El TSJA declara firme la sentencia que anula la licencia de un edificio de 15 viviendas en Bola de Oro
El Ayuntamiento de Granada y la promotora no recurrieron el fallo que invalida la licencia y dos estudios de detalle por incumplimientos urbanísticos
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado firme la sentencia que anula la licencia de obras de un edificio de 15 viviendas construido en el barrio granadino de Bola de Oro, así como los dos estudios de detalle que amparaban el proyecto, por incumplimiento de la normativa urbanística.
El inmueble, situado en la plaza Puntal de Vacares, se encuentra completamente terminado y sus viviendas ya han sido vendidas. Su construcción provocó las protestas de los propietarios de los edificios colindantes, que denunciaron haber quedado prácticamente encajonados por la proximidad de la nueva edificación y decidieron acudir a los tribunales.
El alto tribunal andaluz les dio la razón el pasado mes de julio. Aunque la resolución podía recurrirse ante el Tribunal Supremo, ni el Ayuntamiento de Granada ni la empresa promotora presentaron recurso dentro del plazo legalmente establecido, por lo que la sentencia ha adquirido firmeza.
Según un decreto dictado a principios de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha ordenado comunicar esta circunstancia al Consistorio y a la promotora para que procedan al cumplimiento de la resolución judicial.
El tribunal también ha acordado publicar la sentencia en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y advierte de que, una vez transcurridos dos meses desde su comunicación, cualquiera de las personas afectadas podrá solicitar su ejecución forzosa.
Irregularidades en el acceso y falta de autorización de la CHG
La sentencia dictada en julio anuló tanto la licencia municipal como los dos estudios de detalle que permitieron la construcción del edificio.
Uno de los principales motivos fue el incumplimiento de la normativa urbanística relativa a la anchura de un vial de acceso, que cuenta con apenas tres metros, una dimensión que no se ajusta a las exigencias legales aplicables.
Además, el tribunal consideró que no se había acreditado la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un requisito preceptivo debido a la proximidad de la construcción al río Genil.
La declaración de firmeza se ha producido después de que la Asociación Plaza Puntal de Vacares, representada por el abogado José Manuel Aguayo Pozo, solicitara al tribunal el cumplimiento íntegro de la sentencia.
Los vecinos pedirán la ejecución forzosa
El letrado de los afectados ha explicado a Europa Press que, una vez transcurrido el plazo legal, solicitarán a la Sala la ejecución forzosa de la resolución.
Su intención es exigir al Ayuntamiento de Granada que detalle las actuaciones concretas que tiene previsto llevar a cabo para cumplir el fallo judicial.
Los vecinos también han advertido de que permanecerán atentos ante cualquier posible modificación del planeamiento urbanístico que pudiera impulsarse para mantener la situación actual del inmueble.
En este sentido, el abogado ha asegurado que no permitirán "fraudes de ley ni maniobras administrativas dirigidas a eludir o vaciar de contenido una sentencia judicial firme".
"Si se intentara utilizar un nuevo instrumento urbanístico con esa finalidad, promoveremos las actuaciones judiciales necesarias para impedirlo", ha señalado.
La ejecución de la sentencia queda pendiente
La firmeza de la resolución supone que la anulación de la licencia y de los estudios de detalle ya no puede combatirse mediante el recurso ordinario previsto, aunque todavía debe determinarse cómo se ejecutará el fallo.
En caso de que se alegara una imposibilidad material o legal de cumplir la sentencia en sus propios términos, correspondería al tribunal examinar esa circunstancia y adoptar la decisión correspondiente.
En ese supuesto, también podrían analizarse las posibles responsabilidades e indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a los propietarios afectados.
Según el abogado de la asociación, ni el Ayuntamiento de Granada ni la promotora se han puesto en contacto con los vecinos desde que se dictó la sentencia, pese a que estos mantienen su disposición a conocer y estudiar posibles soluciones.
Los afectados aseguran que no desean prolongar innecesariamente el conflicto judicial, pero tampoco están dispuestos a aceptar que, después de años de litigio, una sentencia firme quede sin consecuencias prácticas.
Por el momento, el tribunal no ha acordado en esta resolución una medida concreta sobre el edificio construido, cuya situación deberá abordarse durante la fase de ejecución de la sentencia.
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