Piden casi cinco años de prisión para dos acusados de cultivar más de 400 plantas de marihuana en una casa okupa
La Fiscalía también les imputa tráfico de drogas y defraudación eléctrica tras hallar MDMA, ketamina y un enganche ilegal a la red
La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y nueve meses de prisión para dos acusados de cultivar más de 400 plantas de marihuana y almacenar diversas cantidades de MDMA y ketamina en un gran caserío urbano de Granada capital, que utilizaban como casa okupa.
Según el escrito de acusación provisional, la Guardia Civil mantenía un dispositivo de vigilancia en el entorno del inmueble con el objetivo de localizar a uno de los investigados. Fue el 14 de noviembre de 2024 cuando los agentes lo sorprendieron saliendo de la vivienda, seguido poco después por el segundo encausado.
Ante el fuerte olor a marihuana que emanaba del interior y el ruido constante de los aparatos de climatización, los agentes procedieron al registro del inmueble con autorización judicial. El caserío, de unos 3.000 metros cuadrados de parcela, contaba con dos edificaciones: una principal de unos 300 metros cuadrados y otra secundaria de menor tamaño.
En esta última, los agentes localizaron una estancia destinada íntegramente al cultivo de marihuana, donde encontraron 140 plantas en fase final de crecimiento junto a una infraestructura compuesta por focos halógenos, ventiladores, aire acondicionado y extractores.
En la vivienda principal se descubrieron otras dos habitaciones utilizadas para el mismo fin, con 188 y 106 plantas respectivamente, además de 48 esquejes y todo el equipamiento necesario para su producción.
Asimismo, en una tercera habitación fueron intervenidas distintas sustancias estupefacientes, entre ellas 159,34 gramos de MDMA, 0,82 gramos de ketamina, 115 gramos de cannabis y 836 gramos de hojas de esta planta.
La Fiscalía sostiene que los acusados se dedicaban al tráfico de drogas, cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría los 14.330 euros. Además, las instalaciones eléctricas del caserío estaban conectadas a la red mediante un enganche ilegal, lo que habría causado un perjuicio económico de 879 euros a la empresa suministradora.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal les acusa de un delito contra la salud pública, por el que solicita penas de prisión y una multa de 30.000 euros, así como de un delito leve de defraudación de fluido eléctrico, con una multa adicional de 2.160 euros.
El caso será juzgado próximamente en la Audiencia de Granada.
La Policía Local interceptó al joven en el distrito Norte después de una persecución a pie
La Policía Nacional detiene a una persona tras el fuego originado por sobrecalentamiento en el barrio de La Paz
