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Policía Nacional incoa en lo que va de año diez procesos por infracciones de la Ley de Extranjería

Las infracciones más comunes son las relativas a falsos empadronamientos realizados en Granada y su provincia, requisito previo para solicitar fraudulentamente autorizaciones diversas o cartas de invitación a ciudadanos extranjeros

Redacción | 16 de abril de 2021
Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL)
Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL)

La Policía Nacional ha incoado en Granada, en lo que va de año, diez procedimientos sancionadores por infringir la Ley de Extranjería vigente, oscilando las penas aparejadas, en el caso de las infracciones más lesivas, en multas que van de los 501 a los 100.000 euros.

Igualmente, la incorporación de documentación fraudulenta, como es el caso de empadronamientos simulados, a los expedientes de regularización, puede acabar con la extinción de las autorizaciones de residencia concedidas y obtenidas en fraude de ley, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Una de las conductas ilícitas más comunes llevadas a cabo para infringir la Ley de Extranjería consiste en facilitar el empadronamiento de un ciudadano extranjero en situación irregular por parte de los titulares de una vivienda. Dicha inscripción genera un registro fraudulento en el padrón municipal, siendo el comienzo de una cadena de ilegalidades que pueden derivar no solo en infracciones administrativas sino también en penales.

El empadronamiento simulado puede conllevar multas que van desde los 10.001 a los 100.000 euros, en el caso de cobrar por este acto e independientemente de la cantidad solicitada, cuando se trata de empadronamientos de ciudadanos extranjeros que no residen realmente en el domicilio de la persona que autoriza dicho empadronamiento.

Por otra parte, estos "empadronamientos ficticios" se hallan relacionados en muchos casos con investigaciones de tipo penal, de tal forma que la Brigada de Extranjería y Fronteras a través de la Oficina de Extranjería de Granada puede instar la extinción de autorizaciones de residencia ya concedidas, independientemente de si estas se han conseguido por vía administrativa o contencioso-administrativa.

 
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