Detenido un empresario acusado de explotar laboralmente a un matrimonio venezolano en situación irregular

La Policía Nacional sostiene que captó a las víctimas aprovechando su vulnerabilidad y las sometió a jornadas de hasta 16 horas diarias

Redacción  |  5 de junio de 2026
Agente de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL)
Agente de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un empresario de 36 años como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores tras una investigación que destapó una supuesta trama de explotación laboral a un matrimonio venezolano en situación irregular en España.

La actuación fue llevada a cabo por agentes del Grupo UCRIF I de Granada en colaboración con la UCRIF Central. Según la investigación, el arrestado, responsable de varios negocios en una localidad de la comarca de Huéscar, habría captado a las víctimas aprovechándose de su situación de especial vulnerabilidad para emplearlas en condiciones laborales precarias y sin la correspondiente autorización de residencia y trabajo.

 

La investigación se inició tras la denuncia presentada por los afectados a través del teléfono especializado en la lucha contra la trata de seres humanos. En ella relataban cómo conocieron al empresario durante un evento de motivación emocional al que acudieron buscando apoyo ante las difíciles circunstancias personales y económicas que atravesaban.

El matrimonio, ambos de 53 años y de nacionalidad venezolana, había llegado a España con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y garantizar atención médica a una hija que padecía una grave enfermedad. Sin embargo, la joven falleció poco después de la llegada de la familia al país. En ese contexto, según la denuncia, el empresario se ofreció a ayudarles proporcionándoles trabajo en varios de sus negocios.

De acuerdo con el relato de las víctimas, el empleador les prometió un salario de 1.200 euros mensuales para cada uno, además de alojamiento y manutención gratuitos y la posibilidad futura de regularizar su situación administrativa mediante un contrato de trabajo. Tras aceptar la propuesta, se trasladaron a la localidad donde comenzaron a trabajar al día siguiente.

Sin embargo, la realidad resultó muy diferente a la ofertada. Según la Policía Nacional, la pareja realizaba jornadas laborales de hasta 16 horas diarias todos los días de la semana. Cuando recibieron su primer salario comprobaron que la cantidad abonada era inferior a la prometida, situándose en torno a los 1.000 euros mensuales, además de sufrir descuentos por el alojamiento.

La investigación también señala que la mujer vio reducido su sueldo a la mitad en algunas ocasiones tras ausentarse por agotamiento físico, sin disponer de los derechos laborales asociados a una baja médica. 

Además, ambos compartían empleo con otra pareja de extranjeros centroamericanos que, presuntamente, se encontraba en una situación administrativa similar.

Tras verificar las declaraciones de los denunciantes y recabar los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención del empresario por supuestamente haber captado y trasladado a estas personas con fines de explotación laboral.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales previos, ya ha prestado declaración y ha quedado a disposición judicial con la obligación de comparecer ante la autoridad competente cuando sea requerido. La investigación continúa abierta.

 
 
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