El exalcalde de Otura se enfrenta a cinco años de prisión por presunto fraude en la contratación de servicios municipales
Está previsto que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzgue los hechos los próximos días 25 y 26 de junio
El exalcalde de Otura por el Partido Popular, Ignacio Fernández-Sanz, afronta una petición fiscal de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación por un supuesto fraude cometido a finales de 2007 en la tramitación del expediente para la adjudicación del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de dependencias municipales. Según la Fiscalía, estos hechos habrían causado un perjuicio económico al Ayuntamiento de Otura, municipio del área metropolitana de Granada, superior a 250.000 euros.
Junto a Fernández-Sanz serán juzgados otros seis exediles —cinco del PP y tres del Grupo Independiente de Otura— acusados de delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.
La acusación sostiene que los procesados, "de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud", adoptaron acuerdos que permitieron disponer de fondos públicos como si fueran propios. El expediente de contratación, presentado el 21 de noviembre de 2007, fijaba un precio de licitación de 1,6 millones de euros anuales (IVA incluido), pero la Intervención municipal advirtió la falta de consignación presupuestaria y la ausencia de un estudio económico que justificara el coste del servicio. A pesar de estos reparos, la contratación fue aprobada en pleno municipal.
El contrato obligaba al adjudicatario a aportar diversos medios materiales, que debían revertir al Ayuntamiento, y fue rescindido menos de dos años después, en un pleno extraordinario convocado sin los informes preceptivos de Intervención, Secretaría y servicios técnicos. Según la Fiscalía, el exalcalde firmó la resolución del contrato "sin tramitar expediente alguno" y con el objetivo de beneficiar al contratista, reconociendo facturaciones pendientes por más de 2,5 millones de euros y una indemnización por daños de 800.000 euros a la empresa.
El juicio está señalado para los días 25 y 26 de junio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
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