El Supremo obliga a las aseguradoras de Cármenes del Mar a abonar diez millones para reparar la urbanización
La sentencia avala las reclamaciones de propietarios de dos subsectores de la macrourbanización de La Herradura afectados por el deslizamiento del terreno
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha avalado las reclamaciones de propietarios de dos subsectores de la urbanización Cármenes del Mar, en La Herradura, y ha obligado a las compañías aseguradoras de dos de los urbanizadores a abonar las cuantías máximas previstas en sus pólizas de responsabilidad civil, un total de diez millones de euros destinados a las obras de reparación y estabilización del complejo residencial.
La resolución judicial, adelantada este martes por el diario Ideal, estima el recurso de casación presentado por los propietarios de las suburbanizaciones Pueblo de La Herradura y Atarazanas de La Herradura, afectadas desde hace años por la inestabilidad del terreno sobre el que fue construida la urbanización.
En la práctica, la sentencia condena a las aseguradoras a “pagar las cantidades que cubran los costes de las obligaciones de reparación a las que resultaron condenados sus respectivos asegurados”, según recogían las pólizas de seguro, cifradas en seis y cuatro millones de euros respectivamente.
El abogado de los vecinos, Hilario Aranda, ha explicado a Europa Press que las compañías ya consignaron notarialmente estas cantidades en febrero de 2022, aunque de forma condicionada. “Entendimos que no se hacía realmente una consignación judicial y así lo pusimos en nuestra demanda”, ha señalado.
Según el letrado, esta resolución resulta “fundamental” para las comunidades de propietarios afectadas, ya que permitirá disponer de fondos para ejecutar actuaciones de estabilización y reparación que ayuden a frenar el deslizamiento existente en la ladera de Cerro Gordo, donde se ubica la urbanización.
“Este es el inicio de otra serie de procedimientos judiciales que se van a instar contra el resto de las compañías de seguro del resto de los demandados y condenados”, ha avanzado Aranda.
La sentencia del Supremo supone el tercer gran procedimiento judicial impulsado por las comunidades de propietarios de Cármenes del Mar en busca de soluciones. El primero, dirigido contra los responsables de la construcción, terminó con condenas, aunque sin posibilidad efectiva de ejecución debido a la insolvencia de los responsables y a la presentación de concursos empresariales.
El segundo procedimiento, de carácter contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Almuñécar, también concluyó con sentencia condenatoria, aunque posteriormente se dictó un auto de imposibilidad material de ejecución al carecer el consistorio de medios técnicos y económicos para afrontar las reparaciones.
Las obras necesarias para garantizar la estabilidad de la urbanización rondarían entre los 50 y 60 millones de euros, según ha indicado el abogado citando estimaciones del propio Ayuntamiento.
Cármenes del Mar está integrado por más de 400 viviendas distribuidas en siete subcomunidades, aunque la situación más grave afecta precisamente a los dos sectores representados por Aranda. En Pueblo La Herradura existen cerca de 40 viviendas desalojadas por ruina urbanística.
El abogado también ha descrito la situación de tensión permanente que viven muchos residentes debido a la inestabilidad del terreno. “Cuando llueve en Cármenes del Mar, las viviendas se mueven”, ha afirmado, añadiendo que algunos vecinos “han somatizado el estrés” provocado por el deterioro progresivo de sus viviendas y el temor a un posible colapso.
Por último, Aranda ha expresado su deseo de que las aseguradoras cumplan voluntariamente la sentencia para evitar nuevos procedimientos de ejecución judicial.
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