deliberada de la liquidación de EPSI Íllora S.A.U., señalando la ausencia de documentación esencial como libros de actas, balances o inventarios, así como la falta de un órgano liquidador durante largos periodos de tiempo.
La denuncia también hace referencia a la tramitación de la baja del CIF de la empresa sin haber concluido previamente su liquidación, una circunstancia que, según el escrito presentado, habría impedido el cumplimiento de las obligaciones económicas con los vecinos afectados.
Para Francisco Palma, estos hechos podrían ser constitutivos de delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y frustración de la ejecución, dentro de una actuación continuada que, a juicio de VOX, habría perjudicado tanto a las familias afectadas como al interés general del municipio.
“No estamos ante un simple retraso administrativo, sino ante una posible estrategia sostenida de dilación y bloqueo que ha dejado a familias de Íllora sin vivienda y sin su dinero durante años”, ha afirmado el portavoz municipal, quien también ha defendido la necesidad de “depurar responsabilidades y garantizar que los vecinos recuperen lo que legítimamente les corresponde”.
En relación con la política de vivienda, Palma ha defendido que el acceso a una vivienda en propiedad debe volver a convertirse en “una prioridad nacional”, apostando por facilitar la construcción, reducir trabas administrativas y mejorar el acceso a financiación para jóvenes y familias.
Un grupo procedente de Dinamarca y Países Bajos ha visitado el municipio dentro de una acción impulsada para reforzar el posicionamiento de la Costa Tropical como destino de turismo activo y sostenible
